Cámara de Cuentas audita ocho ayuntamientos de Santiago: qué se investiga

 

Ocho de los diez ayuntamientos y cinco juntas distritales de Santiago están sometidos a procesos de fiscalización correspondientes al período 2016-2024. La información disponible menciona debilidades administrativas y fallas en el seguimiento de obras, pero todavía no identifica responsabilidades individuales ni resultados definitivos para las trece entidades.

Actualización del 5 de agosto de 2026: esta publicación, difundida originalmente el 28 de mayo, fue ampliada para distinguir entre auditorías en curso, observaciones preliminares, denuncias ciudadanas y responsabilidades formalmente establecidas.

SANTIAGO, República Dominicana.— La Cámara de Cuentas de la República Dominicana mantiene procesos de auditoría en ocho de los diez ayuntamientos y cinco juntas distritales de la provincia de Santiago, con el objetivo de revisar el uso de recursos públicos durante períodos comprendidos entre 2016 y 2024.

La presidenta del órgano fiscalizador, Emma Polanco Melo, ofreció la información el 27 de mayo durante un encuentro sobre transparencia y rendición de cuentas con alcaldes y directores distritales de la región Norte.

Las declaraciones publicadas por Diario Libre y elCaribe describen debilidades en los controles administrativos y deficiencias en el seguimiento de obras municipales. Sin embargo, las informaciones no presentan una relación completa de las entidades auditadas, montos cuestionados, funcionarios individualizados o informes definitivos correspondientes a este grupo de auditorías.

¿Qué informó la Cámara de Cuentas?

Polanco explicó que los equipos de la Cámara de Cuentas revisan el manejo de los fondos asignados por el Estado a ocho ayuntamientos y cinco juntas distritales de Santiago.

El período general mencionado abarca los años 2016 a 2024, por lo que las revisiones pueden alcanzar varias administraciones municipales. Esto impide atribuir las observaciones a un alcalde, director distrital o gestión específica sin conocer primero el alcance individual y las fechas incluidas en cada auditoría.

En algunas informaciones periodísticas se utilizó el término “intervenidos”. En este contexto, la expresión se refiere a instituciones sometidas a fiscalización o auditoría y no a la sustitución de sus autoridades ni a la paralización del gobierno municipal.

¿Qué aspectos están siendo revisados?

Entre las situaciones señaladas de manera general durante el encuentro figuran:
Debilidades en los controles administrativos internos.
Deficiencias en la organización y conservación de los soportes financieros.
Obras municipales sin el seguimiento técnico o documental requerido.
Necesidad de mejorar los procesos de rendición de cuentas.
Denuncias ciudadanas relacionadas con el uso de recursos públicos.

Estas observaciones describen áreas de riesgo que deben ser examinadas. Por sí solas no demuestran la existencia de corrupción, desfalco o responsabilidad penal.

Lo que todavía no está establecido

Al cierre de esta actualización, la revisión de los portales y fuentes públicas consultadas por La Voz Nacional no permitió localizar una lista oficial con los nombres de las trece entidades ni los informes finales correspondientes a este bloque de auditorías.

Tampoco se han presentado públicamente, dentro de las informaciones revisadas:
Montos específicos presuntamente afectados.
Obras concretas señaladas por incumplimientos.
Funcionarios o exfuncionarios individualizados.
Resoluciones definitivas de la Cámara de Cuentas.
Sanciones administrativas o decisiones judiciales derivadas de estas revisiones.

Por esa razón, no resulta correcto presentar las declaraciones iniciales como una determinación definitiva de culpabilidad.

Unas 25 denuncias sobre gobiernos locales

La presidenta de la Cámara de Cuentas informó que durante mayo la institución recibió alrededor de 25 denuncias relacionadas con gobiernos locales del país. Parte de estas comunicaciones fueron presentadas por ciudadanos, dirigentes comunitarios y veedores sociales.

Una denuncia constituye información que puede motivar una verificación, investigación especial o auditoría, pero no equivale a una prueba definitiva contra la institución o persona denunciada.

La Cámara de Cuentas recibe estos reportes mediante mecanismos como “La Cámara te escucha”, la Oficina de Acceso a la Información y la plataforma oficial Ojo Ciudadano.

¿Cómo presentar una denuncia documentada?

La plataforma Ojo Ciudadano recomienda incluir la mayor cantidad posible de información verificable:
Nombre de la institución involucrada.
Lugar y fecha aproximada de los hechos.
Descripción clara de la operación cuestionada.
Nombres y cargos de las personas relacionadas, si se conocen.
Documentos, fotografías, videos, grabaciones u otras evidencias.
Información sobre pagos, compras, licitaciones, obras o bienes públicos.
Personas o instituciones que puedan aportar datos adicionales.
Forma en que el denunciante conoció los hechos.

Aportar evidencias facilita la evaluación de la denuncia y reduce el riesgo de difundir acusaciones sin fundamento.

¿Qué sucede después de una auditoría?

El proceso no concluye con la visita de los auditores ni con la identificación inicial de una debilidad administrativa.

Antes de publicar un informe definitivo, la Cámara de Cuentas debe completar las evaluaciones técnicas y legales correspondientes. Las personas e instituciones examinadas también pueden ser notificadas para responder, presentar reparos y entregar documentación complementaria.

Un ejemplo oficial es el informe de auditoría de la Liga Municipal Dominicana, cuya publicación fue precedida por la revisión del Pleno, la notificación de funcionarios y exfuncionarios y el ejercicio del derecho a réplica.

Cuando un informe final contiene indicios de posibles infracciones administrativas o penales, puede ser remitido a las autoridades competentes. Esa remisión tampoco constituye una condena: corresponde al organismo receptor investigar y, si existen elementos suficientes, iniciar el procedimiento establecido por la ley.

Existe un antecedente de auditoría al Ayuntamiento de Santiago

El catálogo institucional de la Cámara de Cuentas registra una auditoría concluida y publicada el 2 de julio de 2025 sobre las informaciones financieras y la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros durante el período 2016-2019.

Ese informe anterior debe considerarse un proceso distinto de las auditorías anunciadas en mayo de 2026. Su existencia no permite afirmar que los mismos hallazgos o conclusiones se aplican automáticamente a las restantes entidades fiscalizadas.

Tecnología para fortalecer la rendición de cuentas

Durante el encuentro también se informó sobre la incorporación de herramientas digitales para agilizar la entrega y supervisión de las ejecuciones presupuestarias municipales.

La digitalización puede facilitar la detección temprana de documentos faltantes, retrasos y diferencias presupuestarias. No obstante, su efectividad dependerá de que los datos sean completos, verificables, presentados oportunamente y accesibles para los organismos de control.

¿Qué información debe vigilar la ciudadanía?

Los próximos pasos relevantes serán:
La identificación oficial de los ayuntamientos y juntas distritales auditados.
El período específico revisado en cada entidad.
La publicación de los informes finales y sus resoluciones.
Las respuestas y documentos presentados por las autoridades examinadas.
Las recomendaciones correctivas emitidas por la Cámara de Cuentas.
Las eventuales remisiones a otros organismos, si existen fundamentos legales.

Hasta que esos documentos sean publicados, debe mantenerse la diferencia entre una auditoría en curso, una denuncia, una observación administrativa y una responsabilidad definitivamente establecida.

Conclusión

Las auditorías representan una oportunidad para determinar si los recursos municipales fueron administrados conforme a la ley y para corregir controles deficientes. También requieren transparencia sobre su alcance, resultados y seguimiento.

La ciudadanía tiene derecho a conocer los informes finales, pero ese derecho debe ejercerse respetando el debido proceso y evitando convertir observaciones preliminares en condenas anticipadas.

Análisis | La Voz Nacional

El elemento más relevante de este caso no es la utilización de palabras como “irregularidades” o “intervención”, sino la necesidad de cerrar la distancia entre el anuncio público de una auditoría y la publicación de resultados verificables.

Los ayuntamientos y juntas distritales administran fondos vinculados directamente con la vida cotidiana: recogida de residuos, mantenimiento de espacios públicos, ordenamiento urbano, mercados, cementerios, caminos y pequeñas obras comunitarias. Una falla en sus controles puede afectar servicios esenciales incluso cuando no exista una conducta penal.

Por ello, las debilidades administrativas no deben minimizarse. La ausencia de expedientes completos, presupuestos correctamente sustentados, cubicaciones, comprobantes o mecanismos de supervisión puede dificultar la fiscalización y crear condiciones favorables para errores, desperdicios o prácticas indebidas. Corregir esas deficiencias también forma parte del propósito de una auditoría pública.

Al mismo tiempo, la fiscalización debe respetar garantías fundamentales. La mención general de ocho ayuntamientos y cinco juntas distritales no permite atribuir responsabilidades a todas sus autoridades. Cada entidad puede tener períodos, hallazgos y respuestas diferentes, y una auditoría que cubre de 2016 a 2024 puede involucrar varias administraciones.

La publicación oportuna de los informes será decisiva. La Cámara de Cuentas debería facilitar documentos comprensibles que indiquen entidad, período revisado, observaciones, respuestas recibidas, recomendaciones, resolución adoptada y seguimiento posterior. Sin esa información, el debate público queda expuesto a especulaciones y acusaciones generales.

Las herramientas tecnológicas pueden ayudar, pero no sustituyen la independencia de los auditores, la calidad de los documentos ni la obligación de explicar los resultados. Un sistema digital solamente fortalece la transparencia cuando los datos son confiables, se actualizan a tiempo y pueden ser examinados por la ciudadanía.

La posición editorial de La Voz Nacional es respaldar una fiscalización firme de los recursos municipales y, simultáneamente, rechazar las condenas anticipadas. Investigar, documentar, permitir respuestas y publicar conclusiones son partes inseparables de una rendición de cuentas legítima.

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Fuentes consultadas

Diario Libre: auditorías a ayuntamientos de Santiago
elCaribe: fiscalización municipal correspondiente a 2016-2024
Ojo Ciudadano: plataforma oficial de denuncias
Cámara de Cuentas: aprobación, publicación y derecho a réplica en un proceso auditor
Dirección de Auditoría de la Cámara de Cuentas