Santo Domingo, RD. — La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que crea la Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en la República Dominicana, denominada “Alerta RD”, una iniciativa que busca fortalecer la respuesta inmediata del Estado ante casos de desapariciones y situaciones de peligro inminente.
La nueva legislación, aprobada tras varias legislaturas y modificaciones realizadas por el Senado, establece un sistema de alertas rápidas para localizar personas desaparecidas mediante la coordinación entre organismos estatales, medios de comunicación, plataformas digitales y la ciudadanía.
El proyecto había sido reintroducido por las diputadas Liz Mieses y Carmen Ligia Barceló, luego de que iniciativas similares perimieran en ocasiones anteriores dentro del Congreso Nacional. La pieza pasará ahora al Poder Ejecutivo para fines de promulgación u observación.
La ley contempla distintos tipos de alertas según la condición de vulnerabilidad de la persona desaparecida. Entre ellas figuran:
- Alerta Amber: destinada a niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
- Alerta Silver: enfocada en adultos mayores.
- Alerta Azul: dirigida a personas con discapacidad.
- Alerta Rosa: para mujeres víctimas de violencia o trata.
Asimismo, la normativa dispone que las alertas puedan activarse de manera inmediata, sin necesidad de esperar 24 horas después de reportada la desaparición, permitiendo así una reacción temprana de las autoridades para evitar daños irreparables.
El nuevo marco legal también crea el Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, organismo adscrito al Ministerio de Interior y Policía, encargado de coordinar políticas de prevención, búsqueda, recuperación y resguardo de personas desaparecidas.
De igual manera, la legislación ordena la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, con el propósito de unificar datos e informaciones entre las distintas instituciones del Estado y facilitar las investigaciones.
Diversos sectores sociales y legislativos han valorado la aprobación de esta ley como un avance significativo para fortalecer la protección ciudadana y agilizar la respuesta institucional en casos de desapariciones, una problemática que ha generado creciente preocupación en la sociedad dominicana en los últimos años.