Sectores judiciales consideran el documento como un intento de presión e intimidación contra jueces y servidores judiciales.
Santiago, República Dominicana.– A pocas horas del paro nacional convocado para este 21 de mayo por jueces, juezas y servidores judiciales en demanda de mejores condiciones laborales y salariales, un comunicado emitido por la Coordinación del Departamento Judicial de Santiago ha generado fuertes cuestionamientos dentro y fuera del sistema de justicia.
El documento, firmado digitalmente por el magistrado Danilo Antonio Tineo Santana, juez coordinador departamental, exhorta a los servidores judiciales de Santiago y Valverde a “no vulnerar al usuario por falta de nuestros servicios” y a canalizar cualquier reclamo “apegados al diálogo y la conciliación”.
Aunque el comunicado evita mencionar directamente el paro nacional convocado para este jueves, distintos sectores interpretan el mensaje como una maniobra institucional orientada a desalentar la participación de jueces y empleados judiciales en la jornada de protesta convocada a nivel nacional.
La circular fue difundida en medio de un ambiente de creciente tensión dentro del Poder Judicial, luego de que asociaciones de magistrados ratificaran el paro tras considerar insuficientes las respuestas ofrecidas por el Consejo del Poder Judicial (CPJ) a sus demandas históricas.
Una protesta que ha escalado a nivel nacional
El paro convocado para este 21 de mayo ya cuenta con el respaldo de cientos de jueces y cerca de 2,000 servidores judiciales, según reportes publicados por medios nacionales. Los convocantes exigen indexación salarial, mejores condiciones de trabajo, pago de suplencias, apertura de vacantes y cumplimiento de compromisos pendientes dentro de la carrera judicial.
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (ADOJUPA) sostuvo que el movimiento no busca perjudicar a la ciudadanía, sino evitar el “colapso” del sistema judicial debido a la sobrecarga laboral, la falta de personal y las renuncias constantes dentro del Poder Judicial.
En ese contexto, el comunicado emitido desde Santiago ha sido visto por algunos actores judiciales como un mensaje institucional que intenta generar presión moral sobre quienes apoyan el paro.
¿Exhortación institucional o mecanismo de intimidación?
La principal crítica que surge frente al comunicado es que coloca sobre los jueces y servidores judiciales la responsabilidad de afectar a los usuarios del sistema, sin reconocer previamente las condiciones laborales que precisamente motivaron la convocatoria a paro.
Diversas voces entienden que el mensaje busca proyectar la protesta como una amenaza contra el servicio público, en lugar de abordar las causas estructurales denunciadas por los propios magistrados durante años.
El documento afirma que “justicia y educación tienen un carácter de servicio público esencial”, una expresión que algunos consideran una forma indirecta de deslegitimar el derecho a la protesta dentro del sistema judicial.
Sin embargo, sectores judiciales recuerdan que el derecho a reclamar condiciones dignas de trabajo forma parte de garantías fundamentales reconocidas constitucionalmente y que las protestas surgen precisamente tras múltiples intentos fallidos de diálogo institucional.
De hecho, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, reconoció públicamente que el conflicto debe resolverse mediante acuerdos reales y no únicamente con llamados al diálogo.
Mientras tanto, el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, afirmó que los jueces han mostrado “la paciencia de Job” frente a años de precariedades, bajos salarios y deficiencias estructurales dentro del sistema de justicia.
Críticas al Consejo del Poder Judicial
La emisión del comunicado también ha intensificado las críticas contra el Consejo del Poder Judicial, órgano que enfrenta crecientes cuestionamientos por el manejo del conflicto.
Jueces y servidores judiciales sostienen que durante años han agotado reuniones, propuestas y comunicaciones institucionales sin obtener respuestas concretas a sus reclamos.
Aunque recientemente el CPJ anunció iniciativas orientadas a mejorar la movilidad judicial y gestionar recursos para suplencias e indexaciones salariales, gran parte de los convocantes considera que las medidas continúan siendo insuficientes y carentes de garantías reales.
La situación ha provocado que el conflicto deje de ser únicamente salarial para convertirse en una discusión mucho más profunda sobre dignidad institucional, independencia judicial y respeto a quienes sostienen diariamente el sistema de administración de justicia.
Un sistema bajo presión
La convocatoria a paro ha colocado al Poder Judicial dominicano en uno de sus momentos de mayor tensión interna de los últimos años.
Más allá de las discusiones salariales, el conflicto expone problemas estructurales acumulados durante décadas:
sobrecarga laboral;
déficit de personal;
tribunales congestionados;
retrasos procesales;
vacantes sin cubrir;
desgaste emocional de jueces y servidores judiciales.
Paradójicamente, mientras el propio sistema reconoce la necesidad de modernización y fortalecimiento institucional, gran parte de quienes lo integran aseguran sentirse abandonados y desprotegidos por las autoridades administrativas del Poder Judicial.
Reflexión editorial
Intentar contener una protesta legítima mediante comunicados institucionales puede terminar profundizando aún más la crisis interna.
Cuando un sistema judicial llega al punto donde jueces y servidores judiciales sienten la necesidad de paralizar labores para ser escuchados, el problema ya no es únicamente presupuestario: es institucional.
La verdadera discusión no debería centrarse en si el paro afecta temporalmente al usuario.
La verdadera pregunta es:
¿qué nivel de deterioro ha alcanzado el sistema judicial para que quienes administran justicia sientan que solo mediante la presión pública pueden lograr respuestas?
Porque detrás del conflicto actual no solo hay reclamos salariales.
Hay agotamiento.
Hay frustración.
Hay años de promesas incumplidas.
Y sobre todo, existe una creciente percepción de que el Consejo del Poder Judicial ha reaccionado tarde frente a una crisis que lleva años desarrollándose silenciosamente dentro de los tribunales dominicanos.