Santo Domingo.– La Cámara de Diputados aprobó en segunda discusión un proyecto de ley que modificaría la actual normativa sobre los estados de excepción en República Dominicana, incorporando sanciones más severas para quienes incumplan las disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo durante estados de emergencia o calamidad pública.
La iniciativa legislativa, propuesta por el diputado Eugenio Cedeño, contempla la aplicación de multas económicas, arrestos temporales, retenciones preventivas y hasta cierres de establecimientos comerciales para ciudadanos y empresas que desacaten restricciones oficiales impuestas durante situaciones extraordinarias como pandemias, desastres naturales o crisis sanitarias.
El proyecto modifica varios artículos de la Ley 21-18 sobre Regulación de los Estados de Excepción, estableciendo por primera vez un régimen sancionador específico y detallado, debido a que la legislación vigente solo hacía referencia general a sanciones “conforme a las leyes existentes”, sin precisar mecanismos concretos de coerción.
Entre las nuevas infracciones contempladas figuran el incumplimiento de toques de queda o restricciones de circulación, la desobediencia a medidas sanitarias y preventivas, la resistencia a órdenes de autoridades y conductas consideradas alteraciones al orden público durante estados excepcionales. El proyecto también clasifica las faltas en leves, graves y muy graves, dependiendo del impacto generado sobre la seguridad ciudadana y la salud pública.
Asimismo, la propuesta otorga facultades operativas adicionales a la Policía Nacional y al Ministerio Público, permitiendo levantar actas de infracción mediante sistemas electrónicos y ejecutar retenciones de personas durante horarios restringidos. En casos de reincidencia, los infractores podrían permanecer detenidos hasta concluir el período de limitación establecido por las autoridades.
En cuanto al sector empresarial, el proyecto establece multas escalonadas según el tamaño de las compañías. Las sanciones podrían duplicarse en caso de reincidencia y derivar incluso en cierres temporales de negocios mientras permanezca vigente el estado de excepción decretado por el Poder Ejecutivo.
La pieza legislativa ahora pasará al Senado de la República para su conocimiento y eventual aprobación definitiva. La propuesta ha generado debates en distintos sectores sociales y jurídicos, donde algunos consideran que fortalece la capacidad del Estado para hacer cumplir medidas extraordinarias, mientras otros advierten sobre posibles riesgos para derechos fundamentales y libertades públicas.