Santo Domingo, RD. — La tensión dentro del sistema judicial dominicano continúa escalando luego de que un grupo de 61 jueces y juezas presentara su renuncia formal, irrevocable e inmediata a la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia (JUDEMO), en medio del conflicto generado por el paro nacional de labores convocado para el próximo 21 de mayo.
La decisión se produce en un contexto de creciente inconformidad entre magistrados de distintas jurisdicciones del país, quienes exigen mejoras salariales, condiciones laborales más dignas, transparencia en los ascensos y una revisión del actual sistema de compensaciones dentro del Poder Judicial. De acuerdo con informaciones que circulan en el sector judicial, más de 230 jueces respaldan la paralización convocada para la próxima semana.
En la carta de renuncia, los magistrados expresaron sentirse profundamente decepcionados por la postura asumida por la directiva de JUDEMO, alegando que la entidad habría desacreditado públicamente las demandas de los jueces sin consultar previamente a sus bases.
Los firmantes sostienen que la asociación dejó de representar los intereses reales de sus afiliados y aseguran que, en vez de apoyar las reivindicaciones del sector, optó por cuestionar y descalificar a quienes reclaman mejores condiciones dentro del sistema judicial dominicano.
El documento, titulado “Por el rescate de la dignidad judicial”, también denuncia lo que califican como una falta de liderazgo frente a problemáticas históricas que afectan a la judicatura, incluyendo retrasos en ascensos, sobrecarga laboral y desigualdad salarial en comparación con otros funcionarios del Estado.
El movimiento de protesta convocado para el 21 de mayo busca llamar la atención de las autoridades sobre la necesidad de transformar las condiciones en las que operan los tribunales del país. Entre los reclamos principales figuran salarios ajustados a la responsabilidad del cargo, más personal de apoyo, mejores infraestructuras y un sistema de promoción basado en méritos y transparencia.
Mientras tanto, sectores del Poder Judicial han reiterado que mantienen abiertos los canales de diálogo, aunque el ambiente interno continúa marcado por divisiones y cuestionamientos entre distintas corrientes de magistrados.
La situación ha generado amplio debate dentro de la comunidad jurídica nacional, debido al impacto que podría tener el paro en el funcionamiento de los tribunales y en el acceso de los ciudadanos a la justicia.
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