Santo Domingo, RD. — El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró en estado de rebeldía a la comunicadora Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida públicamente como “La Torita”, luego de que no compareciera a varias audiencias vinculadas al proceso judicial que enfrenta por presunta difamación e injuria contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
La decisión judicial se produce en medio del proceso iniciado tras una querella presentada por la funcionaria, quien acusa a la imputada de difundir expresiones y contenidos considerados lesivos contra su honor, dignidad e imagen pública a través de plataformas digitales y redes sociales.
De acuerdo con informaciones divulgadas en medios nacionales, la ausencia reiterada de la imputada en el tribunal habría impedido avanzar en posibles acuerdos conciliatorios entre las partes, situación que motivó la adopción de medidas procesales por parte del órgano judicial. El abogado de la ministra, Miguel Valerio, sostuvo que existía disposición de diálogo, aunque señaló que la falta de comparecencia imposibilitó cualquier entendimiento legal.
El expediente forma parte de una serie de acciones legales impulsadas por Faride Raful contra figuras mediáticas y creadores de contenido digital, a quienes acusa de sostener campañas de descrédito mediante publicaciones en redes sociales y plataformas audiovisuales.
En el transcurso del proceso, el Ministerio Público ha solicitado medidas cautelares y garantías económicas, alegando que existen elementos suficientes para continuar las investigaciones bajo supervisión judicial. En procedimientos anteriores relacionados con el mismo caso, tribunales del Distrito Nacional impusieron medidas como presentación periódica, impedimento de salida del país y garantías económicas.
La controversia ha generado amplio debate en la opinión pública sobre los límites de la libertad de expresión, el uso responsable de plataformas digitales y la protección del honor de funcionarios y figuras públicas dentro del marco jurídico dominicano.
El caso continúa en conocimiento de los tribunales mientras las autoridades judiciales evalúan los próximos pasos procesales correspondientes.
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