Santo Domingo, República Dominicana. — El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió la madrugada de este martes su decisión en el juicio de fondo de los casos Coral y Coral 5G, uno de los procesos de corrupción administrativa más trascendentales de la historia reciente del país. El expediente investigó una presunta estructura integrada por altos oficiales militares, policías y civiles, acusada de desviar miles de millones de pesos de instituciones estatales mediante mecanismos ilícitos de enriquecimiento y lavado de activos.
Entre las condenas más severas figura la impuesta al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, quien fue sentenciado a 20 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos del sector público, tras ser declarado culpable de enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial injustificado.
La misma pena fue impuesta al general retirado Juan Carlos Torres Robiou, hallado culpable de delitos similares relacionados con corrupción administrativa y enriquecimiento ilícito.
Asimismo, el tribunal condenó a Rafael Núñez de Aza a 20 años de prisión y al pago de una multa de 400 salarios mínimos del sector público, tras considerarlo responsable de asociación de malhechores, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Por su parte, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida públicamente como “La Pastora Rossy”, fue condenada a 15 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 300 salarios mínimos, luego de que el tribunal estableciera responsabilidad penal en hechos vinculados al incremento patrimonial ilícito.
Otras condenas dictadas en los casos Coral y Coral 5G
La sentencia también alcanzó a otros integrantes de la estructura procesada por el Ministerio Público.
El coronel policial Boanerges Reyes Batista fue condenado a 10 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público.
Asimismo, el sargento mayor José Manuel Rosario Pirón recibió una condena de 10 años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos del sector público.
De igual manera, Esmeralda Ortega Polanco fue sentenciada a 10 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos del sector público.
Por otro lado, Julio Camilo de los Santos Viola fue condenado a 15 años de prisión y al pago de una multa de 400 salarios mínimos del sector público, tras ser encontrado culpable de los hechos que le fueron atribuidos en el expediente.
En tanto, Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien colaboró con las autoridades durante el proceso judicial mediante un acuerdo de cooperación, fue condenado a cinco años de prisión, computados como pena cumplida por el tiempo que permaneció privado de libertad durante el desarrollo del proceso.
Con estas decisiones, el tribunal estableció distintas responsabilidades penales dentro de la estructura acusada de operar una red de corrupción administrativa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito que, según la acusación, afectó significativamente el patrimonio del Estado dominicano.
El caso Coral y Coral 5G se originó en 2021 tras una amplia investigación del Ministerio Público, que sostuvo que la red habría operado durante varios años desviando recursos públicos mediante nóminas irregulares, testaferros, empresas de carpeta y mecanismos de ocultamiento patrimonial. Según la acusación, el perjuicio económico al Estado superaría los RD$4,500 millones, una de las cifras más elevadas atribuidas a un entramado de corrupción en la República Dominicana.
La decisión representa un hito dentro de los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción administrativa y recuperar activos presuntamente obtenidos de manera ilícita. No obstante, el proceso aún no concluye de forma definitiva, ya que las defensas de los condenados podrán recurrir la sentencia mediante los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico dominicano.
La lectura íntegra de la sentencia permitirá conocer en detalle la valoración probatoria realizada por las juezas, los fundamentos jurídicos de las condenas y el alcance de las medidas patrimoniales impuestas contra los condenados.
Con este fallo, el Poder Judicial envía una señal de gran relevancia en materia de persecución de delitos contra la administración pública, en un caso que durante años ha concentrado la atención nacional por la magnitud de los hechos investigados y el perfil de los imputados involucrados.
La sentencia marca uno de los fallos más trascendentales en materia de persecución de la corrupción administrativa en la República Dominicana, al imponer condenas significativas contra altos oficiales militares, policiales y civiles vinculados al entramado investigado. No obstante, el proceso aún no ha concluido de manera definitiva, ya que las partes conservan el derecho de recurrir la decisión ante las instancias superiores del sistema judicial dominicano.
La Voz Nacional
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