Santo Domingo, República Dominicana.– La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó este miércoles la medida de coerción que mantenía en libertad al cabo de la Policía Nacional Elpidio Antonio Acosta y ordenó su envío a prisión preventiva por un período de tres meses, en el marco del proceso judicial que se sigue por la muerte del teniente coronel retirado Carmelo Polanco, ocurrida el pasado mes de mayo en el sector La Ciénaga.
La decisión del tribunal dejó sin efecto la garantía económica de RD$400,000, la presentación periódica y el impedimento de salida del país que habían sido impuestos inicialmente por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogiendo el recurso presentado por el Ministerio Público.
Con esta nueva disposición, el imputado deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, mientras continúan las investigaciones y el proceso judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hecho ocurrió el 10 de mayo de 2026, cuando el oficial retirado participaba en una reunión familiar. Durante un operativo policial realizado en la zona, se produjeron disparos desde una patrulla, resultando mortalmente herido el teniente coronel retirado Carmelo Polanco. Las autoridades sostienen que el arma asignada al cabo Acosta coincide con el proyectil extraído del cuerpo de la víctima, conforme a los peritajes balísticos realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
La representante legal de los familiares de la víctima valoró la decisión de la Corte, al considerar que fortalece las garantías del proceso y responde a la gravedad de los hechos investigados. Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene la calificación jurídica provisional de homicidio involuntario, prevista en el artículo 319 del Código Penal Dominicano, sin perjuicio de cualquier modificación que pudiera surgir conforme avance la investigación.
Este caso ha generado amplio interés en la opinión pública debido a que involucra a un miembro activo de la Policía Nacional y reabre el debate sobre el uso proporcional de la fuerza, la responsabilidad penal de los agentes del orden y la necesidad de garantizar investigaciones imparciales cuando ocurren hechos con resultados fatales.
La Voz Nacional dará seguimiento al desarrollo de este proceso judicial y a las decisiones que emitan los tribunales competentes conforme avance el conocimiento del caso.