La aprobación en tiempo récord del proyecto de medidas económicas sometido por el Poder Ejecutivo reabre un debate tan viejo como vigente en la democracia dominicana: la aparente existencia de una velocidad legislativa distinta dependiendo de quién sea el beneficiario de una iniciativa.
En apenas seis días, el Congreso Nacional conoció, debatió y convirtió en ley una propuesta con profundas implicaciones fiscales y económicas para el país. Desde una perspectiva estrictamente institucional, el proceso se desarrolló dentro de los mecanismos permitidos por la Constitución y los reglamentos congresuales. Sin embargo, desde una óptica política y democrática, el episodio deja interrogantes legítimas sobre las prioridades reales del sistema legislativo.
La primera cuestión es la asimetría en los tiempos de respuesta. Mientras proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo suelen avanzar con rapidez cuando existe mayoría oficialista en ambas cámaras, decenas de iniciativas vinculadas a necesidades sociales urgentes permanecen durante años en comisiones, son aplazadas indefinidamente o simplemente terminan perimiendo sin ser conocidas.
La experiencia reciente demuestra que temas como la reducción del costo de la vida, reformas al sistema de seguridad ciudadana, protección de consumidores, acceso a medicamentos, fortalecimiento de servicios públicos, incentivos para pequeños productores o modificaciones laborales suelen enfrentar procesos legislativos mucho más lentos y complejos.
La pregunta no es si el Congreso tiene capacidad para actuar rápidamente. Evidentemente la tiene. La verdadera interrogante es por qué esa capacidad no se activa con la misma intensidad cuando las demandas provienen de la sociedad y no del Poder Ejecutivo.
Desde la teoría política, esto se conoce como una distorsión de representación. Los órganos legislativos fueron concebidos para representar intereses ciudadanos, fiscalizar al Gobierno y servir como contrapeso institucional. Sin embargo, cuando las mayorías parlamentarias responden de manera casi automática a las prioridades del Ejecutivo, el Congreso corre el riesgo de transformarse en una instancia de ratificación política más que en un verdadero espacio de deliberación pública.
La concentración de poder político en un mismo partido o coalición puede generar eficiencia administrativa, pero también puede reducir los niveles de debate, escrutinio y análisis crítico que requieren decisiones con impacto nacional. La democracia no se fortalece únicamente aprobando leyes; también se fortalece cuestionándolas, mejorándolas y sometiéndolas al examen público.
Otro elemento preocupante es la percepción ciudadana. En política, la legitimidad no depende solamente de la legalidad de los actos, sino también de la confianza que estos generan. Cuando la población observa que proyectos relacionados con impuestos, recaudaciones o intereses gubernamentales avanzan en cuestión de días, mientras problemas cotidianos permanecen años sin solución legislativa, se alimenta la idea de que existe una jerarquía de prioridades donde el ciudadano ocupa un lugar secundario.
Esa percepción resulta especialmente delicada en un contexto económico donde miles de familias enfrentan el aumento del costo de la vida, la presión inflacionaria, dificultades de acceso a vivienda, servicios públicos deficientes y limitaciones en oportunidades laborales.
El problema de fondo no es la rapidez con la que se aprobó esta ley. El verdadero problema es la lentitud con la que históricamente se han tratado muchas de las necesidades de la población.
Un Congreso eficiente debería ser igualmente diligente para aprobar incentivos económicos, mejorar hospitales, fortalecer la seguridad ciudadana, garantizar agua potable, proteger el bolsillo de los consumidores o modernizar servicios esenciales.
La ciudadanía no cuestiona que el Estado necesite recursos. Lo que cuestiona es que la urgencia institucional parezca activarse con mayor facilidad cuando se trata de recaudar que cuando se trata de resolver.
En una democracia madura, la velocidad legislativa no debería depender del origen de una iniciativa ni del peso político de quien la promueve. La misma urgencia aplicada para responder a las necesidades del Gobierno debe aplicarse para responder a las necesidades del pueblo.
Porque cuando las prioridades del poder avanzan a toda velocidad y las prioridades de la gente permanecen estancadas, el problema deja de ser legislativo y se convierte en un problema de representación democrática.
La gran pregunta que deja este episodio es simple: si el Congreso pudo actuar en seis días para aumentar la recaudación, ¿cuánto tiempo más deberán esperar los ciudadanos para que se atiendan con la misma urgencia los problemas que afectan su vida diaria?
Wilandy Almonte Sarita, M.A.
Abogado | Director Editorial
La Voz Nacional
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