Santo Domingo, República Dominicana. – El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes impuso una medida cautelar de 30 días de privación de libertad contra tres adolescentes investigadas por la muerte de una menor de 14 años ocurrida en un hogar de paso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), ubicado en el municipio de San Antonio de Guerra.
La decisión fue adoptada mientras las autoridades continúan profundizando las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se produjo el fallecimiento de la adolescente, un hecho que ha generado gran consternación en la sociedad dominicana debido a que ocurrió dentro de un centro estatal destinado a la protección de menores en condición de vulnerabilidad.
De acuerdo con las informaciones preliminares, la tragedia ocurrió durante la madrugada del pasado 24 de mayo, cuando la víctima presuntamente habría sido agredida por otras internas dentro del hogar de paso donde permanecía bajo custodia y protección del Estado.
El proceso judicial se desarrolla bajo las disposiciones establecidas en la Ley 136-03, que regula el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes en la República Dominicana, razón por la cual las identidades de las involucradas permanecen protegidas por mandato legal.
Mientras avanza la investigación, familiares de la menor fallecida han exigido justicia y respuestas claras sobre cómo ocurrió el hecho dentro de una institución creada precisamente para garantizar la seguridad, el bienestar y la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Tras el suceso, el CONANI informó la suspensión preventiva del personal responsable de la vigilancia y acompañamiento de las menores en el centro intervenido. Asimismo, la entidad anunció una revisión de los protocolos internos de supervisión y protección, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de seguridad en los hogares de paso.
El caso ha reabierto el debate nacional sobre las condiciones de funcionamiento, supervisión y control de los centros de acogida para menores administrados por el Estado, así como sobre la necesidad de reforzar las políticas de protección dirigidas a la niñez y la adolescencia en situación de riesgo.
Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan en curso y que se adoptarán las medidas correspondientes conforme avancen las diligencias judiciales y periciales relacionadas con este caso.