San Salvador, El Salvador.– La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles, con una amplia mayoría de 56 votos a favor y un voto en contra, la prórroga número 52 del régimen de excepción, prolongando por 30 días adicionales una de las principales estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria número 115 del órgano legislativo, manteniendo vigente una medida extraordinaria instaurada en marzo de 2022 para combatir a las estructuras criminales y pandillas que durante años afectaron la seguridad del país.
Con esta nueva extensión, continúan suspendidas determinadas garantías constitucionales contempladas dentro del régimen de excepción, mecanismo que, según el Gobierno salvadoreño, ha permitido reducir de manera significativa los índices de violencia, fortalecer el control territorial y debilitar las operaciones de las organizaciones criminales.
Durante el debate legislativo, diputados de la bancada oficialista defendieron la continuidad de la medida argumentando que El Salvador registra actualmente sus niveles más bajos de homicidios en décadas y que la estrategia ha contribuido a devolver la tranquilidad a miles de comunidades.
No obstante, la política sigue generando cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos, las cuales han expresado preocupación por las detenciones masivas, las restricciones a ciertas garantías constitucionales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control judicial.
A pesar de esas críticas, diversas encuestas reflejan que una parte importante de la población salvadoreña mantiene su respaldo al régimen de excepción, al considerar que ha sido determinante para la reducción de la criminalidad y la recuperación de la seguridad pública.
Con la aprobación de esta prórroga, el Gobierno de Nayib Bukele mantiene vigente una estrategia que se ha convertido en el eje central de su política de seguridad y que continúa marcando el debate nacional e internacional sobre el equilibrio entre la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos fundamentales.