Empresas sin ingresos pagarían RD$5,000 por gestión de residuos tras aprobación en la Cámara de Diputados.
Santo Domingo. La Cámara de Diputados aprobó una modificación al régimen de cobros por la gestión integral de residuos sólidos que establece una tarifa mínima de RD$5,000 para empresas registradas, incluso aquellas que reporten RD$0 en ingresos, una disposición que ha generado preocupación entre representantes del sector empresarial y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
La medida forma parte del marco regulatorio relacionado con el financiamiento de la gestión de residuos sólidos y busca garantizar que todas las empresas formalmente registradas contribuyan al sostenimiento del sistema nacional de recolección, tratamiento y disposición final de los desechos.
De acuerdo con la iniciativa aprobada por los legisladores, la obligación de pago no dependería exclusivamente del nivel de facturación de la empresa, sino también de su condición de entidad registrada y de su potencial impacto dentro del sistema de manejo de residuos.
Debate entre el sector empresarial
Diversos sectores han expresado inquietud por el alcance de la disposición, argumentando que imponer un pago fijo a empresas que no han generado ingresos durante un período fiscal podría afectar principalmente a pequeños negocios, emprendimientos en etapa inicial y compañías que atraviesan dificultades económicas.
Representantes de organizaciones empresariales consideran que una tarifa mínima obligatoria, independientemente de la capacidad económica del contribuyente, podría representar una carga adicional para miles de negocios que actualmente operan con márgenes reducidos o mantienen actividades suspendidas temporalmente.
Por otro lado, quienes respaldan la iniciativa sostienen que el sistema de gestión de residuos requiere fuentes permanentes de financiamiento para garantizar servicios eficientes, fortalecer la protección del medio ambiente y mejorar la sostenibilidad de los municipios.
Próximos pasos
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto deberá completar el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en ley. Dependiendo de la etapa en que se encuentre, aún podría ser objeto de revisión, modificación o promulgación conforme al proceso establecido por la legislación dominicana.
La discusión sobre esta normativa se suma al debate nacional sobre el equilibrio entre el fortalecimiento de los servicios públicos, la sostenibilidad ambiental y la necesidad de preservar condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las mipymes, consideradas uno de los principales motores de la economía dominicana.
Mientras el proyecto continúa su curso legislativo, distintos sectores económicos han solicitado que se evalúe el impacto real que tendría la aplicación de una tarifa mínima obligatoria sobre empresas sin actividad económica, con el objetivo de evitar efectos adversos en la formalización y permanencia de los pequeños negocios.
La Voz Nacional
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Redacción La Voz Nacional
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