Gremio de centros nocturnos denuncia “clausuras arbitrarias” y exige intervención del Gobierno.


Empresarios del entretenimiento afirman que cierres masivos están provocando pérdidas millonarias y amenazan miles de empleos.

Santo Domingo, RD. – La Unión Dominicana de Centros Nocturnos y Diversión (UDCEND) denunció una creciente situación de incertidumbre en el sector del entretenimiento nocturno debido a las clausuras de establecimientos que atribuyen al Programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) y a operativos realizados junto a la Policía Nacional.

El presidente de la entidad, Junior González, afirmó que numerosos negocios han sido cerrados sin notificación previa ni explicación formal, situación que calificó como una violación al debido proceso administrativo y una amenaza directa a la estabilidad económica del sector.

Según datos ofrecidos por los representantes del gremio, durante los primeros seis meses de 2026 más de 40 centros nocturnos han sido clausurados y decenas de negocios han visto afectadas sus operaciones, generando pérdidas económicas millonarias y afectando a cientos de trabajadores vinculados a la industria del entretenimiento. 

Los empresarios sostienen que las medidas aplicadas han provocado un ambiente de zozobra entre propietarios, empleados, suplidores y artistas que dependen de la actividad nocturna para su sustento. Asimismo, denunciaron presuntas presiones indebidas y actuaciones irregulares durante algunos operativos realizados en distintos puntos del país.

Ante la situación, la organización anunció una manifestación pacífica frente al Palacio Nacional para reclamar una revisión de los procedimientos aplicados y solicitar garantías para el respeto de los derechos de los propietarios de establecimientos de diversión.

Por su parte, las autoridades han defendido en ocasiones anteriores los operativos de control argumentando que buscan garantizar el cumplimiento de las normativas sobre permisos, contaminación sónica, seguridad ciudadana y protección de menores de edad. 

La controversia abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre las facultades regulatorias del Estado y el derecho de los negocios a operar bajo reglas claras y transparentes, mientras el sector espera una respuesta oficial a sus reclamos.


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