En ese contexto, la reciente Sentencia TC/0331/26 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana representa uno de los fallos más trascendentales para la profesión jurídica en los últimos años. Mediante esta decisión, el Tribunal declaró inconstitucionales varias disposiciones de la Ley núm. 3-19 que creaban tribunales disciplinarios en los distintos departamentos judiciales del país para conocer las faltas cometidas por abogados. La decisión fue adoptada a raíz de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Movimiento para el Rescate del Colegio de Abogados (MORECA).
Esta sentencia no solo modifica la estructura disciplinaria del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), sino que también plantea importantes reflexiones sobre la separación de poderes, la independencia de los órganos jurisdiccionales y la reserva constitucional en materia judicial.
Antecedentes de la Ley 3-19
La Ley núm. 3-19, promulgada en 2019, creó un nuevo marco normativo para el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD). Entre sus disposiciones se encontraba la creación de tribunales disciplinarios distribuidos en cada distrito judicial del país, encargados de conocer las denuncias y procesos disciplinarios contra abogados en ejercicio.
El objetivo de estos tribunales era descentralizar la justicia disciplinaria y acercar los procesos a los profesionales de cada región. Sin embargo, desde su promulgación diversos sectores jurídicos cuestionaron la constitucionalidad de dichas estructuras, alegando que la Constitución reserva al Poder Judicial y a los órganos constitucionalmente establecidos la facultad de administrar justicia.
Las impugnaciones sostuvieron que la ley otorgaba facultades jurisdiccionales a órganos cuya creación no estaba prevista en la Constitución, produciendo una posible invasión de competencias constitucionales.
Contenido de la Sentencia TC/0331/26
Mediante la Sentencia TC/0331/26, emitida el 5 de junio de 2026 y publicada posteriormente por el Tribunal Constitucional, se declaró la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley 3-19 relacionadas con la estructura disciplinaria del CARD. La acción fue presentada por MORECA contra varios artículos de dicha legislación.
La decisión eliminó la base jurídica que permitía el funcionamiento de los tribunales disciplinarios regionales, concentrando la competencia disciplinaria en el Tribunal Disciplinario de Honor con sede en el Distrito Nacional, órgano que permanece como instancia competente para conocer las faltas atribuidas a los abogados.
De esta manera, el Tribunal Constitucional concluyó que determinadas disposiciones de la ley excedían los límites permitidos por la Constitución al atribuir facultades de naturaleza jurisdiccional a órganos no contemplados dentro de la estructura constitucional de administración de justicia.
Fundamentos constitucionales de la decisión
La importancia de esta sentencia radica en los principios constitucionales que protege.
1. Principio de separación de poderes
La Constitución dominicana establece una clara división entre los órganos del Estado. La función jurisdiccional corresponde a tribunales creados conforme a la Constitución y las leyes orgánicas que regulan el Poder Judicial.
Cuando una ley ordinaria crea órganos con facultades similares a las de un tribunal sin suficiente respaldo constitucional, surge un conflicto con el principio de separación de poderes.
El Tribunal Constitucional entendió que los tribunales disciplinarios regionales creados por la Ley 3-19 ejercían atribuciones que podían considerarse jurisdiccionales, lo que generaba incompatibilidad con el diseño constitucional vigente.
2. Garantía del juez natural
Otro aspecto fundamental es la garantía del juez natural, reconocida como una manifestación esencial del debido proceso.
Todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un órgano previamente establecido por la ley y conforme a las disposiciones constitucionales. La existencia de órganos disciplinarios cuya constitucionalidad era discutida podía afectar la seguridad jurídica y generar cuestionamientos sobre la legitimidad de sus decisiones.
3. Seguridad jurídica
La seguridad jurídica exige que las instituciones funcionen dentro de un marco normativo claro y compatible con la Constitución.
Al declarar la inconstitucionalidad de los tribunales disciplinarios regionales, el Tribunal Constitucional buscó evitar futuras controversias sobre la validez de sanciones impuestas por órganos cuya competencia estaba siendo cuestionada.
Impacto en el Colegio de Abogados
La decisión tendrá consecuencias significativas para el CARD.
En primer lugar, centraliza nuevamente la potestad disciplinaria en el Tribunal Disciplinario de Honor, evitando la dispersión de competencias en distintas jurisdicciones del país.
En segundo lugar, obliga al Colegio de Abogados y al legislador a replantear el modelo disciplinario de la profesión, procurando que cualquier futura reforma se ajuste estrictamente a los parámetros constitucionales.
Asimismo, la sentencia podría generar debates sobre los procedimientos actualmente en curso o sobre las decisiones previamente emitidas por los órganos afectados por la declaratoria de inconstitucionalidad.
Ventajas y desafíos de la decisión
Ventajas
- Fortalece la supremacía constitucional.
- Garantiza una estructura disciplinaria compatible con la Constitución.
- Refuerza el principio del juez natural.
- Reduce riesgos de nulidad por falta de competencia constitucional.
Desafíos
- Mayor concentración de casos en el Distrito Nacional.
- Posibles retrasos en la tramitación de procesos disciplinarios.
- Necesidad de reformas legislativas para modernizar el sistema.
- Dificultades de acceso para abogados de provincias alejadas.
Análisis crítico
Desde una perspectiva jurídica, la decisión del Tribunal Constitucional parece alinearse con la doctrina constitucional moderna, que exige una estricta observancia de las competencias atribuidas por la Constitución.
Sin embargo, también resulta evidente que la descentralización perseguida por la Ley 3-19 respondía a una necesidad práctica: acercar la justicia disciplinaria a los abogados de todo el país. El problema no radicó necesariamente en la finalidad perseguida por el legislador, sino en la forma jurídica escogida para alcanzarla.
La sentencia constituye una advertencia al Congreso Nacional sobre la necesidad de diseñar mecanismos disciplinarios que combinen eficiencia administrativa con plena constitucionalidad. La solución futura podría encontrarse en órganos disciplinarios regionales con funciones administrativas o instructoras, pero sometidos a una instancia constitucionalmente válida para la decisión final.
Reflexión final
La Sentencia TC/0331/26 representa un hito en la regulación del ejercicio profesional de la abogacía en la República Dominicana. Al declarar inconstitucionales los tribunales disciplinarios regionales creados por la Ley 3-19, el Tribunal Constitucional reafirma la supremacía de la Constitución, la separación de poderes y la garantía del juez natural.
Aunque la decisión plantea desafíos prácticos para el Colegio de Abogados y para los profesionales del derecho en todo el país, también abre la puerta a una reforma más sólida y constitucionalmente adecuada del sistema disciplinario. En definitiva, el fallo no debe verse únicamente como la eliminación de una estructura institucional, sino como una oportunidad para fortalecer la legitimidad y la seguridad jurídica del régimen disciplinario de la profesión jurídica dominicana.
Bibliografía consultada
- Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0331/26.
- Ley núm. 3-19 que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana.
- Publicaciones y análisis jurídicos sobre la decisión del Tribunal Constitucional.