Washington, D.C. — En una de las decisiones constitucionales más trascendentales del año, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva, reafirmando que el derecho continúa protegido por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.
La decisión representa un importante revés para la política migratoria impulsada por la administración Trump, que buscaba impedir que obtuvieran automáticamente la ciudadanía estadounidense los hijos nacidos en territorio estadounidense de padres que se encuentran en el país sin documentos o con visas temporales.
El fallo fue emitido por una mayoría de 6 votos contra 3. El presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que el texto de la Decimocuarta Enmienda y más de un siglo de precedentes judiciales respaldan que prácticamente toda persona nacida en suelo estadounidense adquiere la ciudadanía al nacer, salvo excepciones muy limitadas, como los hijos de diplomáticos extranjeros o de fuerzas enemigas en ocupación.
En su opinión, Roberts afirmó que la interpretación promovida por el Gobierno carecía de fundamento histórico y constitucional, recordando que la propia Corte ha reconocido durante más de 125 años la vigencia del precedente establecido en el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), considerado la piedra angular de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
La orden ejecutiva impugnada había sido firmada por Trump al inicio de su segundo mandato con el objetivo de negar el reconocimiento automático de la ciudadanía a determinados niños nacidos en Estados Unidos cuando ninguno de sus padres fuera ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Diversos estados, organizaciones defensoras de los derechos civiles y familias afectadas presentaron demandas alegando que la medida violaba la Constitución federal.
Expertos en derecho constitucional consideran que la sentencia fortalece la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda y limita la capacidad del Poder Ejecutivo para modificar, mediante decretos presidenciales, derechos establecidos expresamente por la Constitución. Asimismo, el fallo evita que cientos de miles de niños nacidos cada año en territorio estadounidense quedaran expuestos a incertidumbre sobre su estatus jurídico.
La decisión también constituye una de las derrotas judiciales más significativas para la agenda migratoria de Trump durante su segundo mandato y probablemente marcará el rumbo de futuros debates sobre inmigración y ciudadanía en Estados Unidos. Aunque el tema podría seguir siendo objeto de discusión política en el Congreso, la Corte dejó claro que cualquier cambio de esta magnitud no puede imponerse mediante una orden ejecutiva contraria al texto constitucional.
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Redacción La Voz Nacional
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