Santo Domingo, República Dominicana. El Tribunal Constitucional (TC) dejó en estado de fallo una acción directa de inconstitucionalidad que procura obligar al Estado dominicano a aplicar plenamente la indexación salarial contemplada en el Código Tributario para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), un tema que podría impactar a cientos de miles de trabajadores en el país.
La acción fue presentada por un grupo de legisladores de distintas organizaciones políticas, encabezados por el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, quienes sostienen que la suspensión parcial de la indexación ha provocado que trabajadores con ingresos cercanos a los RD$34,000 mensuales comiencen a pagar ISR, cuando el umbral exento debería rondar los RD$52,000 si se aplicara el ajuste acumulado por inflación establecido en la legislación tributaria.
Durante la audiencia pública, los accionantes solicitaron al TC declarar inconstitucional el artículo 45 de la Ley 99-25 de Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2026, disposición que mantiene suspendido el ajuste por inflación de los tramos del impuesto. Por su parte, representantes del Senado, la Cámara de Diputados y la Procuraduría General de la República solicitaron el rechazo del recurso.
Los promotores de la acción argumentan que la falta de indexación afecta principalmente a los trabajadores de ingresos medios, quienes terminan pagando impuestos sobre aumentos salariales que en muchos casos solo compensan el incremento del costo de la vida. Asimismo, sostienen que la medida vulnera principios constitucionales relacionados con la capacidad contributiva de los ciudadanos.
Tras escuchar los argumentos de las partes, el pleno del Tribunal Constitucional se reservó el fallo, por lo que la decisión será emitida en una fecha posterior. La sentencia será determinante para definir si el Estado deberá aplicar de manera íntegra el mecanismo de indexación salarial previsto en el Código Tributario o mantener el esquema vigente utilizado para el cálculo del ISR.
La Voz Nacional dará seguimiento a este caso por su relevancia para los trabajadores, el sistema tributario y las finanzas públicas de la República Dominicana.