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Cámara de Diputados aprueba en primera lectura 32 cambios al nuevo Código Penal dominicano.


La reforma modifica 24 artículos de la Ley 74-25 y volverá al hemiciclo el lunes 20 de julio. Para convertirse en ley todavía deberá superar la segunda lectura, pasar al Senado y ser remitida al Poder Ejecutivo.


SANTO DOMINGO.— La Cámara de Diputados aprobó este sábado 18 de julio de 2026, en primera lectura, un proyecto que introduce 32 modificaciones en 24 artículos del nuevo Código Penal de la República Dominicana, a pocas semanas de que la Ley 74-25 complete el período previsto para su entrada en vigor.

La iniciativa será conocida nuevamente el lunes 20 de julio, a partir de las 2:00 de la tarde, durante una sesión convocada por el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco.

La votación del sábado no concluye el proceso legislativo. Si el proyecto obtiene la aprobación en segunda lectura, deberá ser enviado al Senado, donde tendrá que agotar el procedimiento correspondiente antes de pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

Reforma alcanza 24 artículos del Código Penal

Las modificaciones aprobadas se relacionan con disposiciones sobre difusión de audios, imágenes o contenidos sin consentimiento; perjurio; difamación; hostigamiento; acoso agravado; proxenetismo; violación de propiedad; malversación de fondos públicos y responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Entre los artículos incluidos en la reforma figuran el 11, 121, 122, 123, 124, 141, 144, 176, 177, 192, 207, 208, 209, 211, 214, 215, 248, 269, 303, 310 y 354, además de otras disposiciones contenidas en el informe presentado ante el pleno.

El texto acogido por los diputados se apoya en el proyecto remitido por el presidente Luis Abinader al Senado el 10 de junio de 2026, aunque durante el estudio congresual fueron incorporadas propuestas adicionales.

Antes de llegar al hemiciclo, una comisión bicameral analizó 93 propuestas que pretendían reformar 133 artículos. Tras las deliberaciones, el informe final concentró los cambios en 24 artículos.

Posiciones divididas durante la sesión

Las modificaciones recibieron el respaldo de la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados.

La Fuerza del Pueblo planteó posponer la aplicación del nuevo Código Penal y abrir un proceso de diálogo con sectores sociales y jurídicos. Esa propuesta no fue acogida por la mayoría oficialista.

Los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por su parte, se abstuvieron de votar. La organización argumentó que la legislación continúa sin contemplar la despenalización de la interrupción del embarazo bajo las tres causales reclamadas por determinados sectores.

El debate sobre las causales ha acompañado durante años las discusiones de la reforma penal. Organizaciones feministas, entidades médicas y defensores de derechos humanos han solicitado excepciones cuando la vida de la mujer esté en peligro, el embarazo sea consecuencia de violación o incesto, o exista una malformación fetal incompatible con la vida.

Otros sectores, incluidas organizaciones religiosas y legisladores de distintas bancadas, han defendido el mantenimiento de la penalización del aborto, invocando la protección constitucional del derecho a la vida desde la concepción.

¿Cuándo entrará en vigor el nuevo Código Penal?

La Ley 74-25 fue promulgada por el presidente Luis Abinader el 3 de agosto de 2025 y estableció un período de 12 meses antes de su aplicación. En consecuencia, su entrada en vigor está prevista para el 3 de agosto de 2026.

Es importante precisar que la aprobación definitiva de las modificaciones no es lo que activa la vigencia del Código Penal. La fecha deriva de la ley promulgada en 2025, salvo que el Congreso apruebe y el Poder Ejecutivo promulgue oportunamente una disposición que altere ese plazo.

El Congreso trabaja ahora contra el calendario para que los ajustes puedan completar todas las etapas constitucionales antes de esa fecha.

Antecedentes de la reforma penal

La promulgación de la Ley 74-25, el 3 de agosto de 2025, puso fin a más de dos décadas de intentos legislativos dirigidos a sustituir el Código Penal vigente desde 1884.

El nuevo marco incorpora figuras delictivas vinculadas con formas contemporáneas de criminalidad y establece tratamientos específicos para infracciones como feminicidio, sicariato, genocidio, delitos tecnológicos, acoso, daño con sustancias químicas, corrupción administrativa y violencia intrafamiliar.

También introduce reglas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y contempla el cúmulo de penas de hasta 60 años en determinados casos, uno de los cambios de mayor repercusión para el sistema judicial y penitenciario dominicano.

Aunque legisladores y autoridades han presentado la norma como una modernización indispensable, juristas, comunicadores, médicos y organizaciones sociales han señalado ambigüedades o posibles conflictos entre algunas disposiciones y derechos fundamentales como la libertad de expresión, la intimidad, el ejercicio de la medicina y el principio de legalidad penal.

Impacto de las modificaciones

Los cambios que finalmente sean aprobados influirán directamente en el trabajo de jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, organismos de investigación y centros penitenciarios.

También tendrán efectos sobre ciudadanos, empresas, medios de comunicación y usuarios de plataformas digitales, especialmente por las disposiciones vinculadas con la difusión de imágenes o grabaciones, la difamación, el hostigamiento y la responsabilidad penal empresarial.

Las instituciones del sistema de justicia han dispuesto de un año para preparar protocolos, capacitar personal y adaptar sus procedimientos. Sin embargo, las modificaciones realizadas cerca de la fecha de entrada en vigor podrían obligarlas a actualizar nuevamente sus programas de formación y materiales operativos.

Próximos pasos

La Cámara de Diputados deberá decidir el lunes si confirma en segunda lectura el proyecto aprobado este sábado. De superar esa etapa, la iniciativa pasará al Senado.

Cualquier cambio que introduzca el Senado obligaría a devolver el texto a la Cámara de Diputados. Solo cuando ambas cámaras aprueben exactamente la misma versión podrá ser enviado al presidente de la República.

Hasta que ese procedimiento termine, las 32 modificaciones no son legislación vigente y podrían experimentar nuevos ajustes durante las deliberaciones pendientes.

Conclusión

La aprobación en primera lectura representa un avance relevante, pero no definitivo, en la revisión del nuevo Código Penal. El Congreso dispone de un margen reducido para completar el trámite antes del 3 de agosto, mientras persisten diferencias políticas y sociales sobre temas sensibles.

La sesión del lunes será determinante para establecer si las modificaciones avanzan hacia el Senado o si el texto vuelve a ser revisado en la Cámara Baja.

Análisis | La Voz Nacional

La revisión del Código Penal pocos días antes de su entrada en vigor evidencia dos realidades. La primera es la necesidad de corregir disposiciones que puedan producir interpretaciones contradictorias o afectar derechos fundamentales. Una legislación penal moderna debe formular cada delito y sanción con suficiente precisión, porque una redacción ambigua puede generar inseguridad jurídica y decisiones judiciales dispares.

La segunda realidad es la presión del calendario. Modificar una ley de más de 400 artículos cerca del cierre de su período de preparación exige especial prudencia. La rapidez no debe impedir que legisladores, operadores judiciales y ciudadanía conozcan el contenido exacto de las enmiendas y sus consecuencias.

También resulta indispensable distinguir entre la aprobación inicial y la transformación definitiva del proyecto en ley. Las modificaciones todavía deben superar varias etapas constitucionales; por tanto, presentarlas como definitivas podría confundir a la población.

El desafío del Congreso no consiste únicamente en completar el trámite antes del 3 de agosto. Debe entregar una norma coherente, aplicable y compatible con la Constitución. La calidad técnica del Código Penal tendrá consecuencias duraderas sobre la libertad, la seguridad y los derechos de todas las personas sometidas a la jurisdicción dominicana.


REDACCIÓN LA VOZ NACIONAL

Redacción La Voz Nacional

Equipo Editorial | La Voz Nacional

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