El gremio de abogados entiende que abrir un proceso de revisión antes de la entrada en vigor de la nueva legislación constituye una oportunidad para perfeccionar uno de los instrumentos jurídicos más importantes del país.
Santo Domingo. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) manifestó su respaldo a la decisión anunciada por la Cámara de Diputados de abrir un espacio para recibir observaciones y propuestas de modificación al nuevo Código Penal antes de su entrada en vigor, prevista para el próximo 3 de agosto.
La posición del gremio fue expresada por su presidente, Trajano Potentini, quien calificó la iniciativa legislativa como una muestra de madurez democrática, responsabilidad institucional y compromiso con el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho.
Según explicó Potentini, la disposición de los legisladores de escuchar los planteamientos provenientes de distintos sectores de la sociedad representa una oportunidad para perfeccionar una legislación de enorme trascendencia para el sistema de justicia dominicano, procurando que su aplicación responda plenamente a los principios constitucionales y a las necesidades actuales del país.
Antecedentes
El nuevo Código Penal ha sido objeto de un amplio debate desde su aprobación por el Congreso Nacional. Diversos sectores jurídicos, académicos, empresariales y organizaciones de la sociedad civil han expresado observaciones sobre algunas disposiciones relacionadas con la libertad de expresión, la responsabilidad penal, la difamación e injuria, el ejercicio de la medicina y otros aspectos que consideran susceptibles de revisión.
Ante esas preocupaciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció la apertura de un proceso de consultas para recibir propuestas de modificación, sin descartar la posibilidad de impulsar una prórroga de la vacatio legis o incluso una legislatura extraordinaria si fuera necesario para completar el proceso de revisión.
CARD apuesta por una legislación más sólida
Para el Colegio de Abogados, permitir que especialistas, instituciones y organizaciones presenten observaciones antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal fortalece la legitimidad de la norma y contribuye a reducir futuras controversias jurídicas.
El gremio entiende que un Código Penal moderno debe garantizar seguridad jurídica, proteger los derechos fundamentales y responder a las nuevas modalidades delictivas que enfrenta la República Dominicana, sin generar contradicciones con la Constitución ni con los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
Potentini sostuvo que un proceso de revisión técnica no debe interpretarse como un retroceso legislativo, sino como una oportunidad para perfeccionar una normativa que tendrá un impacto directo sobre el funcionamiento del sistema de justicia durante las próximas décadas.
El Congreso mantiene abierto el diálogo
La apertura anunciada por la Cámara de Diputados ocurre en un momento de intenso debate nacional sobre el contenido del nuevo Código Penal. Mientras algunos sectores consideran que la legislación debe entrar en vigor en la fecha prevista, otros entienden que todavía existen aspectos que ameritan una revisión más profunda antes de su aplicación.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha sostenido que la nueva legislación debe entrar en vigor en la fecha establecida, aunque reconoce que cualquier ley puede ser modificada posteriormente si así lo determina el Congreso Nacional.
Un debate que continúa abierto
La decisión de abrir un espacio de consulta refleja que el proceso legislativo aún mantiene margen para incorporar observaciones provenientes de distintos sectores del país.
Para el Colegio de Abogados, ese diálogo constituye una oportunidad para fortalecer el texto definitivo del Código Penal, incrementar la confianza de la ciudadanía en la legislación y garantizar que la nueva normativa responda adecuadamente a los desafíos jurídicos contemporáneos.
La Cámara de Diputados continuará recibiendo propuestas de modificación mientras avanza el proceso de consultas, en un debate que sigue concentrando la atención de juristas, legisladores y organizaciones de la sociedad civil.
Redacción La Voz Nacional
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