Gobierno dominicano prohíbe exigir documentos que otra institución del Estado ya tenga.

El Gobierno dominicano estableció un nuevo marco de interoperabilidad y gobernanza de datos que obliga a las instituciones públicas a intercambiar información entre sí, con el objetivo de eliminar la duplicidad de documentos, reducir la burocracia y agilizar los servicios ofrecidos a ciudadanos y empresas. 

Santo Domingo. El Poder Ejecutivo emitió el Decreto núm. 403-2026, mediante el cual crea el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos de la Administración Pública, una normativa que busca transformar la prestación de los servicios públicos en República Dominicana mediante el intercambio seguro de información entre las instituciones del Estado. La medida dispone que las entidades públicas no podrán exigir a ciudadanos o empresas documentos que ya se encuentren en poder de otra dependencia gubernamental, siempre que dicha información pueda obtenerse a través de los mecanismos de interoperabilidad establecidos.  

¿Qué establece el nuevo decreto?

El decreto dispone la creación de un sistema nacional que permitirá el intercambio seguro, estandarizado, oportuno y trazable de datos, documentos electrónicos y eventos interoperables entre las instituciones públicas.

La iniciativa forma parte del proceso de modernización del Estado y busca disminuir los tiempos de respuesta en los trámites administrativos, reducir la carga documental para la ciudadanía y mejorar la calidad de los servicios públicos digitales.  

Entre sus principales disposiciones se encuentran:

• Las instituciones deberán consultar directamente la información disponible en otras entidades del Estado cuando esta sea necesaria para un trámite.
• Los ciudadanos dejarán de presentar documentos que el propio Estado ya posee.
• Cada organismo continuará siendo responsable de la administración, calidad y actualización de sus bases de datos.
• Se fortalecerá la protección de los datos personales mediante controles sobre el acceso y uso de la información.  

MAP y OGTIC asumirán funciones clave

La normativa designa al Ministerio de Administración Pública (MAP) como órgano rector del sistema de interoperabilidad y gobernanza de datos.

Entre sus responsabilidades figuran:

• emitir normas y estándares técnicos;
• coordinar la implementación del nuevo marco;
• supervisar su cumplimiento;
• dirigir el Comité de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos.

Por su parte, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) administrará técnicamente la Plataforma Única de Interoperabilidad, infraestructura mediante la cual las instituciones compartirán información de forma segura.  

La identidad continuará bajo coordinación de la JCE

Uno de los aspectos más relevantes del decreto establece que cualquier consulta relacionada con la identidad de las personas deberá realizarse respetando las competencias constitucionales de la Junta Central Electoral (JCE).

El Gobierno informó que las validaciones del Registro Civil se efectuarán mediante mecanismos de interoperabilidad desarrollados conjuntamente entre la JCE y el MAP, procurando garantizar la protección de los datos personales y el uso legítimo de la información.  

¿Qué cambia para los ciudadanos?

De implementarse plenamente el sistema, los usuarios podrían experimentar una reducción significativa de trámites presenciales y de la cantidad de documentos físicos requeridos para acceder a servicios públicos.

Entre los cambios esperados destacan:

• menos certificaciones repetidas;
• menor necesidad de trasladarse entre instituciones;
• reducción de costos administrativos;
• mayor rapidez en la gestión de solicitudes;
• fortalecimiento de los servicios públicos digitales.

El decreto también obliga a las instituciones a mantener actualizados sus registros para facilitar el intercambio de información.  

Antecedentes

La medida sustituye el Decreto núm. 92-22, que establecía el anterior Marco Nacional de Interoperabilidad Gubernamental.

Asimismo, se integra a las iniciativas impulsadas por el programa Burocracia Cero, sustentado en la Ley 167-21 sobre Mejora Regulatoria, orientada a simplificar trámites, reducir cargas administrativas y acelerar la transformación digital del Estado dominicano.  

Contexto

Durante los últimos años, República Dominicana ha impulsado diversas estrategias para digitalizar los servicios públicos, mejorar la eficiencia administrativa y disminuir los tiempos de respuesta a ciudadanos y empresas.

El nuevo decreto representa un paso adicional hacia un modelo de administración pública basado en el intercambio electrónico de información, procurando que sea el propio Estado quien gestione internamente los datos necesarios para la prestación de servicios, en lugar de trasladar esa carga a los usuarios.  

Impacto esperado

Especialistas consideran que la interoperabilidad puede contribuir a:

• agilizar la atención ciudadana;
• reducir la burocracia;
• disminuir costos operativos;
• fortalecer la transparencia administrativa;
• mejorar la calidad de las bases de datos públicas;
• impulsar la transformación digital del Estado.

No obstante, la efectividad del nuevo marco dependerá de la implementación tecnológica, la actualización permanente de los registros institucionales y el cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales y ciberseguridad.  

Conclusión

Con la emisión del Decreto 403-2026, el Gobierno dominicano busca cambiar la forma en que interactúan las instituciones públicas, priorizando el intercambio seguro de información para evitar que ciudadanos y empresas deban presentar documentos que el propio Estado ya posee.

La implementación efectiva de esta política será determinante para evaluar si las promesas de simplificación administrativa y reducción de la burocracia se traducen en mejoras concretas para la población.

Análisis de La Voz Nacional

La aprobación del nuevo Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos representa uno de los avances más importantes en materia de transformación digital del Estado dominicano en los últimos años. Durante décadas, los ciudadanos han debido trasladarse entre instituciones para obtener certificaciones, copias y constancias que otras dependencias gubernamentales ya tenían en sus archivos, generando pérdida de tiempo, mayores costos y una percepción de excesiva burocracia.

Sin embargo, el verdadero reto no radica únicamente en la existencia del decreto, sino en su implementación. La interoperabilidad requiere plataformas tecnológicas robustas, bases de datos actualizadas, estándares comunes entre instituciones y protocolos estrictos de seguridad informática que garanticen la protección de la información personal.

También será esencial fortalecer la confianza ciudadana mediante mecanismos de transparencia que permitan conocer quién consulta los datos, con qué finalidad y bajo qué controles legales. Si estos elementos se ejecutan adecuadamente, la medida podría marcar un punto de inflexión hacia una administración pública más eficiente y centrada en el ciudadano. De lo contrario, el riesgo es que la interoperabilidad quede limitada a un marco normativo sin efectos tangibles en la experiencia cotidiana de quienes realizan trámites ante el Estado.

Fuentes consultadas

Esta información fue elaborada con base en información pública y documentos oficiales consultados en:

• Programa Burocracia Cero de la República Dominicana.  
• Comunicado sobre el Decreto núm. 403-2026 y el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos.  
• Informaciones publicadas por medios nacionales sobre la entrada en vigor del decreto.