El órgano acusador considera que la exención total de la pena no guarda correspondencia con la responsabilidad penal establecida por abuso sexual y psicológico contra una adolescente.
Santo Domingo, República Dominicana.— El Ministerio Público interpuso formalmente un recurso de apelación contra la sentencia que declaró penalmente responsable al pelotero Wander Samuel Franco Aybar por abuso sexual y psicológico contra una adolescente, pero le concedió un perdón judicial que lo eximió del cumplimiento de una pena.
La impugnación es parcial y busca que la Corte de Apelación revoque exclusivamente la decisión favorable a Franco. La condena de diez años de prisión impuesta a la madre de la adolescente no fue recurrida por el órgano acusador.
Ministerio Público cuestiona aplicación del perdón judicial
El recurso está dirigido contra la Sentencia Penal núm. 272-02-2026-SSEN-00149, dictada por el Tribunal Colegiado Ad Hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata.Este tribunal estuvo integrado por los jueces José Ramón Núñez, quien lo presidió, Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, designados para conocer el nuevo juicio ordenado en diciembre de 2025 por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Puerto Plata sostienen que la sentencia incurrió en una aplicación incorrecta de la ley al reconocer la responsabilidad penal de Franco y, simultáneamente, liberarlo de toda pena.
Según el Ministerio Público, la decisión también resultaría incompatible con la gravedad de los hechos que el propio tribunal tuvo por probados y con la protección reforzada que el ordenamiento jurídico dominicano reconoce a niños, niñas y adolescentes.
El recurso fue presentado por los fiscales Ramona Nova Cabrera, Kelmi Ricardo Duncan Torres, Claudio Alberto Cordero Jiménez, José Martínez Montán y Olga Diná.
Solicitan revocar la exención de pena
El Ministerio Público solicitó a la Corte de Apelación que revoque el perdón judicial concedido a Franco, cuya responsabilidad fue establecida por la violación del artículo 396, literales b y c, de la Ley 136-03, que sanciona el abuso físico, psicológico y sexual contra menores de edad.Para los fiscales, el perdón judicial constituye una figura excepcional que fue interpretada de manera extensiva en este proceso, pese a que no concurrirían los presupuestos necesarios para justificar una exención total de la pena.
El órgano acusador entiende que declarar culpable al imputado por hechos de esa naturaleza y no imponerle una sanción efectiva produce una falta de correspondencia entre los hechos probados, la calificación jurídica y la consecuencia penal.
También sostiene que la decisión podría debilitar las funciones preventivas y sancionadoras del derecho penal, además de transmitir un mensaje contrario a la protección especial de las personas menores de edad.
La condena contra la madre no fue recurrida
La apelación presentada por el Ministerio Público no cuestiona la condena de diez años de prisión impuesta a Martha Vanessa Chevalier, madre de la adolescente.
Chevalier deberá cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, después de ser hallada culpable de explotación sexual comercial y lavado de activos.
El tribunal también dispuso el decomiso de bienes y dinero vinculados con la investigación, incluyendo un solar en Villa Montellano, un vehículo, US$68,500 y RD$800,000 en efectivo, de acuerdo con los datos divulgados sobre la decisión judicial.
Antecedentes del caso Wander Franco
La investigación surgió después de que se hicieran públicas, en agosto de 2023, denuncias relacionadas con una relación entre Franco y una adolescente que tenía 14 años cuando comenzaron los hechos investigados.
El Ministerio Público sostuvo durante el proceso que presentó más de un centenar de elementos probatorios, entre documentos, peritajes, materiales audiovisuales y testimonios.
En un primer juicio, celebrado en 2025, Franco fue condenado a dos años de prisión suspendida. Tanto la acusación como las defensas recurrieron esa decisión y la Corte de Apelación ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Como resultado del segundo proceso, el tribunal volvió a declarar penalmente responsable al pelotero, pero consideró circunstancias particulares del caso, entre ellas que también habría sido víctima de extorsión, para otorgarle el perdón judicial.
La sentencia íntegra fue comunicada a las partes el 23 de junio de 2026. Tras analizar sus fundamentos, el Ministerio Público formalizó la apelación el 20 de julio.
¿Qué sucederá ahora?
La presentación del recurso no significa que el perdón judicial haya sido revocado automáticamente. La decisión continuará produciendo sus efectos mientras la jurisdicción correspondiente conoce la impugnación y emite un nuevo fallo.
La Corte de Apelación deberá examinar los argumentos del Ministerio Público, la motivación ofrecida por el tribunal y los planteamientos de la defensa de Franco.
Dependiendo del alcance legal del recurso y de lo que determine la Corte, esta podrá confirmar la sentencia impugnada, modificarla o anular los aspectos recurridos conforme a las reglas del proceso penal dominicano.
La defensa del pelotero tendrá la oportunidad de responder a los argumentos de la acusación y defender la legalidad del perdón judicial. Hasta el momento de esta publicación no se había divulgado una reacción formal de sus abogados frente al nuevo recurso.
Impacto fuera de los tribunales
El proceso también mantiene consecuencias sobre la carrera deportiva de Franco. El jugador permanece apartado de las Grandes Ligas desde que las acusaciones se hicieron públicas en 2023 y continúa relacionado contractualmente con los Tampa Bay Rays, organización con la que firmó en 2021 un acuerdo por once años y 182 millones de dólares.
La organización deportiva indicó después de la sentencia que respetaba el proceso judicial dominicano y que continuaría colaborando con los procedimientos correspondientes de las Grandes Ligas.
Conclusión
La apelación abre una nueva etapa en un proceso judicial que ya ha producido dos juicios y decisiones distintas sobre la sanción aplicable.Aunque Wander Franco permanece declarado penalmente responsable, la Corte de Apelación tendrá ahora que decidir si confirma el perdón judicial o si corresponde revocar la exención e imponer una consecuencia penal acorde con los hechos establecidos en la sentencia.
Análisis | La Voz Nacional
La apelación plantea un debate jurídico que trasciende la figura pública de Wander Franco: determinar hasta dónde puede llegar la discrecionalidad judicial al aplicar una medida excepcional después de establecerse la responsabilidad penal por infracciones contra una menor.El perdón judicial no elimina la declaración de culpabilidad. Su efecto se concentra en eximir al condenado de la pena bajo circunstancias especialmente justificadas. Por esa razón, la controversia no se limita a establecer si Franco cometió los hechos, cuestión que ya fue resuelta por el tribunal, sino a determinar si las circunstancias reconocidas en la sentencia eran jurídicamente suficientes para no imponerle sanción.
El Ministerio Público entiende que el tribunal produjo una contradicción al reconocer la gravedad del abuso sexual y psicológico y, al mismo tiempo, conceder una exención total. La defensa, por su parte, podrá sostener que los jueces valoraron legítimamente las particularidades del caso, incluida la extorsión de la que habría sido objeto el pelotero.
La Corte deberá resolver esa tensión mediante una decisión suficientemente motivada, respetando tanto los derechos de la víctima como las garantías procesales del condenado. El resultado podría convertirse en una referencia importante sobre los límites del perdón judicial en casos que involucren a personas menores de edad.
Fuentes consultadas
Procuraduría General de la RepúblicaNoticias SIN
El Día
Diario Libre
Reuters
Redacción La Voz Nacional
Equipo Editorial | La Voz NacionalContenido elaborado y revisado por el equipo editorial de La Voz Nacional, comprometido con informar con responsabilidad, equilibrio e interés público.
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