Santo Domingo.– La reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional avanzó una etapa decisiva en el Congreso dominicano con la aprobación en primera lectura de un proyecto que busca transformar la estructura, el funcionamiento y los mecanismos de control del cuerpo del orden.
La iniciativa fue aprobada por el Senado la noche del 8 de julio de 2026, con 24 votos favorables de 27 legisladores presentes, después de más de cinco horas de lectura de sus 315 artículos. El texto recibió decenas de modificaciones y todavía debe superar la segunda lectura en el Senado, el conocimiento de la Cámara de Diputados y una eventual promulgación del Poder Ejecutivo. Por tanto, jurídicamente aún se trata de un proyecto y no de una ley vigente.
La propuesta pretende sustituir integralmente la Ley núm. 590-16, promulgada en julio de 2016, y su reglamento general de aplicación, aprobado mediante el Decreto 20-22. También modificaría disposiciones relacionadas con el tránsito y la seguridad vial.
Una nueva estructura para la carrera policial
Uno de los principales cambios consiste en reorganizar la carrera policial en tres grandes categorías: Directiva, Intermedia y Agente Patrullero. El objetivo es diferenciar con mayor claridad las funciones de dirección, supervisión y ejecución operativa dentro de la institución.
La propuesta también elimina el ingreso de nuevos miembros bajo el rango tradicional de raso. Los futuros policías entrarían como agentes patrulleros, mientras que los rasos con menos de cuatro años de servicio serían homologados a la nueva categoría, de acuerdo con las disposiciones transitorias divulgadas tras la aprobación senatorial.
La modificación procura que los ascensos respondan a la formación, la evaluación del desempeño, el tiempo de servicio y las competencias profesionales, en lugar de depender exclusivamente de decisiones discrecionales o relaciones internas.
La Constitución dominicana dispone que el ingreso, nombramiento, ascenso, retiro y demás aspectos de la carrera policial deben realizarse sin discriminación y conforme a la ley orgánica. El proyecto busca desarrollar ese mandato mediante un régimen de carrera más definido y especializado.
Formación continua y profesionalización
La preparación académica ocupa un lugar central en la reforma. El proyecto plantea fortalecer la educación inicial y la capacitación permanente de los agentes, con especial atención a los derechos fundamentales, la actuación en espacios públicos, el patrullaje preventivo y los procedimientos de intervención.
El Poder Ejecutivo sostiene que la nueva legislación debe ayudar a construir una Policía profesional, técnica y próxima a la ciudadanía. Durante la entrega del anteproyecto al Senado, sus promotores explicaron que la pieza fue trabajada durante aproximadamente un año y medio y que incluyó consultas con representantes empresariales, religiosos, sociales y miembros de la propia institución.
La Policía Nacional y la Oficina del Comisionado para la Reforma también comenzaron en mayo de 2026 un programa de talleres dirigido a sus integrantes. Las primeras jornadas abordaron los cambios estructurales y operativos contenidos en la propuesta, aunque el reto será extender esa capacitación a todas las dependencias y medir posteriormente sus resultados.
Límites más precisos para las requisas
Entre las novedades con mayor impacto ciudadano aparecen las reglas aplicables a los registros personales o requisas.
La versión aprobada en primera lectura prohíbe los tocamientos en zonas íntimas durante una revisión superficial, así como obligar a una persona a desnudarse como parte de un procedimiento ordinario. También impide que una inspección se fundamente únicamente en criterios discriminatorios o estereotipos relacionados con el color de piel, la apariencia física u otras características personales.
La requisa deberá ser realizada, según las modificaciones conocidas, por un agente del mismo sexo de la persona intervenida y bajo condiciones que respeten su dignidad.
Estas disposiciones buscan reducir la discrecionalidad policial, pero su efectividad dependerá de protocolos operativos claros. También será necesario precisar cómo deben actuar los agentes cuando exista una sospecha razonable, qué circunstancias justifican una revisión más rigurosa y qué mecanismos tendrá la persona afectada para denunciar una actuación abusiva.
Cámaras corporales y derecho ciudadano a grabar
La obligatoriedad de las cámaras corporales constituye otro de los cambios relevantes.
Según las modificaciones incorporadas por el Senado, los agentes deberán mantener encendidos estos dispositivos durante los procedimientos policiales. Apagar la cámara, impedir el registro o dejar de utilizarla sin una justificación válida podría ser considerado una falta disciplinaria grave.
El proyecto reconoce, además, el derecho de los ciudadanos a grabar una requisa o intervención policial, siempre que no obstruyan materialmente el procedimiento.
La medida puede ofrecer evidencia objetiva frente a denuncias de abuso o resistencia a la autoridad. Sin embargo, requiere una infraestructura tecnológica que garantice almacenamiento seguro, trazabilidad, protección de la privacidad y conservación de las grabaciones.
También será indispensable establecer quién podrá acceder a los videos, durante cuánto tiempo deberán conservarse y qué consecuencias tendrá la pérdida, edición o eliminación irregular de una grabación.
Regulación del uso de la fuerza
La reforma busca establecer reglas más detalladas sobre la actuación de los agentes y el empleo de la fuerza. El principio general es que cualquier intervención debe ser legal, necesaria y proporcional al peligro enfrentado.
En la práctica, esto implica priorizar la comunicación, la persuasión y los medios menos lesivos antes de recurrir a armas de fuego, salvo en circunstancias donde exista una amenaza real e inminente contra la vida o la integridad de las personas.
La Constitución define a la Policía Nacional como un cuerpo armado, técnico y profesional cuya misión incluye proteger la seguridad ciudadana, prevenir los delitos, investigar infracciones bajo la dirección de la autoridad competente y mantener el orden público respetando el libre ejercicio de los derechos.
El desafío consiste en evitar que las normas sobre gradualidad se conviertan en declaraciones generales sin consecuencias. Para que sean efectivas, deberán acompañarse de entrenamientos periódicos, supervisión en las calles, investigaciones independientes y sanciones aplicadas con rapidez.
Controles disciplinarios y sanciones más severas
El proyecto fortalece el régimen disciplinario e introduce mayores consecuencias para las faltas graves y muy graves. La propuesta procura que las investigaciones internas tengan plazos y procedimientos definidos, respetando tanto los derechos de los ciudadanos como las garantías del agente investigado.
Uno de los cambios debatidos se refiere a la asignación de policías para prestar servicios privados a particulares o empresas. La versión aprobada establece sanciones disciplinarias para los superiores que dispongan estas asignaciones y contempla la posibilidad de investigaciones penales cuando la conducta constituya una infracción.
La finalidad es impedir que personal pagado por el Estado sea utilizado para proteger intereses particulares mientras comunidades y destacamentos enfrentan limitaciones de agentes.
No obstante, la aplicación de esta prohibición deberá diferenciar claramente entre servicios institucionales autorizados, protección de personas expuestas a riesgos comprobados y asignaciones concedidas por influencia política, económica o personal.
Antecedentes de una reforma prolongada
La transformación policial no comenzó con este proyecto. La Ley núm. 590-16 fue promulgada en 2016, pero su reglamento general de aplicación no se aprobó hasta enero de 2022, casi seis años después.
En julio de 2024, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 371-24, que estableció principios, lineamientos y un esquema de gobernanza para la reforma, modernización y transformación de la Policía Nacional.
El Gobierno ha presentado el proceso sobre cuatro ejes principales: calidad de vida de los policías, operación policial, educación y transformación administrativa. También se han anunciado nuevos uniformes, equipos criminalísticos, denuncias virtuales, drones y tecnologías destinadas al patrullaje y la investigación.
La nueva legislación pretende convertir varias de esas acciones administrativas en obligaciones institucionales permanentes, de modo que no dependan exclusivamente de decisiones de un gobierno o de una dirección policial determinada.
Las críticas: resultados todavía insuficientes
La reforma se discute en un contexto de cuestionamientos públicos por actuaciones policiales que han producido muertes, denuncias de uso excesivo de la fuerza y reclamos de mayor transparencia.
El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, afirmó recientemente que los resultados obtenidos tras varios años de reforma han sido “pocos o nulos”. Su declaración se produjo después de la muerte de un joven de 19 años durante una intervención policial en Herrera.
Desde la posición oficial, los promotores de la iniciativa sostienen que el proyecto representa un paso estructural para modernizar la institución y fortalecer el respeto a los derechos fundamentales. Durante el estudio legislativo también fueron recibidas observaciones de la Dirección General de la Policía Nacional, el Defensor del Pueblo y otros sectores vinculados a la seguridad pública.
Ambas posiciones reflejan un punto central: aprobar una nueva ley puede corregir debilidades normativas, pero no demuestra por sí sola que la actuación policial haya cambiado.
Los principales desafíos de la nueva Ley Orgánica
Convertir la ley en reglamentos aplicables
Una norma de 315 artículos requerirá múltiples reglamentos, protocolos y manuales. La experiencia de la ley de 2016, cuyo reglamento tardó casi seis años, muestra el riesgo de que disposiciones importantes queden sin aplicación inmediata.
Los reglamentos deberán establecer plazos concretos y responsabilidades institucionales. También será necesario que su preparación cuente con supervisión técnica y participación de organismos externos.
Garantizar presupuesto suficiente
Las cámaras corporales, el almacenamiento de videos, la capacitación continua, los nuevos sistemas de evaluación y la modernización de los destacamentos implican costos permanentes.
Una reforma sin asignaciones presupuestarias identificables podría generar una aplicación desigual: unidades equipadas en las principales ciudades y dependencias con carencias en municipios y comunidades alejadas.
Fortalecer la supervisión independiente
Asuntos Internos es una dependencia policial y, aunque debe conservar capacidad investigativa, los casos de muerte, tortura, corrupción o uso gravemente desproporcionado de la fuerza necesitan controles externos.
La coordinación con el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y otros organismos de fiscalización será determinante para evitar investigaciones corporativas sin resultados públicos.
Mejorar las condiciones laborales
La profesionalización también exige salarios dignos, jornadas razonables, seguridad social, atención psicológica y equipamiento adecuado.
Un agente sometido a extensas horas de trabajo, con formación insuficiente y limitados recursos enfrenta mayores riesgos de cometer errores, recurrir innecesariamente a la fuerza o aceptar prácticas irregulares.
Medir los resultados
La reforma debe ser evaluada con indicadores públicos: cantidad de denuncias, sanciones impuestas, uso de armas de fuego, tiempo de respuesta, percepción ciudadana, solución de casos y cumplimiento de los programas de capacitación.
Sin estadísticas verificables, será difícil determinar si la nueva estructura mejora realmente la seguridad y la confianza en la institución.
Impacto esperado para la ciudadanía y los policías
Para la población, la aprobación definitiva de la reforma podría representar procedimientos más transparentes, mayores garantías durante las requisas y mejores mecanismos de documentación de las intervenciones.
Para los miembros de la institución, puede significar una carrera más organizada, ascensos sustentados en méritos, mayor capacitación y reglas disciplinarias previsibles.
Sin embargo, una normativa más estricta también aumenta la responsabilidad de los mandos y agentes. Las decisiones operativas podrán quedar registradas mediante cámaras corporales y ser revisadas administrativa, penal o judicialmente.
El efecto real dependerá de que los cambios se apliquen en patrullas, destacamentos y unidades investigativas, y no se limiten a la reorganización de nombres, rangos y oficinas.
Reflexión final
La nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional constituye uno de los componentes jurídicos más importantes del proceso de reforma policial emprendido en República Dominicana. El proyecto incorpora herramientas relevantes para regular las requisas, documentar las intervenciones, profesionalizar la carrera y fortalecer el régimen disciplinario.
No obstante, su aprobación definitiva será apenas el comienzo. La transformación dependerá de reglamentos oportunos, presupuesto, formación, supervisión independiente y voluntad para sancionar las actuaciones ilegales sin importar el rango del responsable.
Mientras la pieza continúa su recorrido legislativo, el debate debe concentrarse no solo en lo que promete su articulado, sino en los mecanismos que permitirán comprobar su cumplimiento.
Análisis | La Voz Nacional
La experiencia dominicana demuestra que el problema policial no puede reducirse a la ausencia de normas. Durante años han existido disposiciones que reconocen la profesionalización, el respeto de los derechos y la sujeción de los agentes al poder civil. La dificultad ha estado en convertir esos principios en prácticas institucionales constantes.
La propuesta contiene avances importantes. La obligatoriedad de las cámaras corporales, la regulación de las requisas, la reorganización de la carrera y las sanciones por utilizar policías en servicios privados pueden contribuir a disminuir espacios de discrecionalidad. Pero ninguna de estas medidas funcionará sin controles técnicos y consecuencias verificables.
Una cámara apagada sin sanción es solo un equipo inutilizado. Un protocolo de uso de la fuerza sin capacitación es un documento administrativo. Una carrera basada en méritos pierde credibilidad cuando los ascensos continúan dependiendo de influencias.
El éxito de la reforma deberá medirse en la experiencia cotidiana del ciudadano: menos abusos, mejores investigaciones, mayor rapidez ante una emergencia y una relación más respetuosa entre agentes y comunidades.
La nueva ley puede proporcionar una arquitectura institucional más moderna, pero la confianza pública no se promulga. Se construye mediante actuaciones transparentes, rendición de cuentas y resultados sostenidos en el tiempo.
Autor: Wilandy
Fuentes consultadas
Esta información fue elaborada con base en información pública y documentos oficiales consultados en:
- Senado de la República Dominicana.
- Presidencia de la República Dominicana.
- Constitución de la República Dominicana.
- Policía Nacional de la República Dominicana.
- Oficina del Comisionado para la Reforma y Transformación Policial.
- Diario Libre.
- Revista Mercado.
- Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc.
Redacción La Voz Nacional
Equipo Editorial | La Voz NacionalContenido elaborado y revisado por el equipo editorial de La Voz Nacional, comprometido con informar con responsabilidad, equilibrio e interés público.
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