Senado aprueba modificación del Presupuesto 2026 por RD$40,978.3 millones y la envía a Diputados.

La iniciativa fue conocida de urgencia y aprobada con 24 votos favorables y cuatro en contra; contempla nuevas partidas, transferencias institucionales y 23 proyectos de inversión pública.

SANTO DOMINGO.— El Senado de la República aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado de 2026, mediante el cual se incrementarían las apropiaciones presupuestarias de gastos en RD$40,978.3 millones.

La iniciativa fue declarada de urgencia durante una sesión extraordinaria celebrada el miércoles 22 de julio. Tras recibir 24 votos a favor y cuatro en contra, el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar el procedimiento legislativo.

Desarrollo

Nuevas estimaciones de ingresos y gastos públicos

La reformulación establece una nueva estimación de ingresos del Gobierno Central de RD$1,383,236.5 millones.

Las erogaciones totales alcanzarían RD$1,785,004.3 millones, distribuidas en:
RD$1,663,811.7 millones correspondientes a gastos.
RD$121,192.6 millones en aplicaciones financieras.

Como resultado de estas modificaciones, el déficit financiero proyectado para el ejercicio fiscal de 2026 se situaría en RD$280,575.3 millones.

El Poder Ejecutivo plantea que los recursos adicionales sean destinados prioritariamente a instituciones relacionadas con infraestructura, producción, vivienda y protección social.

Entre las entidades mencionadas se encuentran:
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional.
Ministerio de Agricultura.
Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones.
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Ministerio de Hacienda y Economía.

Transferencias por RD$17,692.2 millones

La propuesta también contempla traspasos de apropiaciones entre capítulos institucionales por un total de RD$17,692.2 millones.

Los movimientos incluyen disminuciones netas en las partidas de Turismo, Energía y Minas y Deuda Pública, compensadas con incrementos para Salud Pública, Interior y Policía, Presidencia de la República, Defensa y otras instituciones estatales.

En el caso del Ministerio de Educación, RD$2,000 millones serían reclasificados de gastos a aplicaciones financieras dentro del mismo capítulo.

Según la explicación presentada por el Gobierno, esta operación contable no representa una reducción neta del presupuesto asignado al sistema educativo.

Disponibilidad de caja para emergencias

El proyecto permitiría utilizar RD$21,147.5 millones provenientes del balance neto de caja registrado al cierre del ejercicio fiscal de 2025.

Estos recursos quedarían disponibles para atender imprevistos, calamidades públicas, emergencias declaradas mediante decreto presidencial y otros compromisos correspondientes al periodo presupuestario vigente.

Incorporación de 23 proyectos de inversión pública

La reforma propone modificar el artículo 71 de la Ley núm. 99-25 para incorporar 23 nuevos proyectos de inversión pública.

Las iniciativas comprenden áreas como:
Agua potable.
Saneamiento básico.
Transporte masivo.
Energía.
Gestión ambiental.
Resiliencia climática.
Desarrollo territorial.
Seguridad vial.

Entre las obras contempladas figuran proyectos de agua potable y saneamiento en la región suroeste, la ampliación de la capacidad de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo y el Monorriel de Santiago.

Los proyectos contarían con el respaldo de organismos multilaterales de financiamiento, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, BCIE, la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Antecedentes

El Poder Ejecutivo depositó el proyecto ante el Senado el 21 de julio de 2026 con el propósito declarado de adaptar el presupuesto vigente a las nuevas condiciones económicas y fiscales del país.

La propuesta modifica la Ley núm. 99-25, correspondiente al Presupuesto General del Estado de 2026, y se relaciona con la entrada en vigor de la Ley núm. 30-26 sobre Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional.

Esta última legislación procura fortalecer la recaudación tributaria mediante la simplificación administrativa y la ampliación de las bases imponibles.

Contexto

El Gobierno justificó la reformulación presupuestaria alegando que la economía dominicana experimentó una desaceleración durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con los documentos oficiales, la volatilidad de los mercados internacionales y distintas perturbaciones externas incidieron sobre el comercio, la producción y las cadenas de suministro.

Frente a este escenario, las autoridades consideran que el incremento de la inversión pública puede contribuir a dinamizar la actividad económica y garantizar la continuidad de bienes y servicios públicos esenciales.

El Poder Ejecutivo también sostiene que el comportamiento de las recaudaciones y de otras variables macroeconómicas permite revisar las estimaciones utilizadas al preparar el presupuesto original.

Posiciones encontradas en el Senado

Durante el debate, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, de Fuerza del Pueblo, cuestionó que la documentación no especificara suficientemente cómo serían utilizados los recursos adicionales dentro de cada institución.

El legislador manifestó reservas sobre la distribución de las partidas entre gasto corriente e inversión de capital y consideró necesario explicar detalladamente el destino de los fondos públicos.

Por su parte, el senador Gustavo Lara, del Partido Revolucionario Moderno, defendió la iniciativa al considerar que permite transparentar los cambios en los ingresos y adecuar el presupuesto a las nuevas condiciones económicas del país.

Impacto y consecuencias

La aprobación del proyecto podría aumentar la disponibilidad de recursos para infraestructura, producción agrícola, vivienda, transporte, salud y otros servicios públicos.

Las obras relacionadas con agua potable, saneamiento, transporte masivo y energía podrían generar empleos, estimular la actividad económica y mejorar servicios fundamentales para la población.

Sin embargo, el aumento de las apropiaciones también tendrá implicaciones fiscales. El déficit financiero proyectado alcanzaría RD$280,575.3 millones, por lo que la ejecución de los recursos requerirá supervisión, transparencia y evaluación permanente.

La incorporación de financiamientos multilaterales también generará compromisos que deberán ser analizados en función de sus condiciones, plazos, tasas y efectos sobre el endeudamiento público.

Conclusión

La aprobación en el Senado representa un avance decisivo para la modificación del Presupuesto General del Estado de 2026, pero el proyecto todavía no ha completado su recorrido legislativo.

La Cámara de Diputados deberá conocer la iniciativa y decidir si la aprueba sin modificaciones, introduce enmiendas o la rechaza. Si realiza cambios, el texto deberá regresar al Senado.

Una vez aprobado en términos idénticos por ambas cámaras, corresponderá al Poder Ejecutivo promulgar y publicar la ley.

El proyecto busca utilizar la inversión pública como respuesta a la desaceleración económica, pero su efectividad dependerá del destino concreto de las partidas, la calidad del gasto y la capacidad del Estado para rendir cuentas sobre cada recurso utilizado.

Análisis | La Voz Nacional

La reformulación del Presupuesto General del Estado llega en un momento en que la economía dominicana enfrenta un menor ritmo de crecimiento y presiones originadas tanto dentro como fuera del país.

La inversión pública puede funcionar como una herramienta para estimular la actividad económica, especialmente cuando se dirige a infraestructura, transporte, agua potable, vivienda y producción. Estas áreas tienen capacidad para generar empleos y producir beneficios que permanezcan más allá del ejercicio presupuestario.

No obstante, una ampliación cercana a RD$41,000 millones requiere explicaciones detalladas. Identificar las instituciones que recibirán los recursos constituye solo un primer paso. La población también necesita saber cuáles programas serán financiados, cuánto corresponderá a gastos administrativos y qué proporción se destinará directamente a obras y servicios.

La transparencia debe abarcar igualmente los 23 proyectos de inversión pública, sus fuentes de financiamiento, cronogramas de ejecución, costos definitivos y mecanismos de supervisión.

La discusión legislativa no debería limitarse a aprobar o rechazar el incremento. El Congreso tiene la responsabilidad de examinar si cada partida responde a una necesidad comprobable y si existen indicadores que permitan evaluar los resultados.

El verdadero éxito de esta reformulación no se medirá por la cantidad de dinero incorporada al presupuesto, sino por la capacidad de convertir esos recursos en obras terminadas, servicios eficientes y mejoras verificables para la ciudadanía.

Fuentes consultadas

Presidencia de la República Dominicana⁠
Dirección General de Presupuesto⁠
Acento⁠
CDN⁠