Santo Domingo.– El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Ministerio de Interior y Policía concluir, en un plazo máximo de diez días, el proceso de naturalización ordinaria de 16 personas beneficiadas mediante decretos presidenciales, al determinar que la prolongada demora administrativa vulneró derechos fundamentales de los accionantes. La decisión quedó establecida en la sentencia TC/0473/26, emitida por la alta corte.
La sentencia revoca una decisión emitida por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) en octubre de 2023 y dispone que el Ministerio de Interior y Policía complete el procedimiento pendiente de juramentación y expedición de los documentos correspondientes, luego de comprobar que los beneficiarios ya habían sido favorecidos mediante decretos presidenciales emitidos dentro del marco del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
El TC considera que existió una demora injustificada
De acuerdo con la decisión, el Tribunal Constitucional concluyó que el retraso de varios años para completar la fase final del proceso administrativo no encontraba una justificación razonable y afectaba el derecho de los beneficiarios a recibir una respuesta efectiva por parte de la administración pública.
La alta corte determinó que, una vez emitidos los decretos presidenciales de naturalización, las autoridades competentes tienen la obligación de ejecutar los actos administrativos necesarios para hacer efectiva esa decisión, sin mantener indefinidamente suspendido el procedimiento.
En consecuencia, el TC ordenó al Ministerio de Interior y Policía concluir el proceso dentro de un plazo improrrogable de diez días a partir de la notificación de la sentencia.
¿Quiénes son los beneficiarios?
El caso involucra a 16 personas de origen haitiano, nacidas en territorio dominicano, que fueron incluidas en decretos presidenciales de naturalización ordinaria emitidos tras el proceso de evaluación realizado en el marco del Plan Nacional de Regularización.
Aunque ya habían obtenido la aprobación presidencial, los accionantes alegaron que el Ministerio de Interior y Policía nunca completó la etapa final de juramentación, requisito indispensable para que la naturalización produzca plenamente sus efectos jurídicos.
Antecedentes del caso
El conflicto judicial se originó después de que los beneficiarios acudieran a los tribunales argumentando que la administración había incumplido su deber legal de finalizar el procedimiento iniciado años atrás.
Inicialmente, el Tribunal Superior Administrativo rechazó la acción, decisión que posteriormente fue recurrida ante el Tribunal Constitucional mediante un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo.
Tras analizar el expediente, el TC concluyó que correspondía revocar el fallo del TSA y ordenar la ejecución inmediata del procedimiento pendiente.
Contexto: el Plan Nacional de Regularización
El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros fue implementado por el Estado dominicano para establecer mecanismos de registro y regularización migratoria de ciudadanos extranjeros que residían en el país sin un estatus migratorio definido.
Como parte de ese proceso, algunas personas fueron posteriormente favorecidas mediante decretos presidenciales que les otorgaban la naturalización ordinaria, una facultad contemplada en la legislación dominicana para quienes cumplen determinados requisitos legales.
Sin embargo, diversos procesos administrativos permanecieron sin concluir durante varios años, generando litigios ante los tribunales por alegadas demoras administrativas.
Alcance jurídico de la sentencia
Especialistas consultados consideran que la decisión fortalece el criterio de que la administración pública no puede mantener indefinidamente suspendidos procedimientos ya aprobados mediante actos administrativos firmes.
El fallo no crea nuevos procesos de naturalización ni modifica la política migratoria vigente. Su alcance se limita a ordenar la ejecución de decretos presidenciales previamente emitidos que aún no habían sido materializados por la autoridad administrativa correspondiente.
Desde el punto de vista constitucional, la sentencia reafirma principios como la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, el debido proceso administrativo y la obligación del Estado de ejecutar oportunamente sus propias decisiones.
Un tema de alto interés público
La decisión se produce en un momento en que el debate sobre migración, nacionalidad y regularización continúa ocupando un lugar central en la agenda pública dominicana.
Aunque el fallo se refiere exclusivamente a un grupo específico de personas favorecidas por decretos presidenciales, su publicación ha generado amplio interés debido al contexto migratorio que vive el país y a las implicaciones administrativas que podría tener para otros expedientes similares.
Juristas consultados sostienen que cada caso deberá analizarse individualmente, ya que la sentencia no establece una regularización automática para otros ciudadanos extranjeros ni modifica las disposiciones constitucionales o legales sobre nacionalidad y naturalización.
Ministerio deberá cumplir el plazo
Con esta decisión, el Ministerio de Interior y Policía queda obligado a concluir el procedimiento administrativo dentro del plazo fijado por el Tribunal Constitucional.
Hasta el cierre de esta publicación, las autoridades no habían emitido una reacción oficial sobre la sentencia ni informado las acciones que adoptarán para dar cumplimiento a la orden judicial.
La sentencia TC/0473/26 se suma a otras decisiones recientes del Tribunal Constitucional orientadas a garantizar el cumplimiento oportuno de los actos administrativos y la protección de los derechos fundamentales frente a retrasos injustificados de la administración pública.
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Redacción La Voz Nacional
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