TC reafirma que la PGR no puede negar una certificación de antecedentes penales: efectos en empleos, visas y procesos abiertos

La existencia de una investigación, una medida de coerción o un proceso penal pendiente no equivale a una condena definitiva. La Procuraduría debe certificar la situación real del solicitante y no convertir un expediente abierto en una sanción anticipada.

Por Lic. Wilandy Almonte Sarita, M.A. — Abogado | Director Editorial de La Voz Nacional

Actualizado al 31 de julio de 2026.

Santiago, República Dominicana.— La Procuraduría General de la República (PGR) no puede dejar a una persona sin certificación de antecedentes penales por el solo hecho de que figure en una investigación o tenga un proceso judicial abierto. Esa es la regla constitucional que el Tribunal Constitucional (TC) ha desarrollado y reiterado: mientras no exista una condena penal irrevocable, el expediente pendiente no puede ser presentado frente a terceros como si ya demostrara culpabilidad.

El alcance debe explicarse con cuidado. La decisión no concede a todo solicitante el derecho a recibir un documento falsamente “limpio”. Si existe una condena definitiva que legalmente permanece registrada, la certificación debe reflejar esa realidad. Lo que se prohíbe es negar el documento, incluir como antecedente una acusación todavía no juzgada o utilizar un registro temporal de investigación para imponer una consecuencia equivalente a una condena.

La precisión tiene efectos inmediatos para quienes necesitan el llamado “papel de buena conducta” al solicitar un empleo, completar un expediente migratorio, contratar con una institución o realizar otro trámite. También delimita lo que pueden hacer la PGR, los empleadores y las autoridades consulares.

Qué decidió realmente el Tribunal Constitucional

La doctrina central fue fijada en la Sentencia TC/0575/15, del 7 de diciembre de 2015, y ha sido reiterada en decisiones posteriores, entre ellas las sentencias TC/0721/23, TC/0812/23 y TC/0346/24.

El TC estableció dos reglas que deben leerse juntas:

1. Los organismos de investigación pueden conservar, en los casos permitidos por la normativa, archivos temporales o internos para fines legítimos de investigación y seguridad. Esos registros no tienen carácter público.

2. La existencia de ese archivo interno no autoriza al Ministerio Público a negar una certificación de antecedentes penales ni a tratar un proceso pendiente como una condena irrevocable.

En términos constitucionales, negar la certificación por una causa penal abierta produce una “condena anticipada”: priva al ciudadano de oportunidades laborales, migratorias o sociales sin que un tribunal haya establecido definitivamente su culpabilidad. La práctica vulnera la presunción de inocencia reconocida por el artículo 69.3 de la Constitución y puede afectar, además, el honor, la intimidad y la autodeterminación informativa protegidos por el artículo 44.2.

No se trata, por tanto, de una facultad discrecional de la PGR. El artículo 184 de la Constitución dispone que las decisiones del TC constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.

La distinción clave: proceso abierto no es antecedente penal

La discusión suele confundirse porque en el lenguaje cotidiano se usan como sinónimos “ficha”, “caso”, “proceso” y “antecedente”. Jurídicamente no significan lo mismo.

El Decreto 122-07 organiza distintos tipos de registros. Entre ellos se encuentran archivos de control o inteligencia, registros temporales vinculados a investigaciones y un registro permanente relacionado con condenas definitivas. El carácter reservado de un dato interno no permite convertirlo en información pública ni usarlo para bloquear una certificación destinada a terceros.

Una medida de coerción tampoco es una declaración de culpabilidad. Su función es asegurar determinados fines del proceso y está sujeta a control judicial. La diferencia es consistente con el análisis de La Voz Nacional sobre prisión preventiva y garantías constitucionales: restringir provisionalmente un derecho bajo los requisitos legales no convierte al imputado en condenado.

Qué cambia para quienes solicitan empleos

El efecto más directo es documental. Una persona que solo tiene una causa pendiente no debe quedar imposibilitada de entregar la certificación requerida por una empresa o una institución pública. La PGR debe expedir el documento conforme a la situación jurídica real, sin presentar el proceso abierto como antecedente penal.

Esto reduce una barrera que, en la práctica, podía producir desempleo antes del juicio. La negativa estatal colocaba al solicitante en un círculo imposible: no podía demostrar que carecía de condenas porque la misma institución encargada de certificarlo se negaba a emitir el documento.

Sin embargo, el precedente no crea un derecho automático a ser contratado. Tampoco elimina requisitos especiales establecidos por ley para determinados cargos, profesiones reguladas o funciones sensibles. Un empleador puede realizar las evaluaciones lícitas que correspondan al puesto, pero no debe confundir un proceso pendiente con una sentencia condenatoria ni pretender acceso irrestricto a archivos investigativos reservados.

La consecuencia práctica es esta: cuando el requisito consiste en presentar una certificación de antecedentes penales, la PGR no puede frustrar el trámite únicamente porque haya una investigación o un proceso sin decisión irrevocable. La selección laboral posterior continúa sometida a las normas constitucionales, laborales y sectoriales aplicables.

Qué cambia para solicitudes de visa y trámites migratorios

La decisión facilita que el ciudadano obtenga el documento dominicano exigido en numerosos expedientes de visa, residencia o naturalización. La autoridad nacional no puede impedir que la persona complete el trámite exterior mediante una negativa basada exclusivamente en un proceso abierto.

Pero el alcance territorial del fallo termina ahí. El Tribunal Constitucional dominicano vincula a los órganos del Estado dominicano; no obliga a una embajada, un consulado o una autoridad migratoria extranjera a conceder una visa. Cada país puede establecer sus propias causas de inadmisibilidad, pedir certificaciones judiciales adicionales o preguntar separadamente por arrestos, imputaciones, procesos y condenas.

Por eso, una certificación dominicana sin antecedentes no autoriza a ocultar información solicitada expresamente en un formulario consular. El solicitante debe responder con veracidad y aportar los documentos adicionales requeridos. En el sistema estadounidense, por ejemplo, el certificado policial dominicano forma parte de los documentos civiles que pueden exigirse, mientras que los registros judiciales se solicitan adicionalmente cuando corresponda.

En resumen: el precedente garantiza acceso al documento nacional correcto; no garantiza la aprobación migratoria ni sustituye las reglas del país de destino.

Qué cambia para ciudadanos con procesos penales abiertos

Para una persona investigada o imputada, la regla produce cuatro consecuencias concretas:
● Puede solicitar y recibir una certificación sin que el proceso pendiente sea transformado en antecedente penal.
● Puede exigir que sus datos personales sean tratados con calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad.
● Puede reclamar la corrección de información falsa, desactualizada o divulgada de manera ilegítima.
● Puede invocar la presunción de inocencia cuando una anotación administrativa le imponga frente a terceros los efectos de una condena inexistente.

La jurisprudencia posterior ha reforzado esa protección. En TC/0721/23, el Tribunal consideró idóneo el amparo frente a la negativa de expedir la certificación y aclaró que su emisión no interfiere con la investigación penal. En TC/0346/24 censuró que una certificación proyectara hacia el público la existencia de un proceso abierto como si fuera un antecedente, sin condena irrevocable.

Lo que la decisión no hace

El precedente no debe presentarse como una eliminación general de expedientes ni como una declaración de impunidad. En particular, no:

● archiva la investigación o extingue la acción penal;

● levanta una medida de coerción, una orden de arresto o un impedimento de salida;

● impide a las autoridades conservar registros internos legalmente justificados y reservados;

● borra automáticamente una condena definitiva;

● obliga a un empleador a contratar al solicitante;

● obliga a otro país a otorgar una visa;

● autoriza al ciudadano a omitir datos que una autoridad extranjera le pregunte de forma legítima y específica.

La certificación y el proceso penal discurren por vías distintas. Emitir el documento correcto no paraliza la persecución penal; simplemente evita que la administración castigue antes de la sentencia.

Qué hacer si la PGR niega el documento o emite un dato incorrecto

La estrategia depende de si existe una negativa, una anotación inexacta o un antecedente definitivo que debe ser actualizado. Como ruta práctica, el afectado debería:

1. Conservar el comprobante de pago, número de solicitud, correos, capturas del portal y cualquier comunicación recibida.

2. Pedir que la negativa y su fundamento sean comunicados por escrito. Si se expide una certificación incorrecta, guardar una copia íntegra.

3. Solicitar ante la PGR la actualización o rectificación de la información penal y acompañar las decisiones judiciales que demuestren el estado real del expediente.

4. Obtener, cuando sea pertinente, una certificación del tribunal competente sobre la inexistencia, archivo, extinción o situación procesal de la causa.

5. Si la lesión persiste, evaluar con asistencia jurídica una acción de hábeas data para acceder, actualizar o rectificar datos, o una acción de amparo frente a la negativa que afecte derechos fundamentales.

La prueba es decisiva. En la Sentencia TC/0028/26, el Tribunal rechazó una acción de hábeas data porque el accionante no demostró la existencia del registro denunciado ni una divulgación lesiva; en el expediente constaba, además, que había recibido una certificación sin la alegada ficha. El precedente no debilita el derecho sustantivo, pero advierte que en sede judicial no basta con afirmar la irregularidad: hay que documentarla.

Como ocurre con otras actuaciones estatales que afectan documentación personal —tema abordado por este medio al explicar por qué el TC prohíbe retener cédulas y pasaportes sin orden judicial—, la administración está sometida a legalidad, motivación y control constitucional.

Conclusión

La regla puede resumirse sin ambigüedades: una causa penal abierta no es un antecedente penal. La PGR debe emitir una certificación que refleje la situación jurídica verdadera del solicitante y no puede convertir un registro investigativo reservado en una sanción pública anticipada.

Para los empleos, esto elimina un obstáculo documental, pero no asegura la contratación. Para las visas, permite completar el expediente dominicano, pero no condiciona la decisión de otro Estado. Para quien enfrenta un proceso abierto, protege la presunción de inocencia y el control de sus datos, sin detener la investigación ni borrar registros internos legítimos.

La garantía constitucional no consiste en alterar la verdad, sino en certificarla con precisión: proceso pendiente no es condena; antecedente penal exige sentencia definitiva.

Análisis | La Voz Nacional

La importancia de esta línea jurisprudencial radica en que frena una forma silenciosa de pena anticipada. Cuando el Estado niega un certificado por una imputación todavía no decidida, la consecuencia no queda encerrada en un archivo: se traduce en pérdida de empleo, suspensión de un viaje, exclusión de un concurso o daño reputacional. La administración termina produciendo efectos que la jurisdicción penal aún no ha autorizado.

La solución del TC mantiene un equilibrio razonable. No obliga a destruir información útil para investigaciones legítimas ni impide que una condena definitiva sea certificada. Exige, en cambio, que cada dato conserve su naturaleza y su finalidad: lo reservado debe permanecer reservado; lo temporal no puede presentarse como definitivo; y lo no probado no puede operar como culpabilidad.

También impone deberes al ciudadano. Quien solicita una visa debe contestar con veracidad las preguntas del país receptor. Quien pide rectificar una ficha debe probar su existencia, su inexactitud o su uso lesivo. Y quien posee una condena definitiva no puede pretender que la presunción de inocencia reescriba una sentencia irrevocable.

El desafío pendiente es administrativo. La PGR debe procurar que sus plataformas, fiscalías y bases de datos apliquen un criterio uniforme, con respuestas escritas, mecanismos accesibles de corrección y trazabilidad de cada solicitud. Un derecho reconocido durante años por el Tribunal Constitucional no debería depender de que cada afectado interponga una acción judicial para hacerlo efectivo.
Autor: Wilandy

Fuentes consultadas

● Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0575/15

● Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0721/23

● Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0812/23

● Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0346/24

● Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0028/26

● Tribunal Constitucional, Derechos fundamentales del ciudadano ante la Administración Pública: visión del TC (2012-2022)

● Ministerio de Interior y Policía, Decreto 122-07

● PGR, Certificación de No Antecedentes Penales

● PGR, Actualización de Información Penal

● Departamento de Estado de EE. UU., documentos civiles de República Dominicana