Tribunal deja sin efecto revisión de medida de coerción contra fiscal Aurelio Valdez.
Santo Domingo, República Dominicana. La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dejó sin efecto la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al fiscal suspendido Aurelio Valdez Alcántara, quien enfrenta un proceso judicial por presuntamente solicitar y recibir un soborno de US$10,000 de un testigo vinculado al caso de corrupción relacionado con el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La decisión fue adoptada luego de que el Ministerio Público planteara que la revisión no procedía en la fecha prevista debido a que la medida de coerción fue previamente revisada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el pasado 3 de junio, lo que, conforme al párrafo III del artículo 243 del Código Procesal Penal, reinicia el cómputo del plazo para la revisión obligatoria.
El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, explicó que el tribunal acogió el planteamiento del órgano acusador y fijó una nueva revisión para el 3 de septiembre, al considerar que la legislación establece un nuevo conteo cuando la medida ha sido objeto de un recurso.
Con esta decisión, permanece vigente la prisión preventiva de tres meses que cumple Valdez Alcántara en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, medida impuesta en mayo por una jueza de instrucción especial tras rechazar diversos incidentes promovidos por la defensa.
Investigación por presunto soborno
El Ministerio Público sostiene que el fiscal, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), habría solicitado dinero a un testigo relacionado con las investigaciones del caso Senasa a cambio de favorecerlo dentro del proceso.
Según el expediente acusatorio, durante una operación de entrega controlada autorizada judicialmente, Valdez Alcántara recibió US$10,000, suma que posteriormente fue ocupada por las autoridades durante su arresto. La investigación también señala que inicialmente se habrían solicitado montos superiores antes de concretarse la entrega del dinero.
Defensa cuestiona la decisión
Los abogados del fiscal manifestaron su desacuerdo con la decisión de dejar sin efecto la audiencia de revisión, argumentando que la medida afecta los derechos procesales de su defendido y sosteniendo que el tribunal debió conocer la solicitud presentada. No obstante, la Corte entendió que la revisión obligatoria debe efectuarse conforme al nuevo cómputo derivado del recurso previamente conocido por la Suprema Corte de Justicia.
El proceso continúa en la jurisdicción especial competente, mientras el Ministerio Público mantiene la acusación por presuntas violaciones al Código Penal Dominicano y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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Redacción La Voz Nacional
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