La categoría es utilizada por la Policía para contabilizar muertes ocurridas durante intervenciones de sus agentes. Muchos de estos hechos son presentados oficialmente como presuntos intercambios de disparos, aunque esa descripción corresponde a la versión inicial de la institución y no constituye por sí sola una conclusión judicial sobre las circunstancias de cada muerte.
Los registros mensuales contabilizan 19 casos en enero, 17 en febrero, 21 en marzo, 25 en abril, 35 en mayo, 24 en junio y cuatro hasta el corte del 24 de julio. La suma de esas cifras alcanza los 145 fallecimientos señalados en el período.
Mayo concentró la mayor cantidad de casos
Mayo fue el mes con más muertes atribuidas estadísticamente a actuaciones policiales, con 35 casos registrados hasta el día 29. Esa cantidad representó aproximadamente el 34 % de los homicidios contabilizados por la institución durante el mes y cerca de una cuarta parte de todas las muertes clasificadas como “acción legal” entre enero y julio.En abril se habían registrado 25 casos, equivalentes al 29.1 % de los 86 homicidios contabilizados hasta el día 30. Para junio, el informe con corte al día 26 atribuyó 24 de 80 homicidios a la misma categoría, lo que representaba el 30 % del total del mes.
El reporte correspondiente al 24 de julio reflejó una disminución considerable: de los 75 homicidios contabilizados hasta esa fecha, cuatro fueron clasificados como “acción legal”, equivalentes al 5.3 %. Sin embargo, un solo mes y un corte todavía incompleto no permiten determinar si se trata de una reducción permanente, de una variación temporal o de cambios en los criterios de registro y comunicación.
¿Qué significa la categoría “acción legal”?
“Acción legal” es una clasificación estadística empleada por la Policía Nacional dentro de sus informes sobre homicidios. Generalmente comprende fallecimientos producidos cuando agentes intervienen en persecuciones, arrestos, allanamientos u operativos contra personas señaladas como sospechosas de hechos delictivos.En numerosos comunicados institucionales, la Policía sostiene que los fallecidos dispararon contra las patrullas y que los agentes respondieron a la agresión. También suele informar sobre órdenes de arresto, antecedentes atribuidos a los involucrados, armas presuntamente ocupadas y agentes que habrían resultado heridos.
Sin embargo, la denominación “acción legal” no determina automáticamente que el uso de la fuerza haya cumplido todos los requisitos constitucionales y legales. Tampoco permite concluir, sin una investigación, que los fallecimientos fueron ejecuciones extrajudiciales.
La legalidad de cada intervención depende de elementos como la existencia de una amenaza real, la necesidad de emplear fuerza, la proporcionalidad de la respuesta, el procesamiento de la escena, los resultados de las pruebas balísticas y forenses y la actuación investigativa del Ministerio Público.
La fuerza debe ser la última opción
La Constitución dominicana establece en su artículo 37 que el derecho a la vida es inviolable y que en el país no puede establecerse ni aplicarse la pena de muerte.La Ley Orgánica de la Policía Nacional núm. 590-16 dispone que el uso de la fuerza solo será lícito como última opción y que deberá responder a criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Por consiguiente, la existencia de antecedentes penales, denuncias u órdenes de arresto contra una persona no elimina su derecho a ser detenida y puesta a disposición de la justicia cuando sea posible.
Los principios internacionales sobre el uso de la fuerza establecen además que las armas de fuego no deben utilizarse salvo cuando resulte estrictamente necesario para proteger la vida frente a una amenaza inminente. El uso intencional de fuerza letal debe ser el último recurso disponible.
Esto significa que cada muerte ocurrida durante un operativo requiere una investigación objetiva, incluso cuando el informe preliminar indique que existió un intercambio de disparos.
El caso de Darlin Mercado aumentó los cuestionamientos
La discusión sobre las actuaciones policiales cobró mayor intensidad después de la muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, ocurrida el 3 de julio durante una intervención policial en La Cañada de Guajimía, Herrera.El Ministerio Público imputó al cabo José Francisco Moreta Heredia por haber realizado el disparo que causó la muerte del joven. Posteriormente, un tribunal impuso al agente un año de prisión preventiva y declaró complejo el proceso mientras continúan las investigaciones. La medida de coerción no constituye una sentencia definitiva ni elimina la presunción de inocencia del imputado.
La Voz Nacional informó previamente sobre la decisión judicial y las circunstancias atribuidas por el Ministerio Público al incidente. Ese caso constituye un enlace interno directamente relacionado con los cuestionamientos sobre los procedimientos y controles aplicables a las intervenciones policiales.
La muerte de Mercado generó especial preocupación porque el incidente quedó registrado parcialmente en video y la versión del Ministerio Público difiere de las explicaciones que suelen acompañar los comunicados sobre presuntos enfrentamientos.
No obstante, el caso no permite inferir que las otras 144 muertes ocurrieron bajo circunstancias similares. Cada expediente debe ser examinado individualmente y sustentado en evidencias propias.
Las estadísticas no revelan el resultado de las investigaciones
Los informes semanales permiten conocer cuántas muertes fueron clasificadas como “acción legal”, pero no detallan de forma consolidada cuántos agentes fueron investigados, suspendidos, sometidos a la justicia, descargados o sancionados disciplinariamente después de cada intervención.Tampoco presentan en un mismo documento la distribución completa de los fallecimientos por provincia, edad, unidad policial actuante, tipo de operativo, cantidad de armas ocupadas, agentes heridos, resultados de autopsias o conclusiones del Ministerio Público.
Esa ausencia limita la capacidad de la ciudadanía para comparar la versión inicial de los operativos con el resultado final de las investigaciones.
La transparencia no exige divulgar información que pueda afectar procesos penales abiertos, pero sí permitiría publicar datos estadísticos anónimos sobre la cantidad de investigaciones iniciadas, archivadas, judicializadas y concluidas.
Seguridad ciudadana y rendición de cuentas
La Policía Nacional también ha informado que la tasa acumulada de homicidios del país descendió durante 2026 y que la mayoría de los territorios mantiene indicadores de un solo dígito. Al 10 de julio, la institución situaba la tasa acumulada en 7.00 homicidios por cada 100,000 habitantes.La reducción general de los homicidios constituye un indicador relevante para evaluar las políticas de seguridad. Sin embargo, debe analizarse separadamente de las muertes producidas durante actuaciones de agentes del Estado.
Un descenso de la criminalidad no sustituye la obligación de investigar el uso de fuerza letal. Del mismo modo, la existencia de investigaciones sobre agentes no significa que todas las intervenciones policiales sean ilegales o que los policías no tengan derecho a defender su vida y la de terceros frente a agresiones reales.
El desafío institucional consiste en combatir la delincuencia sin abandonar los principios constitucionales que regulan la actuación policial.
¿Qué deben explicar las autoridades?
Los registros plantean la necesidad de que la Policía Nacional y el Ministerio Público informen cuántos de los 145 casos fueron investigados de manera independiente, qué cantidad continúa abierta y cuántos concluyeron confirmando o descartando la versión inicial de legítima defensa.También sería necesario conocer cuántas armas presuntamente utilizadas contra los agentes fueron sometidas a pruebas balísticas, cuántas escenas fueron procesadas por la Policía Científica y en qué cantidad de casos existieron videos, testigos independientes o agentes heridos.
Estos datos permitirían diferenciar intervenciones legítimas frente a amenazas reales de posibles actuaciones desproporcionadas, errores operativos o conductas penalmente relevantes.
Conclusión
Las estadísticas oficiales muestran que 145 personas murieron en hechos clasificados como “acción legal” entre enero y el 24 de julio de 2026. Mayo registró el nivel más alto, mientras que julio presentó una reducción significativa hasta la fecha del último corte disponible.La cifra no demuestra por sí sola que todas las muertes fueran ilegales, pero tampoco permite aceptar automáticamente como definitiva la versión inicial de cada operativo.
El cumplimiento de la ley requiere investigaciones individualizadas, preservación adecuada de las escenas, pruebas forenses, control del Ministerio Público y explicaciones públicas sobre el resultado de los procedimientos.
La seguridad ciudadana y el respeto al derecho a la vida no son objetivos incompatibles. Ambos constituyen obligaciones fundamentales del Estado dominicano.
Análisis | La Voz Nacional
La expresión “acción legal” puede transmitir la impresión de que la legitimidad de una muerte ya fue establecida. Sin embargo, en los informes examinados funciona como una categoría administrativa empleada desde las primeras etapas del registro policial.La legalidad definitiva no puede depender exclusivamente de la denominación utilizada por la institución cuyos agentes participaron en el hecho. Debe surgir de una investigación dirigida por el Ministerio Público, respaldada por evidencias forenses y sometida, cuando corresponda, al control de los tribunales.
El número de 145 fallecimientos es suficientemente elevado para justificar una revisión institucional, pero debe evitarse convertir la estadística en una condena colectiva contra todos los agentes policiales. Los miembros de la Policía enfrentan situaciones de riesgo, personas armadas y organizaciones delictivas capaces de responder violentamente durante arrestos y persecuciones.
Por esa razón, algunos usos de fuerza letal pueden encontrarse jurídicamente justificados. La cuestión central es determinar cuáles cumplieron los estándares de necesidad y proporcionalidad y cuáles requieren consecuencias disciplinarias o penales.
La publicación periódica de informes constituye un avance en materia de transparencia. No obstante, el modelo puede fortalecerse incorporando un seguimiento posterior de cada muerte. No basta con informar que una persona falleció, que tenía antecedentes y que se ocupó un arma; la ciudadanía también necesita conocer qué determinó la investigación meses después.
El caso de Darlin Mercado demostró la importancia de los videos, los testigos y la intervención del Ministerio Público para confrontar las versiones iniciales. También evidenció que un hecho concreto puede provocar dudas sobre otros expedientes, aunque jurídicamente no sea correcto trasladar automáticamente esas dudas a todos los casos.
La reforma policial debe medirse no solo por salarios, equipos, vehículos, entrenamientos o reducción de delitos. También debe evaluarse por la capacidad de prevenir excesos, preservar evidencias, investigar a sus propios miembros y proporcionar información verificable.
Una Policía profesional necesita autoridad para enfrentar el crimen, pero esa autoridad se fortalece —no se debilita— cuando existe rendición de cuentas. La ausencia de investigación genera desconfianza; una investigación independiente protege a las víctimas, a la sociedad y también a los agentes que actuaron legítimamente.
Fuentes consultadas
Informes semanales y mensuales de criminalidad de la Policía Nacional correspondientes a enero-julio de 2026.Ministerio Público: investigación y medida de coerción por la muerte de Darlin Mercado Reyes.
Constitución de la República Dominicana, artículo 37 sobre el derecho a la vida.
Ley Orgánica de la Policía Nacional núm. 590-16 y Reglamento sobre el Uso de la Fuerza.
Principios de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y armas de fuego.
Redacción La Voz Nacional
Equipo Editorial | La Voz NacionalContenido elaborado y revisado por el equipo editorial de La Voz Nacional, comprometido con informar con responsabilidad, equilibrio e interés público.
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