El Decreto 615-26 coloca bajo protección estratégica parques nacionales, cuencas hidrográficas, presas, embalses, manglares y otros recursos naturales. El Gobierno reforzará la coordinación militar, policial y de inteligencia, aunque la disposición no crea por sí sola un nuevo delito denominado “terrorismo medioambiental”.
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader dispuso este miércoles 2 de septiembre de 2026 que la prevención, detección, investigación y combate del denominado “terrorismo medioambiental” sea considerada de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad nacional de República Dominicana, mediante la emisión del Decreto 615-26.
La medida busca reforzar la capacidad del Estado para responder a acciones graves y deliberadas contra parques nacionales, recursos naturales e infraestructuras ambientales consideradas esenciales para la seguridad hídrica, alimentaria y energética del país.
Durante la presentación de la normativa en el Palacio Nacional, Abinader advirtió que quienes incurran en determinadas conductas contra los parques nacionales podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión, dependiendo de la calificación penal que corresponda conforme a la legislación vigente.
Parques, ríos, presas y otras áreas tendrán protección especial
El Decreto 615-26 establece un régimen de atención especial sobre recursos considerados estratégicos.Entre ellos se encuentran los sistemas de áreas protegidas, cuencas hidrográficas prioritarias, acuíferos, reservas de agua, presas, embalses, manglares, humedales, arrecifes coralinos, bosques, nacimientos de ríos, acueductos y plantas de tratamiento de agua.
La decisión parte de la premisa gubernamental de que determinados ataques contra estos recursos pueden trascender el daño ambiental tradicional y comprometer directamente aspectos fundamentales para la población, como el abastecimiento de agua, la producción agrícola y la seguridad alimentaria.
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, resumió la nueva visión gubernamental al sostener que el agua, los bosques, los parques nacionales y la biodiversidad forman parte de la seguridad nacional del país.
Gobierno apunta especialmente a incendios forestales provocados
Uno de los principales objetivos de la política será enfrentar los incendios forestales provocados deliberadamente, particularmente aquellos asociados a ocupaciones ilegales, actividades económicas ilícitas o acciones destinadas a transformar terrenos protegidos.Abinader señaló que el Gobierno ha identificado actividades ilegales detrás de numerosos incendios registrados en áreas protegidas y citó como ejemplo acontecimientos recientes en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco.
El mandatario advirtió que estas acciones no solamente destruyen árboles, flora y fauna, sino que pueden comprometer fuentes de agua y producir consecuencias para comunidades completas.
Fuerzas Armadas, Policía, Migración e inteligencia participarán
El decreto dispone una respuesta interinstitucional que supera las competencias tradicionales del Ministerio de Medio Ambiente.La política involucrará al Comité Nacional Antiterrorista, Ministerio de Defensa, Ministerio de Medio Ambiente, Policía Nacional, Dirección General de Migración y organismos de inteligencia, entre otras instituciones.
Además, las autoridades deberán desarrollar mecanismos destinados a prevenir y neutralizar amenazas contra infraestructura hídrica y energética y reforzar la vigilancia en zonas ambientalmente estratégicas.
El Ministerio de Defensa informó que el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) será reforzado con mayor personal y capacidades operativas, mientras las distintas ramas de las Fuerzas Armadas participarán en una fuerza de tarea nacional.
Agresiones serán remitidas inmediatamente al Ministerio Público
Otro punto relevante del decreto es la persecución judicial.La disposición establece que las agresiones contra el patrimonio ambiental deberán ser remitidas al Ministerio Público para determinar las responsabilidades correspondientes y ejercer la acción penal cuando proceda.
También se prevé el desarrollo de plataformas tecnológicas y mecanismos confidenciales de denuncia, con el propósito de que los ciudadanos puedan informar sobre actividades que representen amenazas para las áreas protegidas.
Abinader advierte sobre penas de 20 a 30 años
El aspecto que probablemente producirá mayor impacto público es la advertencia presidencial sobre las consecuencias penales.Abinader sostuvo que el nuevo marco penal contempla sanciones severas, incluyendo penas que pueden alcanzar entre 20 y 30 años de prisión en los supuestos aplicables.
El Gobierno afirmó que la persecución alcanzará tanto a quienes ejecuten materialmente las acciones como a quienes las ordenen, financien o promuevan, siempre que puedan establecerse las responsabilidades correspondientes conforme al debido proceso.
La advertencia, sin embargo, requiere una precisión jurídica importante.
El decreto no crea un nuevo delito llamado “terrorismo medioambiental”
El Decreto 615-26 no crea por sí mismo un nuevo tipo penal autónomo denominado “terrorismo medioambiental”.La propia normativa establece el concepto fundamentalmente para fines administrativos, preventivos y de coordinación interinstitucional, y dispone que los hechos deberán ser analizados conforme a los delitos ya existentes en el ordenamiento jurídico.
Noticias SIN recoge que el decreto especifica que no modifica ni amplía los elementos constitutivos de los ilícitos penales vigentes. Para que una conducta sea jurídicamente tratada como terrorismo deberán reunirse los requisitos establecidos por la legislación correspondiente.
Esta diferencia es esencial: no todo daño ambiental cometido dentro de un parque nacional se convierte automáticamente en terrorismo ni implica automáticamente una condena de 20 o 30 años.
La pena dependerá de los hechos, su gravedad, finalidad, participación de cada imputado y la calificación jurídica que finalmente pueda ser sustentada ante los tribunales.
El nuevo Código Penal ya forma parte del escenario jurídico
La decisión gubernamental llega después de que República Dominicana aprobara la Ley 74-25, Orgánica que instituye el nuevo Código Penal, posteriormente modificada por la Ley 44-26.La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo publicó en agosto de 2026 la versión consolidada del Código Penal con las modificaciones incorporadas.
Es dentro de este nuevo escenario penal, junto con la legislación especial aplicable al terrorismo y la protección ambiental, que deberán analizarse las consecuencias jurídicas de las conductas señaladas por el Gobierno.
Gobierno también apunta contra quienes financien los daños
Abinader advirtió que las autoridades no deberán limitarse a perseguir a las personas encontradas directamente dentro de las áreas protegidas.El Gobierno pretende investigar igualmente a determinadores, patrocinadores, financiadores o personas que contraten a terceros para ejecutar actividades ilegales.
El presidente sostuvo que las consecuencias deberán alcanzar tanto a nacionales dominicanos como a extranjeros cuando se compruebe su participación.
Contexto
Durante los últimos años, República Dominicana ha enfrentado problemas relacionados con incendios forestales, ocupaciones ilegales de terrenos protegidos, extracción irregular de materiales de los ríos y otras actividades que afectan cuencas hidrográficas y ecosistemas vulnerables.El Gobierno informó, por ejemplo, que mantiene acciones sobre las cuencas de los ríos Haina y Nizao, donde se han documentado alteraciones y extracción irregular de materiales.
Con el Decreto 615-26, el Poder Ejecutivo eleva esas amenazas desde un problema exclusivamente ambiental a una cuestión vinculada directamente con la seguridad nacional.
Impacto
El cambio más importante no consiste únicamente en anunciar sanciones mayores.La nueva política incorpora a organismos militares, policiales, migratorios, antiterroristas y de inteligencia en la protección de determinados recursos naturales, lo que representa un cambio significativo en la manera en que el Estado pretende enfrentar agresiones ambientales graves.
También será clave observar cómo el Ministerio Público y los tribunales interpretarán estas disposiciones cuando comiencen a llegar casos concretos.
Un decreto presidencial puede organizar y coordinar la respuesta administrativa del Gobierno, pero la determinación de responsabilidad penal y la imposición de penas corresponde al sistema de justicia dentro de las garantías establecidas por la Constitución y las leyes.
Conclusión
El Decreto 615-26 marca una nueva etapa en la política ambiental dominicana al declarar como asunto de seguridad nacional la prevención y persecución de acciones graves contra parques nacionales, fuentes de agua y otros recursos naturales estratégicos.La advertencia de penas de hasta 30 años de prisión aumenta considerablemente la fuerza de la medida, pero debe interpretarse dentro de su correcto alcance jurídico.
El decreto no convierte automáticamente cualquier infracción ambiental en terrorismo ni crea un delito penal nuevo. Las autoridades deberán demostrar en cada caso que los hechos reúnen los elementos de las figuras penales aplicables antes de que pueda imponerse una sanción de esa magnitud.
Análisis | La Voz Nacional
La decisión del Gobierno contiene un mensaje político y jurídico contundente: la destrucción deliberada de recursos naturales estratégicos dejará de ser tratada únicamente como un problema administrativo o ambiental.La incorporación de estructuras de defensa, inteligencia y antiterrorismo evidencia que el Poder Ejecutivo considera que determinados ataques a cuencas, parques, presas o sistemas de abastecimiento de agua pueden tener consecuencias que trascienden el daño ecológico.
Sin embargo, la efectividad de la medida dependerá de algo más que del lenguaje utilizado en el decreto.
La verdadera prueba estará en la capacidad de las autoridades para investigar correctamente, identificar a quienes financian o determinan las acciones, reunir pruebas legalmente válidas y conseguir sanciones proporcionales ante los tribunales.
También será necesario evitar una interpretación excesivamente amplia del concepto de “terrorismo medioambiental”. La precisión jurídica será indispensable para diferenciar entre una infracción ambiental ordinaria, un delito ambiental grave y una conducta que realmente reúna los elementos legales del terrorismo.
Si esa línea se mantiene clara, el Decreto 615-26 puede convertirse en una herramienta relevante para fortalecer la protección de algunos de los recursos naturales más importantes de República Dominicana sin sacrificar las garantías propias del Estado de derecho.
Fuentes consultadas
Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
Redacción La Voz Nacional
Equipo Editorial | La Voz NacionalContenido elaborado y revisado por el equipo editorial de La Voz Nacional, comprometido con informar con responsabilidad, equilibrio e interés público.
NOTICIAS RELACIONADAS
Ver másOPINIONES DE LOS LECTORES
Comparte tu opinión. Los comentarios se muestran aquí mismo debajo de la noticia.
Publicar un comentario
COMENTARIOS