NUEVA YORK.– La disputa judicial entre la Junta Central Electoral (JCE) y la empresa Latin Events, LLC entró en una nueva y delicada etapa en Estados Unidos, luego de que bienes vinculados a las operaciones del organismo electoral dominicano en Manhattan fueran objeto de embargo dentro del procedimiento para ejecutar una sentencia federal.
De acuerdo con el aviso de ejecución conocido sobre el caso, equipos, mobiliario y otros bienes podrían ser vendidos en pública subasta el 1 de octubre de 2026, si antes de esa fecha no se produce el pago o una actuación judicial que modifique el curso de la ejecución.
La suma reclamada en esta etapa asciende a aproximadamente US$982,261.88, monto que incorpora la condena original y los intereses que se han ido acumulando.
¿De dónde surge la sentencia contra la JCE?
El litigio fue conocido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, dentro del expediente Latin Events LLC v. Junta Central Electoral de la República Dominicana, núm. 1:25-cv-02830.El 21 de noviembre de 2025, el juez federal P. Kevin Castel acogió una solicitud de sentencia en rebeldía presentada por Latin Events. Posteriormente, el 26 de noviembre, fue registrada una sentencia por US$838,337.50 de principal más US$48,370.93 de intereses prejudiciales, para un total inicial de US$886,708.43, además de los intereses posteriores que continuarían generándose conforme a la legislación federal estadounidense.
La sentencia en rebeldía se produjo después de que la JCE no compareciera a presentar defensa ante ese tribunal.
Los registros judiciales indican que Latin Events presentó una constancia según la cual la demanda fue recibida el 11 de abril de 2025 por una persona identificada como “Gladys Doe” en una oficina de la institución ubicada en 1501 Broadway, Manhattan. La JCE no respondió dentro del proceso y posteriormente se produjo la declaración de rebeldía.
La JCE niega haber contraído la deuda reclamada
La posición de la Junta Central Electoral es sustancialmente diferente.El organismo reconoce que contrató determinados servicios de publicidad y logística con Latin Events, pero sostiene que estos ascendían a US$230,000 y que fueron pagados en su totalidad mediante una transferencia bancaria realizada el 21 de mayo de 2024.
La JCE asegura que posteriormente recibió facturas por servicios que afirma no haber contratado ni autorizado. Entre ellos menciona un cobro de US$600,000 más US$53,250 de impuestos por 15,000 boletos relacionados con la serie Titanes del Caribe entre Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey, celebrada en Citi Field en noviembre de 2023.
La institución sostiene, además, que no existe evidencia de que el Pleno de la JCE o su presidente aprobaran esos servicios adicionales.
La notificación es uno de los puntos centrales de la controversia
Otro de los principales argumentos planteados por la JCE se refiere a la manera en que fue notificada la demanda estadounidense.Mientras el expediente del tribunal federal recoge una constancia de entrega en la oficina de Manhattan y posteriormente permitió continuar el proceso en rebeldía, la JCE sostiene que no fue válidamente notificada en su sede de República Dominicana y que, como consecuencia, no pudo ejercer oportunamente su derecho de defensa.
La institución ha anunciado que utilizará las vías judiciales disponibles para cuestionar la obligación y defender los fondos públicos.
Este punto podría convertirse en uno de los elementos jurídicos más importantes del conflicto: determinar si la notificación efectuada en Nueva York cumplió suficientemente las exigencias aplicables al organismo público dominicano y si todavía existe alguna vía procesal capaz de afectar la ejecución de la sentencia.
En República Dominicana también existe una batalla judicial
El conflicto no se limita a Estados Unidos.El 29 de junio de 2026, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional acogió una solicitud de exequátur promovida por Latin Events para reconocer y permitir la ejecución de la sentencia estadounidense en República Dominicana.
La JCE interpuso recurso de apelación contra esa decisión el 16 de julio. Paralelamente, Latin Events intentó trabar un embargo retentivo sobre fondos de la institución en Banreservas.
El banco rechazó la inmovilización de las cuentas, apoyándose en la legislación dominicana sobre fondos públicos y en precedentes del Tribunal Constitucional, según informó posteriormente la propia JCE.
Sin embargo, ese procedimiento desarrollado en República Dominicana constituye un frente diferente de la ejecución actualmente reportada sobre bienes localizados en Nueva York.
Una eventual subasta elevaría considerablemente el conflicto
La posibilidad de que bienes utilizados por el organismo electoral dominicano sean vendidos públicamente en Manhattan representa un salto importante dentro de la controversia.
Ya no se trata únicamente de una sentencia registrada contra la institución o de una discusión sobre su reconocimiento en República Dominicana.
La controversia habría avanzado a una fase material de ejecución, en la cual determinados bienes pueden ser utilizados para procurar el cobro de la obligación reconocida judicialmente.
Si no ocurre una modificación procesal antes de la fecha anunciada, la venta pública está prevista para el 1 de octubre de 2026.
La existencia del embargo, sin embargo, no resuelve por sí misma las objeciones formuladas por la JCE ni significa que todos sus argumentos jurídicos hayan quedado definitivamente descartados. La institución mantiene públicamente que combatirá la reclamación.
Antecedentes
El conflicto se relaciona con servicios de publicidad y logística vinculados a actividades realizadas en Nueva York durante el período de la serie de béisbol Titanes del Caribe.Latin Events sostiene que existió una obligación contractual incumplida. La JCE, por el contrario, afirma que únicamente autorizó servicios por US$230,000, los cuales asegura haber pagado completamente.
La ausencia de la JCE en el procedimiento federal inicial terminó siendo determinante: el tribunal concedió una sentencia en rebeldía y reconoció inicialmente US$886,708.43 entre principal e intereses prejudiciales, además de intereses posteriores.
Con el paso del tiempo, el monto reclamado en la ejecución habría aumentado hasta los actuales US$982,261.88.
Impacto y consecuencias
El caso plantea consecuencias que superan la discusión económica.La JCE es un órgano constitucional encargado de la administración electoral y del registro civil dominicano. Una ejecución contra bienes utilizados por la institución en territorio extranjero puede tener repercusiones patrimoniales, institucionales y reputacionales.
También plantea interrogantes sobre la manera en que las instituciones públicas dominicanas celebran contratos en el exterior, reciben notificaciones judiciales internacionales y reaccionan cuando se inicia un litigio fuera del territorio nacional.
La cuestión fundamental ahora es determinar si la JCE logrará obtener alguna decisión capaz de detener o modificar la ejecución antes de la fecha anunciada para la venta.
Conclusión
La controversia entre Latin Events y la Junta Central Electoral ha dejado de ser únicamente un conflicto contractual.Existe una sentencia federal en Nueva York, una disputa sobre su notificación, un proceso de reconocimiento judicial en República Dominicana, intentos de embargo en territorio dominicano y ahora una actuación ejecutoria sobre bienes localizados en Manhattan.
La JCE niega que exista una contratación válida por los montos reclamados y mantiene su intención de combatir judicialmente la obligación.
Latin Events, por su parte, cuenta con una sentencia estadounidense favorable y continúa persiguiendo su ejecución.
El 1 de octubre se convierte así en una fecha clave, salvo que antes se produzca alguna actuación judicial que altere el curso anunciado de la venta pública.
Análisis | La Voz Nacional
El caso merece especial atención porque existen dos asuntos que no deben confundirse: si la deuda realmente fue autorizada por la JCE y si la sentencia estadounidense puede continuar siendo ejecutada.
Desde el punto de vista institucional, la explicación de la Junta es seria: un organismo público no debería quedar obligado por servicios que no hayan sido debidamente contratados y autorizados conforme a sus competencias y procedimientos internos.
Pero existe otro problema igualmente importante: esos argumentos debieron ser presentados oportunamente ante el tribunal que conocía la demanda.
La sentencia del Distrito Sur de Nueva York no surgió luego de un juicio contradictorio en el que ambas partes presentaran todas sus pruebas. Se produjo en rebeldía después de que la JCE no compareciera al proceso.
Ahí se encuentra probablemente el aspecto más delicado del caso.
La institución sostiene que nunca recibió una notificación jurídicamente válida que le permitiera defenderse. Si logra demostrarlo ante una jurisdicción competente, ese argumento podría adquirir enorme importancia. Pero mientras la sentencia permanezca vigente y ejecutable en Estados Unidos, la posición procesal de Latin Events es considerablemente más fuerte.
La ejecución contra bienes situados en Nueva York también demuestra una diferencia fundamental entre este procedimiento y el intento de embargo realizado en República Dominicana. La protección que el derecho dominicano pueda reconocer a determinados fondos públicos no necesariamente resuelve qué bienes pueden ser perseguidos bajo una sentencia estadounidense dentro del propio territorio de Estados Unidos.
Por eso sería incorrecto presentar el caso simplemente como: “La JCE debe casi un millón de dólares”. También sería incorrecto afirmar categóricamente: “La JCE no debe nada”.
Lo comprobable es que existe una sentencia federal vigente a favor de Latin Events, que la JCE cuestiona la contratación y la notificación que dieron origen a ese resultado, y que el conflicto ha llegado a una fase de ejecución sobre bienes en Nueva York.
La responsabilidad periodística exige presentar las dos dimensiones.
Fuentes consultadas
Sentencia en rebeldía del 26 de noviembre de 2025 por US$838,337.50, más US$48,370.93 de intereses prejudiciales y los intereses posteriores correspondientes.
Expediente judicial federal – Justia Dockets & Filings — Registro completo del proceso presentado por Latin Events contra la JCE ante el Distrito Sur de Nueva York, incluyendo demanda, solicitudes de sentencia en rebeldía y documentos de notificación.
Junta Central Electoral (JCE) — Comunicado oficial del 16 de julio de 2026, en el cual la institución niega haber contratado los servicios adicionales reclamados por Latin Events, afirma haber pagado US$230,000 por los servicios que sí reconoció y cuestiona la validez de la notificación realizada en Estados Unidos.
Junta Central Electoral (JCE) — Comunicado del 19 de julio de 2026 sobre el rechazo de Banreservas al intento de embargo de fondos de la institución en República Dominicana y la interposición del recurso de apelación contra la homologación de la sentencia extranjera.
Noticias SIN — Cobertura periodística de la posición de la JCE respecto de la sentencia estadounidense, los servicios reclamados por Latin Events y las acciones judiciales anunciadas por el organismo electoral.
Redacción La Voz Nacional
Equipo Editorial | La Voz NacionalContenido elaborado y revisado por el equipo editorial de La Voz Nacional, comprometido con informar con responsabilidad, equilibrio e interés público.
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