Desmantelan fábrica clandestina de alcohol adulterado vinculada a propietario ya intervenido por productos vencidos

Pro Consumidor atribuye la instalación a Randy García, propietario de Randy Comercial, quien había sido arrestado en junio tras otro operativo en San Cristóbal y posteriormente obtuvo libertad bajo fianza. 

SAN CRISTÓBAL, República Dominicana.— Las autoridades dominicanas desmantelaron una fábrica clandestina dedicada presuntamente a la elaboración, adulteración, envasado y falsificación de bebidas alcohólicas que eran comercializadas en San Cristóbal y otras zonas del país, en un caso que abre nuevas interrogantes sobre los mecanismos de vigilancia y seguimiento a estructuras previamente intervenidas.

El operativo fue realizado de manera conjunta por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y el Ministerio Público.

Pro Consumidor informó este 2 de septiembre que en la instalación fueron ocupadas decenas de miles de productos y materiales, entre ellos botellas, galones, tanques, alcohol, esencias, tapas, etiquetas, cajas y maquinarias presuntamente utilizadas para fabricar, adulterar, envasar y posteriormente distribuir las bebidas.

También fueron encontrados materiales que, según las autoridades, estaban destinados a la falsificación de marcas comerciales, lo que evidencia el nivel de organización y capacidad de producción que habría tenido la estructura.

Propietario había sido arrestado en junio

Uno de los elementos que mayor preocupación genera es el antecedente del propietario al que las autoridades atribuyen la instalación.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, identificó como propietario de la fábrica a Randy García, dueño de los establecimientos Randy Comercial.

De acuerdo con la institución, García había sido arrestado durante otra intervención realizada el pasado 8 de junio de 2026 en San Cristóbal, cuando las autoridades descubrieron un almacén donde presuntamente se modificaban de manera fraudulenta las fechas de vencimiento de productos de consumo masivo.

En aquella ocasión fueron retiradas toneladas de mercancías vencidas y productos no aptos para el consumo, además de equipos que supuestamente eran utilizados para modificar sus fechas y posteriormente reincorporarlos al mercado.

El propietario fue puesto a disposición del Ministerio Público y posteriormente obtuvo su libertad bajo fianza, según confirmó la propia institución.

Randy Comercial también había sido intervenido en mayo

La revisión de los antecedentes revela otro dato relevante.

El 11 de mayo de 2026, CECCOM informó oficialmente sobre una intervención al establecimiento Randy Comercial, también en San Cristóbal.

Durante ese operativo fueron decomisados 4,956 productos irregulares, incluyendo 1,347 bebidas alcohólicas falsificadas, valoradas entonces por las autoridades en aproximadamente RD$500,000, además de 3,609 productos comestibles vencidos o adulterados.

Esto significa que existen al menos tres intervenciones oficiales relacionadas con Randy Comercial o con su propietario durante un período aproximado de cuatro meses: mayo, junio y ahora la operación anunciada en septiembre.

No fue localizado durante el nuevo allanamiento

Pro Consumidor informó que Randy García no se encontraba en la instalación al momento del nuevo allanamiento.

Según Eddy Alcántara, los organismos de inteligencia mantienen labores para localizarlo y ponerlo nuevamente a disposición de la justicia.

La institución sostuvo que la fábrica fue identificada luego de labores de inteligencia y seguimiento desarrolladas conjuntamente por el Ministerio Público, Pro Consumidor y CECCOM.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente cuáles marcas específicas habrían sido falsificadas ni han identificado los establecimientos donde presuntamente eran comercializadas las bebidas intervenidas, de acuerdo con informaciones publicadas sobre el operativo.

Este último punto resulta especialmente importante para los consumidores, debido a que las propias autoridades aseguran que los productos no se limitaban a San Cristóbal, sino que eran distribuidos hacia otras zonas del territorio nacional.

Un problema que trasciende el allanamiento

El caso plantea una cuestión que va más allá del decomiso de mercancías.

Si un establecimiento fue intervenido en mayo por bebidas falsificadas; posteriormente, en junio, las autoridades arrestaron a su propietario tras descubrir otra operación relacionada con alimentos vencidos; y meses después se atribuye al mismo propietario una fábrica clandestina de bebidas alcohólicas, resulta legítimo preguntarse qué mecanismos de fiscalización y seguimiento funcionaron entre una intervención y otra.

La libertad bajo fianza, por sí misma, no implica una irregularidad judicial ni constituye una declaración de inocencia o culpabilidad. Toda persona sometida a un proceso mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva.

Sin embargo, el caso abre interrogantes institucionales sobre la capacidad del sistema para mantener vigilancia sobre actividades comerciales previamente intervenidas cuando existen alegaciones relacionadas con riesgos para la salud de los consumidores.

Riesgo para la salud pública

El alcohol ilícito continúa siendo un desafío para las autoridades dominicanas.

La memoria institucional de Pro Consumidor correspondiente a 2025 reporta el decomiso de 23,263 botellas de alcohol ilícito durante ese año, dentro de un total de 409,342 productos ilícitos retirados mediante diferentes operativos. 

La preocupación principal no se limita al perjuicio económico que genera la falsificación de marcas. Una bebida elaborada clandestinamente puede llegar al consumidor sin los controles necesarios sobre su composición, procedencia, concentración y condiciones sanitarias.

Por esta razón, las autoridades exhortaron a la población a adquirir bebidas alcohólicas en establecimientos formales y verificar etiquetas, sellos y demás elementos de identificación.

¿Hasta dónde llegó la distribución?

Una de las principales interrogantes pendientes es determinar el alcance que habría tenido la red de comercialización.

Las investigaciones deberán establecer hacia cuáles provincias fueron enviados los productos, qué establecimientos los recibieron, cuáles marcas pudieron ser falsificadas y durante cuánto tiempo estuvo funcionando la instalación.

También deberá determinarse si existían otros participantes en la cadena de abastecimiento, transporte y distribución.

Para el consumidor dominicano, conocer esos detalles resulta fundamental, especialmente porque la instalación disponía, según las autoridades, de etiquetas, tapas, cajas y otros elementos capaces de otorgar apariencia comercial a las bebidas falsificadas.

Conclusión

El desmantelamiento representa una actuación importante de Pro Consumidor, CECCOM y el Ministerio Público frente al comercio ilícito y los riesgos que este representa para la salud pública.

Sin embargo, los antecedentes conocidos convierten este caso en algo mayor que un nuevo operativo.

La sucesión de intervenciones relacionadas con Randy Comercial y su propietario obliga a mirar también hacia la capacidad preventiva del Estado.

Las autoridades tienen ahora el desafío no solamente de establecer responsabilidades individuales conforme al debido proceso, sino de identificar completamente la cadena de distribución, determinar hasta dónde llegaron las bebidas y explicar qué mecanismos pueden fortalecerse para evitar que operaciones previamente intervenidas vuelvan a representar un riesgo para la ciudadanía.

Análisis | La Voz Nacional

El punto más delicado de este caso no es exclusivamente la existencia de una fábrica clandestina. Es la secuencia de antecedentes.

En mayo hubo una intervención a Randy Comercial que incluyó bebidas alcohólicas falsificadas. En junio las autoridades volvieron a actuar y arrestaron al propietario tras descubrir otra operación vinculada a productos vencidos. Ahora, en septiembre, Pro Consumidor atribuye al mismo propietario una instalación de gran magnitud destinada presuntamente a producir y falsificar bebidas alcohólicas.

La Voz Nacional entiende que este historial amerita una explicación institucional más amplia.

No se trata de cuestionar automáticamente una decisión judicial ni de afirmar que existió protección o complicidad sin pruebas. Se trata de preguntar qué ocurrió después de cada intervención y cuáles mecanismos de vigilancia fueron implementados para proteger el mercado.

El consumidor necesita mucho más que enterarse de que una fábrica fue cerrada.

Necesita saber qué bebidas llegaron al mercado, dónde se vendieron, cuáles marcas fueron afectadas y si todavía existen productos en circulación.

Y, sobre todo, necesita una respuesta a una pregunta fundamental:

¿Cómo puede evitarse que una estructura comercial previamente intervenida vuelva a colocar potencialmente en riesgo la salud de la población?

Esa debe ser ahora una de las principales preguntas de la investigación.

Fuentes consultadas

Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), comunicado del 2 de septiembre de 2026. 

Pro Consumidor, intervención realizada el 8 de junio de 2026 en San Cristóbal. 

Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), intervención a Randy Comercial reportada en mayo de 2026. 

Diario Libre, cobertura y seguimiento del operativo.
Memoria Institucional 2025 de Pro Consumidor.