SANTO DOMINGO, República Dominicana.— El Gobierno dominicano enfrenta nuevas preguntas sobre transparencia y rendición de cuentas luego de que el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmara este jueves 3 de septiembre que las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República continuarán publicándose “en el momento que lo entiendan oportuno”.
La declaración surge en medio de cuestionamientos por la cantidad de informes de auditoría que permanecen fuera del acceso público, pese a haber sido elaborados por el órgano encargado del control interno del Estado.
Paliza sostuvo que las auditorías “se han ido publicando a través del tiempo” y restó dramatismo a la falta de divulgación de una mayor cantidad de documentos, destacando que el hecho relevante es que las instituciones del Gobierno estén siendo auditadas.
390 auditorías realizadas frente a 38 publicadas
El dato que ha colocado el tema bajo mayor escrutinio proviene de un levantamiento publicado por Diario Libre.Según ese medio, entre 2023 y 2025 la Contraloría realizó 390 auditorías, mientras que actualmente aparecen disponibles en su portal 38 informes correspondientes a los seis años de la administración de Luis Abinader.
De esas 38 auditorías publicadas, apenas tres corresponderían a 2026, de acuerdo con el referido levantamiento periodístico.
La magnitud de la diferencia ha generado una pregunta inevitable:
Si las auditorías ya fueron realizadas, ¿por qué el ciudadano no puede consultarlas?
La preocupación aumenta porque la propia Contraloría ha reconocido oficialmente un volumen importante de trabajos internos. Su memoria institucional de 2023 reportó 65 informes de auditoría interna, mientras que para 2024 proyectaba concluir 59 informes.
La Contraloría sostiene que la Ley 10-07 no la obliga a publicarlas automáticamente
La posición defendida por la Contraloría es que la Ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, no establece expresamente que cada informe de auditoría tenga que ser publicado automáticamente una vez concluido.Según reportó Diario Libre, la institución ha respondido solicitudes de acceso indicando que los informes deben esperar su oficialización a través del Poder Ejecutivo y que la finalidad principal de estas auditorías es permitir a las entidades corregir deficiencias detectadas.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, este punto merece una precisión.
La Ley 10-07 efectivamente regula las facultades de la Contraloría y el funcionamiento del sistema de control interno. Sin embargo, esa misma legislación establece como objetivos el manejo adecuado de los recursos públicos bajo principios de responsabilidad, transparencia, confiabilidad, legalidad y probidad.
Además, la propia norma dispone que las reservas o limitaciones a la transparencia deben ser específicas para cada clase de información y estar expresamente establecidas por ley.
El debate no termina en la Ley 10-07
La discusión jurídica tampoco puede limitarse exclusivamente a determinar si la Ley 10-07 contiene una frase que ordene publicar cada auditoría.República Dominicana cuenta también con la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, que reconoce a toda persona el derecho a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de los órganos del Estado. La ley incluye expresamente el derecho a buscar, solicitar, recibir y difundir informaciones pertenecientes a la administración pública.
Por ello, una cosa es discutir si existe una obligación de publicación automática en internet y otra diferente es determinar hasta dónde puede una institución negar o retrasar el acceso a documentos definitivos producidos con recursos públicos.
Ese es precisamente uno de los puntos centrales de la controversia.
Un compromiso anterior del Gobierno que no se completó
La situación adquiere mayor relevancia por los compromisos asumidos anteriormente por el propio Poder Ejecutivo.En 2023, el presidente Luis Abinader anunció que había ordenado publicar auditorías realizadas por la Contraloría y llegó a asegurar que más de 90 informes serían divulgados en las semanas siguientes.
Según el seguimiento publicado por Diario Libre, esa publicación masiva no se produjo y el ritmo de divulgación disminuyó posteriormente.
Esto convierte el tema en algo más que una discusión técnica sobre interpretación legal.
También plantea una interrogante política:
¿Qué ocurrió con el compromiso gubernamental de hacer públicas esas auditorías?
La administración de Abinader ha colocado reiteradamente la transparencia, el control del gasto y la rendición de cuentas entre los pilares de su discurso institucional.
Precisamente por eso, la falta de acceso a centenares de auditorías genera mayor presión para explicar por qué esos documentos no están disponibles.
Paliza: “No hay ningún elemento que deba preocupar”
Paliza defendió el trabajo de la Contraloría señalando que las auditorías tienen una finalidad preventiva y permiten fortalecer los controles internos y las buenas prácticas dentro de la administración.El ministro sostuvo además que no existe un elemento que deba preocupar y consideró positivo que actualmente se estén realizando auditorías en las instituciones públicas.
Ese argumento plantea otra discusión.
Que se realicen auditorías es indispensable para una administración moderna.
Pero la auditoría constituye solamente una parte del sistema de rendición de cuentas.
El ciudadano también necesita conocer qué encontraron los auditores, cuáles deficiencias fueron detectadas, qué instituciones fueron evaluadas, qué recomendaciones se formularon y si esas recomendaciones fueron finalmente cumplidas.
Sin acceso a esa información, la ciudadanía conoce que existe fiscalización, pero no necesariamente puede evaluar sus resultados.
Auditorías realizadas con recursos públicos
Las auditorías gubernamentales no constituyen documentos privados.Son producto de investigaciones administrativas realizadas por servidores públicos o, en determinados casos, mediante firmas contratadas con fondos del Estado.
La propia Contraloría define su misión institucional alrededor de la vigilancia del uso de los fondos públicos, la transparencia y la rendición de cuentas.
Por esa razón, el debate central no debería limitarse a determinar si una disposición específica obliga a colocar un PDF en una página web.
La discusión de fondo es si resulta compatible con los principios de transparencia que una cantidad significativa de auditorías concluidas permanezca durante años fuera del escrutinio ciudadano sin que exista una explicación individualizada sobre la razón de su reserva.
¿Puede existir información reservada?
Sí.El derecho de acceso a la información pública no es absoluto.
Determinados documentos pueden contener datos personales, aspectos vinculados a investigaciones en curso, información protegida por otras leyes o elementos cuya divulgación pueda estar temporalmente restringida.
Pero precisamente por eso la legislación dominicana establece límites.
La Ley 10-07 señala que las restricciones a la transparencia deben ser específicas y estar sustentadas legalmente, no convertirse en una reserva general sobre toda una categoría de documentos.
Por tanto, jurídicamente existe una diferencia sustancial entre decir:
“Esta parte concreta de este informe no puede publicarse por esta causa legal”.
y sostener:
“Las auditorías se publicarán cuando se considere oportuno”.
Esa diferencia está ahora en el centro del debate público.
Conclusión
La controversia sobre las auditorías de la Contraloría trasciende una disputa entre un medio de comunicación y una institución pública.Lo que está en discusión es el derecho de los ciudadanos a conocer cómo son administrados y fiscalizados los recursos que pertenecen al Estado.
Si las auditorías fueron realizadas, si utilizaron recursos públicos y si los informes son definitivos, el Gobierno tiene el desafío de explicar con claridad cuáles pueden publicarse, cuáles están legítimamente reservados y cuál es la base jurídica específica para mantener fuera del acceso público cada documento que no se divulga.
La transparencia no debería depender únicamente de determinar cuándo una institución considera “oportuno” revelar información.
También debe responder a reglas objetivas, previsibles y compatibles con el derecho ciudadano a fiscalizar a quienes administran recursos públicos.
Análisis | La Voz Nacional
Este caso presenta dos debates que no deben confundirse.El primero es estrictamente jurídico.
Puede discutirse si la Ley 10-07 contiene o no un mandato expreso que obligue a publicar automáticamente cada auditoría concluida.
Pero el ordenamiento jurídico dominicano no termina en esa ley.
También existe la Ley 200-04, que reconoce el derecho de acceso a información producida y custodiada por el Estado, y la propia Ley 10-07 coloca la transparencia y la rendición de cuentas entre los principios que deben orientar el sistema de control interno.
El segundo debate es institucional y político.
Un Gobierno que ha colocado la transparencia entre sus principales banderas tiene una carga mayor de explicación cuando centenares de auditorías realizadas no están disponibles al público.
La publicación de esos informes no debería verse como un favor al ciudadano.
Estamos hablando de documentos que permiten conocer cómo se utiliza el dinero público, qué irregularidades administrativas fueron detectadas y qué medidas se adoptaron para corregirlas.
Por eso, la pregunta de fondo no es únicamente:
¿La ley obliga expresamente a publicar cada auditoría?
La pregunta que debe responder el Gobierno es más sencilla:
Si las auditorías están hechas, ¿por qué el ciudadano no puede verlas?
Y si existe una razón legítima para mantener alguna en reserva, entonces esa razón debería poder ser explicada y sustentada de manera concreta.
Porque en materia de fondos públicos, la transparencia no solamente debe proclamarse.
Debe poder comprobarse.
Redacción La Voz Nacional
Equipo Editorial | La Voz NacionalContenido elaborado y revisado por el equipo editorial de La Voz Nacional, comprometido con informar con responsabilidad, equilibrio e interés público.
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