Leonel, Haití y la frontera: las decisiones de sus gobiernos que hoy vuelven a perseguirlo

Decreto 21-98, política migratoria, recursos dominicanos destinados a Haití y la construcción de una universidad en territorio haitiano forman parte de un expediente que merece ser revisado antes de una eventual nueva aspiración presidencial del exmandatario

SANTO DOMINGO, RD. — Mientras la Fuerza del Pueblo fortalece sus estructuras con la mirada puesta en las elecciones de 2028, las políticas aplicadas por Leonel Fernández durante sus tres períodos de gobierno vuelven a colocar sobre la mesa una pregunta particularmente sensible: ¿cuál fue el balance para República Dominicana de la política desarrollada por Fernández frente a Haití?

El cuestionamiento adquiere relevancia política porque Fernández buscó regresar a la Presidencia en 2020 y 2024 sin conseguirlo. En 2020 su candidatura obtuvo 8.90 % de los votos; cuatro años después alcanzó 28.85 %, quedando nuevamente fuera del Palacio Nacional.

Sin embargo, hay una precisión necesaria de cara a 2028: Leonel Fernández no ha sido proclamado candidato presidencial. El propio exmandatario declaró el 3 de septiembre de 2026 que la Fuerza del Pueblo todavía no ha definido su candidato y que tanto él como Omar Fernández deben esperar los plazos establecidos por la legislación electoral. Al mismo tiempo, el partido desarrolla públicamente un plan nacional de fortalecimiento con miras a los comicios de 2028.

El Decreto 21-98: una decisión que merece volver a examinarse

Uno de los episodios más importantes ocurrió el 20 de enero de 1998, cuando Fernández emitió el Decreto 21-98.

Antes de esa disposición, los extranjeros que deseaban invertir en inmuebles urbanos o rurales dominicanos debían obtener previamente autorización del Poder Ejecutivo. El decreto eliminó ese requisito alegando que constituía una traba para la inversión extranjera.

Desde entonces, en vez de necesitar autorización previa, los organismos registrales debían comunicar a Interior y Policía las adquisiciones realizadas por extranjeros dentro de los quince días posteriores.

Aquí aparece una pregunta que todavía merece respuesta: ¿fue prudente eliminar un mecanismo preventivo de control sobre la adquisición de tierras por extranjeros sin establecer simultáneamente una protección específica para las propiedades ubicadas en la frontera?

La diferencia con Haití resulta particularmente llamativa. La Constitución haitiana establece expresamente en su artículo 55-3 que ningún extranjero puede ser propietario de un inmueble que limite con la frontera terrestre haitiana.

Es decir, Haití protegía constitucionalmente su territorio fronterizo mientras República Dominicana eliminaba en 1998 la autorización previa aplicable de manera general a los extranjeros.

Eso no significa que el Decreto 21-98 haya sido creado específicamente para beneficiar a ciudadanos haitianos, porque el texto se aplicaba a extranjeros de cualquier nacionalidad. Tampoco demuestra por sí mismo que haya provocado la inmigración irregular posterior.

Pero sí permite formular una interrogante de soberanía perfectamente válida: ¿debió un país que comparte una frontera especialmente sensible haber liberalizado ese régimen sin crear primero salvaguardas territoriales específicas?

Doce años después, la propia Constitución reconoció que la frontera necesitaba protección especial

Hay una contradicción política interesante.

La Constitución promulgada durante el gobierno de Fernández en 2010 declaró de “supremo y permanente interés nacional” la seguridad y desarrollo de la zona fronteriza y ordenó que la adquisición y transferencia de propiedades en esa región quedaran sometidas a requisitos especiales que privilegien a los dominicanos y el interés nacional.

La pregunta inevitable es: si en 2010 se reconoció constitucionalmente que la frontera requería protección inmobiliaria especial, por qué esa protección no acompañó la liberalización aprobada en 1998?

Ese contraste entre ambas decisiones merece una explicación histórica más profunda.

Los acuerdos migratorios con Haití

Durante el primer gobierno de Fernández también se firmó, el 2 de diciembre de 1999, el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación entre República Dominicana y Haití.

Ese acuerdo reguló determinadas condiciones de las repatriaciones.

Quienes cuestionan aquella política pueden preguntar si las obligaciones procedimentales asumidas por República Dominicana hicieron más complejo el manejo de la inmigración irregular y, especialmente, si Haití cumplió en igual medida sus compromisos de documentación y control de sus ciudadanos.

Pero aquí tampoco conviene alterar el documento: el protocolo no eliminó el derecho dominicano a deportar personas en situación migratoria irregular. Por el contrario, Haití reconoció esa potestad del Estado dominicano.

La discusión seria, por tanto, no debería ser si República Dominicana “renunció” jurídicamente a controlar su territorio, sino si las políticas aplicadas fueron suficientemente eficaces frente a un problema migratorio que posteriormente alcanzó dimensiones mucho mayores.

Haití después del terremoto: ¿solidaridad o una responsabilidad excesiva?

El terremoto de Haití del 12 de enero de 2010 abrió otra etapa.

República Dominicana desempeñó un papel extraordinariamente activo en la asistencia humanitaria y en los esfuerzos internacionales de reconstrucción. Hospitales, Fuerzas Armadas, instituciones gubernamentales, alimentos, combustibles, infraestructura y logística dominicana fueron puestos al servicio de la emergencia.

Ayudar a una población devastada por una catástrofe constituye una decisión humanitaria defendible.

La discusión aparece cuando se pregunta hasta dónde debía llegar financieramente esa responsabilidad dominicana y dónde debía comenzar la responsabilidad de Haití y de la comunidad internacional.

Especialmente cuando República Dominicana enfrentaba —y todavía enfrenta— necesidades propias en hospitales, escuelas, universidades, vivienda, seguridad fronteriza e infraestructura.

La universidad de US$30 millones construida en Haití

Quizás ninguna obra simboliza mejor aquella política que la Universidad Henri Christophe, levantada en Limonade, Haití, y entregada personalmente por Fernández en enero de 2012.

Informaciones contemporáneas situaron la inversión alrededor de US$30 millones, aunque existieron estimaciones mayores cuando se incorporaban otras contribuciones públicas y privadas. La infraestructura incluyó decenas de aulas, laboratorios, biblioteca, instalaciones deportivas, plantas eléctricas y otros componentes.

La obra fue ejecutada por Constructora Mar, propiedad del empresario y entonces dirigente peledeísta Mícalo Bermúdez; la OISOE informó que hubo una licitación con cuatro empresas. Posteriormente, la propia OISOE solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría de la construcción.

La pregunta sobre prioridades nacionales sigue siendo legítima:

¿Debía República Dominicana financiar una universidad multimillonaria en otro país mientras importantes comunidades dominicanas reclamaban escuelas, hospitales, universidades e infraestructura?

También corresponde determinar exactamente cuánto salió del presupuesto público dominicano, cuánto aportó el sector privado y cuál fue el resultado final de las auditorías.

¿Asumió República Dominicana responsabilidades que correspondían al Estado haitiano?

Este podría ser el núcleo del debate.

Durante décadas, Haití ha padecido profundas debilidades institucionales. La discusión consiste en determinar hasta qué punto República Dominicana debe colaborar frente a esa realidad sin terminar absorbiendo responsabilidades que corresponden primordialmente al Estado haitiano y a la comunidad internacional.

Educación, salud, documentación de ciudadanos, control migratorio y desarrollo económico son funciones esenciales de cualquier Estado.

Cuando parte importante de esas necesidades termina trasladándose al lado dominicano de la isla, surge una cuestión legítima de política pública: ¿cuál debe ser el límite de la solidaridad para que no termine transformándose en una carga permanente sobre los servicios públicos y los contribuyentes dominicanos?

Pero también hay hechos que contradicen una explicación simplista

Una revisión rigurosa del historial de Fernández también obliga a mencionar decisiones que apuntan en dirección contraria.

Durante su gobierno fue promulgada la Constitución de 2010, cuyo artículo 10 fortaleció explícitamente la protección de la frontera. Y en 2011 Fernández promulgó mediante el Decreto 631-11 el Reglamento de Aplicación de la Ley General de Migración 285-04, que desarrolló mecanismos para regular entrada, permanencia y salida de extranjeros.

Por esa razón, atribuir exclusivamente a Fernández la inmigración irregular haitiana acumulada durante décadas exigiría demostrar una relación causal que los documentos examinados, por sí solos, no establecen.

De igual forma, describir jurídicamente la situación como una “invasión” es una caracterización política, no un hecho que quede demostrado por el Decreto 21-98, la construcción de la universidad o los acuerdos migratorios.

Lo que sí puede examinarse documentalmente es si algunas de esas decisiones redujeron controles preventivos, generaron costos para el Estado dominicano o establecieron prioridades que hoy pueden ser cuestionadas.

Y ahora aparece nuevamente 2028

Después de abandonar el poder en 2012, Fernández intentó regresar al Palacio Nacional en 2020 y nuevamente en 2024.

En 2020 consiguió 365,226 votos, equivalentes al 8.90 %. En 2024 aumentó considerablemente su respaldo hasta aproximadamente 1.26 millones de votos y 28.85 %, pero volvió a quedar fuera de la Presidencia.

Hoy la Fuerza del Pueblo trabaja abiertamente para las elecciones de 2028, aunque Fernández sostiene que todavía no corresponde definir formalmente quién encabezará la boleta presidencial.

Por eso, si Fernández eventualmente decide buscar nuevamente la Presidencia, no solamente tendría que presentar propuestas sobre el futuro.

También existiría espacio para que la sociedad examine su pasado y formule preguntas concretas:

¿Fue acertado eliminar en 1998 el control previo para las adquisiciones inmobiliarias de extranjeros? ¿Debió protegerse entonces de manera especial la frontera? ¿Cuánto costó realmente la política de cooperación con Haití? ¿Qué obtuvo República Dominicana a cambio? ¿Era razonable invertir decenas de millones de dólares en una universidad haitiana? ¿Se exigió suficiente corresponsabilidad a Haití y a la comunidad internacional? ¿Y qué lecciones dejaron aquellas políticas para enfrentar el actual desafío migratorio?

Esas preguntas pueden resultar incómodas, pero son precisamente las que permiten evaluar el historial de un expresidente que continúa ocupando un papel central en la política dominicana.

Conclusión

Las relaciones de los gobiernos de Leonel Fernández con Haití dejan un expediente que merece ser examinado sin consignas ni simplificaciones. Durante sus administraciones se adoptaron decisiones que redujeron controles previos sobre la adquisición de inmuebles por extranjeros, se suscribieron acuerdos migratorios con Haití y se destinaron importantes recursos materiales, institucionales y financieros a la cooperación con el vecino país. 

El Decreto 21-98, por ejemplo, eliminó la autorización previa del Poder Ejecutivo que anteriormente necesitaban los extranjeros para adquirir inmuebles, aunque mantuvo un mecanismo posterior de información al Estado.

También es un hecho que República Dominicana construyó y entregó en Haití la Universidad Henri Christophe, reportada en su momento con un costo aproximado de US$30 millones y financiada mediante aportes públicos y privados dominicanos.

Sin embargo, convertir esos hechos en la afirmación de que Fernández “preparó una invasión haitiana” requeriría demostrar una relación causal que los documentos examinados no establecen. Además, durante sus gobiernos también se produjeron decisiones en sentido contrario: la Constitución dominicana estableció requisitos especiales para las propiedades de la zona fronteriza que privilegian a los dominicanos y el interés nacional, y en 2011 Fernández promulgó el Reglamento de Aplicación de la Ley General de Migración.

Por eso, la discusión más rigurosa no consiste en atribuirle a una sola persona toda la problemática migratoria acumulada durante décadas, sino en preguntar si determinadas políticas de Fernández fueron suficientemente prudentes frente a la realidad particular de República Dominicana y Haití, cuánto costaron al Estado dominicano, cuáles beneficios produjeron para el país y qué consecuencias no fueron previstas adecuadamente.

Esas preguntas adquieren relevancia política porque Fernández continúa encabezando la Fuerza del Pueblo y esa organización trabaja de cara a las elecciones de 2028, aunque hasta septiembre de 2026 él mismo ha declarado que el partido todavía no ha definido formalmente su candidato presidencial.

Análisis | La Voz Nacional

Leonel Fernández, Haití y una política que merece rendición de cuentas

Hablar de las políticas desarrolladas por Leonel Fernández frente a Haití requiere apartarse tanto de la propaganda partidaria como de afirmaciones que no puedan sostenerse documentalmente.

Hay hechos que están ahí y que merecen ser cuestionados.

En 1998 Fernández firmó el Decreto 21-98, mediante el cual desapareció la autorización previa del Poder Ejecutivo que desde 1945 necesitaban los extranjeros para adquirir inmuebles en República Dominicana. El propio decreto justificó la medida alegando que aquel mecanismo constituía una traba a la inversión extranjera.

La pregunta que La Voz Nacional considera legítima es por qué esa liberalización no vino acompañada desde ese mismo momento de una protección especial para las tierras fronterizas.

La comparación con Haití resulta inevitable: su Constitución establece expresamente que ningún extranjero puede ser propietario de un inmueble colindante con su frontera terrestre.

Doce años después, la Constitución dominicana proclamada durante el propio gobierno de Fernández terminó disponiendo que la adquisición y transferencia de propiedades en la zona fronteriza debía sujetarse a requisitos especiales que privilegien la propiedad de los dominicanos y el interés nacional.

Esto permite plantear una pregunta incómoda: si esa protección era necesaria en 2010, ¿por qué no fue incorporada cuando se eliminó el control previo en 1998?

Está también el capítulo migratorio. República Dominicana y Haití suscribieron en 1998 un memorándum sobre asuntos migratorios y en 1999 un protocolo para regular los procedimientos de repatriación. Pero ese protocolo no eliminó la potestad dominicana de deportar: el propio Estado haitiano reconoció el legítimo derecho de República Dominicana a repatriar a sus nacionales que estuvieran irregularmente en territorio dominicano.

La crítica, por tanto, debería dirigirse hacia otro lugar: ¿funcionaron esos instrumentos?, ¿cumplió Haití efectivamente sus obligaciones de controlar las salidas irregulares y documentar a sus ciudadanos?, ¿tuvo República Dominicana suficientes mecanismos para exigir ese cumplimiento?

Y está finalmente el componente económico. Después del terremoto de 2010, República Dominicana desplegó una amplia política de cooperación con Haití cuyo símbolo más visible fue la Universidad Henri Christophe, construida en Limonade y entregada en enero de 2012. Fuentes contemporáneas situaron su costo alrededor de US$30 millones.

La solidaridad ante una tragedia humanitaria puede defenderse. Lo que también puede exigirse es transparencia sobre sus límites: ¿cuánto debía aportar República Dominicana?, ¿cuánto correspondía a la comunidad internacional?, ¿cuál fue el costo de oportunidad para las necesidades dominicanas y qué resultados concretos obtuvo el país de esa inversión?

Estas son preguntas de política pública, no respuestas predeterminadas.

Y precisamente porque Fernández continúa activo políticamente y la Fuerza del Pueblo se prepara para 2028, su gestión pasada permanece legítimamente sometida al escrutinio público. Hasta ahora, sin embargo, Fernández sostiene que su organización aún no ha definido quién será su candidato presidencial.

La soberanía no se protege con consignas; se protege revisando decisiones, midiendo consecuencias y exigiendo cuentas sobre cada política adoptada en nombre del Estado dominicano.

Fuentes consultadas

Gaceta Oficial de la República Dominicana — Decreto 21-98: texto original mediante el cual se derogó el régimen de autorización previa para adquisiciones inmobiliarias de extranjeros. 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX): Memorándum de Entendimiento para Asuntos Migratorios RD-Haití, suscrito el 19 de junio de 1998. 

 
MIREX: Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación, suscrito el 2 de diciembre de 1999. 

 
MIREX: documentación oficial que recuerda el reconocimiento haitiano del derecho dominicano a repatriar ciudadanos haitianos en situación irregular y los compromisos de Haití sobre control fronterizo y documentación. 

 
Constitución de Haití: artículos 55 al 55-4; el artículo 55-3 establece la restricción sobre propiedades de extranjeros junto a la frontera terrestre haitiana. 

 
Constitución de la República Dominicana: artículo 10 sobre seguridad y desarrollo fronterizo y régimen especial de adquisición inmobiliaria en esa zona. 

 
Dirección General de Migración: Decreto 631-11, Reglamento de Aplicación de la Ley General de Migración 285-04. 

 
Diario Libre, enero de 2012: informaciones sobre construcción, adjudicación y costo aproximado de US$30 millones de la Universidad Henri Christophe en Haití. 

 
Diario Libre, septiembre de 2026: declaraciones de Fernández indicando que Fuerza del Pueblo todavía no ha definido su candidato presidencial para 2028.