SeNaSa 2.0: ¿cobraban consultas y procedimientos que los pacientes nunca recibieron?

La Pepca atribuye a una presunta estructura integrada por empleados, exempleados, médicos y particulares 4,363 autorizaciones cuestionadas por RD$41.1 millones. El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva contra 25 imputados y advierte que la investigación podría ampliarse

SANTO DOMINGO, República Dominicana.— Una nueva fase de la investigación sobre presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) coloca bajo la lupa miles de autorizaciones médicas correspondientes a consultas especializadas y procedimientos que, según el Ministerio Público, numerosos afiliados aseguran que nunca solicitaron ni recibieron.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) atribuye a la estructura investigada 4,363 autorizaciones presuntamente fraudulentas, tramitadas entre enero de 2021 y febrero de 2025, por un monto acumulado de RD$41,125,551.02.

El dato abre una interrogante particularmente sensible para los afiliados del seguro estatal:

¿Pudieron utilizar los datos de pacientes para cobrar consultas o procedimientos médicos que estos nunca recibieron?

Datos reales de afiliados bajo investigación

De acuerdo con la documentación judicial utilizada por el Ministerio Público, las autorizaciones investigadas correspondían principalmente a cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas.

Las autoridades sostienen que para algunas de estas operaciones habrían sido utilizados datos reales de afiliados de SeNaSa, aunque posteriormente las personas entrevistadas dijeron no haber solicitado ni recibido los servicios médicos registrados a sus nombres.

Según la investigación, algunos afiliados tampoco reconocieron las firmas que aparecían en formularios utilizados para respaldar reclamaciones.

El expediente plantea que el supuesto mecanismo habría incluido acceso a información de asegurados, solicitudes de autorizaciones, elaboración de documentos relacionados con servicios médicos y posterior facturación de procedimientos que, conforme a la tesis del órgano persecutor, no se habían realizado.

Estas afirmaciones forman parte de la investigación y deberán ser debatidas y probadas ante los tribunales.

¿Cómo habría funcionado el esquema?

El Ministerio Público sostiene que personas con conocimiento de los procedimientos internos de SeNaSa habrían utilizado información verdadera de afiliados para gestionar autorizaciones.

Una de las líneas investigadas señala que se utilizaron códigos correspondientes a médicos reales para procesar determinadas solicitudes y generar posteriormente reclamaciones económicas. 

Según documentos del caso citados por medios nacionales, algunos médicos presuntamente recibían los pagos correspondientes y posteriormente entregaban un porcentaje de esos recursos a integrantes de la estructura investigada. 

Será responsabilidad del Ministerio Público demostrar individualmente la participación atribuida a cada imputado.

25 imputados y una solicitud de 525 páginas

El Ministerio Público depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional una solicitud de medida de coerción de 525 páginas contra 25 personas vinculadas con esta fase de la denominada Operación Cobra 2.0-A. 

El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva y que el expediente sea declarado de tramitación compleja.

Entre los procesados se encuentran médicos, empleados o exempleados de SeNaSa y otras personas que, según la Pepca, habrían participado de diferentes maneras en las operaciones investigadas.

Es importante precisar que la solicitud de prisión preventiva constituye una pretensión del Ministerio Público y no equivale a una condena. Los imputados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.

Audiencia será este lunes

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para este lunes 21 de septiembre de 2026, a las 2:00 de la tarde, el conocimiento de la medida de coerción contra los 25 imputados.

El tribunal deberá determinar si concurren los presupuestos legales necesarios para imponer las medidas solicitadas por el órgano persecutor y conocerá igualmente la petición para declarar el expediente complejo.

La decisión sobre la coerción tampoco establecerá culpabilidad o inocencia, sino las condiciones bajo las cuales los imputados enfrentarán la continuación del proceso.

Una investigación que podría crecer

Uno de los elementos que aumenta la importancia del caso son las declaraciones de la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, quien afirmó tras el depósito de la medida que esta nueva etapa de la investigación “apenas está comenzando”.

Ortiz explicó que hasta el momento las medidas han sido presentadas contra personas físicas, pero indicó que las investigaciones podrían ampliarse a otros involucrados o entidades dependiendo de los elementos que sean obtenidos.

Esto significa que los 25 imputados actuales no necesariamente representan el alcance definitivo de las pesquisas.

¿Cómo comenzó esta línea de investigación?

Los antecedentes publicados indican que SeNaSa presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 28 de noviembre de 2024, luego de detectar autorizaciones que posteriormente eran desconocidas por afiliados cuyos datos aparecían vinculados a ellas. 

Las operaciones investigadas abarcan solicitudes realizadas entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025, período durante el cual las autoridades contabilizan las 4,363 autorizaciones cuestionadas. 

Esta investigación constituye una línea específica dentro de las pesquisas relacionadas con posibles irregularidades cometidas contra el Seguro Nacional de Salud.

El verdadero impacto va más allá de RD$41 millones

Aunque esta línea particular de investigación cuantifica aproximadamente RD$41.1 millones, el aspecto de mayor interés público no se limita al dinero.

La investigación plantea interrogantes sobre la protección de la información médica y personal de los afiliados, los controles internos para autorizar procedimientos, la supervisión sobre los prestadores y la capacidad de detectar servicios facturados que un paciente asegura nunca haber recibido.

La pregunta deja entonces de ser exclusivamente judicial.

También pasa a ser una cuestión de confianza en el sistema:

¿Cómo puede un afiliado saber qué consultas, procedimientos y autorizaciones han sido registrados utilizando su seguro médico?

Conclusión

SeNaSa 2.0 entra este lunes en una etapa judicial determinante, pero la audiencia de medida de coerción será apenas uno de los primeros pasos de un proceso que podría extenderse.

El Ministerio Público deberá demostrar con evidencias la participación individual de cada una de las personas sometidas y sustentar las acusaciones contenidas en el expediente.

Al mismo tiempo, la magnitud de las autorizaciones investigadas obliga a mirar más allá de los nombres de los imputados.

Si se demuestra que datos reales de afiliados fueron empleados para solicitar y cobrar procedimientos que nunca recibieron, el caso expondría vulnerabilidades que deberán ser explicadas y corregidas dentro del sistema.

Las próximas actuaciones judiciales permitirán establecer hasta dónde llegó el presunto esquema y si existen otras personas o entidades vinculadas.

Análisis | La Voz Nacional

El aspecto más inquietante de SeNaSa 2.0 quizás no sea solamente que el Ministerio Público hable de 4,363 autorizaciones por más de RD$41 millones.

Lo verdaderamente preocupante es el mecanismo que describe la investigación.

Estamos hablando de afiliados reales.

Personas reales.

Datos reales.

Y servicios médicos que, según las pesquisas y testimonios recogidos por las autoridades, algunos pacientes aseguran que jamás solicitaron ni recibieron.

Eso transforma el caso.

Porque un afiliado normalmente utiliza su seguro, recibe una autorización y continúa con su vida. Pocas personas revisan constantemente qué procedimientos han sido registrados históricamente a su nombre.

Si la hipótesis del Ministerio Público logra probarse, será necesario determinar cómo pudo superar los controles internos una cantidad tan elevada de solicitudes y durante un período que se extendió por varios años.

No bastará entonces con determinar responsabilidades penales individuales.

SeNaSa deberá explicar qué controles existían, cuáles fallaron, cómo fueron detectadas las irregularidades y qué mecanismos pueden implementarse para impedir que algo semejante vuelva a ocurrir.

También existe otra pregunta que merece respuesta:

¿Puede actualmente un afiliado consultar de forma sencilla y completa todos los procedimientos, consultas y autorizaciones registrados en su historial para comprobar que realmente los recibió?

Ese mecanismo de transparencia podría convertirse en una herramienta fundamental de prevención.

La audiencia de este lunes no resolverá el caso.

Tampoco determinará todavía la culpabilidad de los imputados.

Pero las 525 páginas depositadas por el Ministerio Público muestran que esta nueva fase tiene dimensiones importantes, y las palabras de Mirna Ortiz —al señalar que la investigación apenas comienza— obligan a observar cuidadosamente lo que ocurra después.

Porque si las pesquisas se amplían, SeNaSa 2.0 podría dejar de ser solamente un expediente sobre determinados médicos, empleados o particulares para convertirse también en una evaluación profunda de los mecanismos de control de una de las instituciones más sensibles del sistema público dominicano.

Fuentes consultadas

Diario Libre — “Pepca atribuye fraude de RD$41 millones contra SeNaSa a red de empleados y médicos”
Confirma las 4,363 autorizaciones por RD$41,125,551.02, así como la participación alegada de empleados, exempleados, médicos y particulares. 

Diario Libre — “Caso SeNaSa 2.0: médicos cobraban por consultas falsas y luego repartían parte del dinero”
Detalla que afiliados afirmaron que no solicitaron ni recibieron los servicios registrados y explica el presunto mecanismo de cobro y distribución del dinero. 

Noticias SIN — “Orden judicial revela 4,363 autorizaciones médicas por más de RD$41 millones en SeNaSa”
Reporta las autorizaciones investigadas, los 37 allanamientos, testimonios de afiliados y cuestionamientos sobre firmas utilizadas en reclamaciones. 

Diario Libre — solicitud de coerción contra 25 imputados
Confirma que el Ministerio Público depositó una solicitud de 525 páginas, pidió 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso. 

Diario Libre — declaraciones de Mirna Ortiz
Recoge la declaración de la titular de la Pepca de que la investigación “apenas está comenzando” y que podría extenderse a otras personas o entidades. 

El Día — audiencia de medida de coerción
Confirma que la audiencia contra los 25 imputados fue fijada para lunes 21 de septiembre de 2026, a las 2:00 p. m. 

Redacción de Salud — antecedentes de la investigación
Señala que la línea investigativa se originó a partir de una denuncia presentada por SeNaSa el 28 de noviembre de 2024 y abarca autorizaciones entre enero de 2021 y febrero de 2025.