El presidente Luis Abinader ha establecido nuevas reglas para la utilización de la inteligencia artificial (IA) en las instituciones públicas dominicanas, mediante el Decreto núm. 787-26, del 2 de noviembre de 2026, que aprueba el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos.
La disposición busca garantizar que estas tecnologías sean utilizadas bajo principios de transparencia, protección de datos personales, no discriminación y supervisión humana. Sin embargo, también coloca sobre la mesa una interrogante de especial importancia constitucional: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en la recopilación y utilización de información sobre sus ciudadanos mediante sistemas inteligentes?
Desarrollo: los límites impuestos por el Gobierno
El nuevo Código de Ética establece reglas obligatorias para las instituciones de la Administración Pública que desarrollen, contraten, adquieran o utilicen herramientas de inteligencia artificial en la prestación de servicios y la adopción de decisiones administrativas.Entre sus principales disposiciones se encuentran la prohibición de la clasificación social generalizada de los ciudadanos, las restricciones a la vigilancia biométrica masiva en espacios públicos sin las garantías correspondientes y el impedimento de adoptar decisiones penales autónomas mediante algoritmos.
También prohíbe el perfilamiento criminal predictivo sustentado en sesgos territoriales o socioeconómicos y establece salvaguardas reforzadas para niños, niñas y adolescentes.
El decreto reconoce, además, que los ciudadanos deben poder conocer cuándo una decisión administrativa ha sido apoyada por inteligencia artificial, recibir explicaciones comprensibles y solicitar una revisión humana.
En los sistemas considerados de alto impacto, las instituciones deberán realizar evaluaciones previas sobre posibles consecuencias para los derechos fundamentales, la seguridad, la privacidad y el acceso a servicios esenciales.
Estas disposiciones representan un avance normativo, aunque su efectividad dependerá de los mecanismos de supervisión, los recursos institucionales y la aplicación real de las reglas.
¿Puede el Estado utilizar inteligencia artificial para vigilar a los dominicanos?
El debate requiere una distinción jurídica fundamental: no toda utilización estatal de tecnología para fines de seguridad constituye una violación de derechos, pero tampoco cualquier finalidad de seguridad autoriza una vigilancia ilimitada.Los sistemas de reconocimiento facial, análisis automatizado de imágenes y procesamiento de datos pueden contribuir a determinadas funciones públicas, siempre que su utilización tenga fundamento legal, una finalidad legítima y respete las garantías constitucionales aplicables.
El problema surge cuando estas herramientas permiten identificar, clasificar o seguir personas de manera desproporcionada, sin controles adecuados o fuera de los procedimientos establecidos por la ley.
El Decreto 787-26 no constituye una autorización general para espiar a la población. Por el contrario, contempla prohibiciones y restricciones frente a prácticas consideradas incompatibles con una inteligencia artificial responsable.
No obstante, su implementación deberá ser examinada cuidadosamente para impedir que las excepciones legalmente permitidas se conviertan en mecanismos de vigilancia abusiva.
La Constitución dominicana frente al poder de los algoritmos
El artículo 44 de la Constitución de la República Dominicana reconoce el derecho a la intimidad, al honor personal, a la vida privada y a la protección de los datos personales.También establece garantías sobre la inviolabilidad de las comunicaciones y reconoce el derecho de las personas a conocer la información que sobre ellas repose en registros públicos o privados, conforme a las disposiciones legales.
Por su parte, el artículo 70 contempla la acción de hábeas data, mecanismo mediante el cual una persona puede reclamar judicialmente el acceso y la rectificación de información personal en los supuestos previstos por la Constitución.
A estas garantías se suma la Ley núm. 172-13 sobre Protección de Datos Personales, que establece normas para el tratamiento de información personal y la protección de la intimidad.
Desde esta perspectiva, la modernización tecnológica del Estado no puede interpretarse como una facultad para sustituir los derechos constitucionales por decisiones automatizadas carentes de explicación o control.
Un decreto presidencial debe aplicarse dentro de los límites de la Constitución y las leyes. Por consiguiente, ninguna disposición administrativa puede justificar por sí sola actuaciones que vulneren derechos fundamentales.
¿Qué sucedería si un algoritmo perjudica a un ciudadano?
Uno de los principales desafíos de la inteligencia artificial en la Administración Pública es la posibilidad de que una decisión automatizada produzca resultados equivocados, discriminatorios o difíciles de explicar.Por ejemplo, un sistema empleado para evaluar solicitudes de asistencia social podría rechazar erróneamente a una familia debido a información incompleta o defectos en su programación.
Asimismo, un algoritmo utilizado para identificar riesgos podría reproducir prejuicios existentes en los datos utilizados para su entrenamiento.
Estos ejemplos son situaciones hipotéticas que ilustran riesgos tecnológicos conocidos; no representan denuncias comprobadas contra alguna institución dominicana.
Precisamente para enfrentar escenarios de esta naturaleza, el Código de Ética establece mecanismos de evaluación, transparencia, responsabilidad institucional y revisión humana.
La efectividad de tales mecanismos dependerá de que los ciudadanos puedan utilizarlos de manera sencilla y de que las instituciones respondan oportunamente a sus reclamaciones.
Supervisión: ¿quién controlará el uso de la inteligencia artificial?
La nueva normativa distribuye responsabilidades entre distintas instituciones gubernamentales.El Ministerio de Administración Pública (MAP) ejercerá funciones de rectoría administrativa; la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) tendrá responsabilidades de supervisión ética; y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) asumirá las funciones técnicas correspondientes.
El decreto también contempla la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, así como mecanismos de registro institucional y transparencia pública sobre los sistemas utilizados por el Estado.
Las instituciones disponen de un período transitorio de 180 días calendario, contado desde la publicación del decreto, para adecuar sus procedimientos, identificar los sistemas utilizados y establecer las responsabilidades correspondientes.
El principal desafío será garantizar que estos instrumentos funcionen como mecanismos reales de fiscalización y no se limiten al cumplimiento documental.
Antecedentes: República Dominicana avanza hacia una regulación tecnológica más amplia
El Código de Ética forma parte de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y de los esfuerzos del Estado para modernizar los servicios públicos mediante tecnologías digitales.La normativa fue desarrollada mediante un proceso participativo encabezado por la OGTIC y la DIGEIG, con aportes de representantes del sector público, la sociedad civil, la academia y otros actores.
El 6 de noviembre de 2026, el Ministerio de Administración Pública anunció que elaborará durante 2027 un Reglamento General de Inteligencia Artificial para el Sector Público.
El instrumento proyectado buscará desarrollar criterios comunes sobre gobernanza tecnológica, gestión de riesgos, transparencia, responsabilidades institucionales y protección de derechos.
Su elaboración constituye una etapa futura del proceso regulatorio, por lo que no debe confundirse con una disposición ya aprobada.
Contexto: innovación tecnológica frente a libertades individuales
La inteligencia artificial ofrece oportunidades para agilizar trámites, reducir tiempos de respuesta, optimizar servicios y mejorar la gestión de recursos públicos.Sin embargo, su aplicación también exige considerar los riesgos derivados del procesamiento masivo de información, la discriminación algorítmica, los errores automatizados y la dependencia de proveedores tecnológicos.
Para República Dominicana, el desafío consiste en aprovechar estas herramientas sin debilitar los principios constitucionales que regulan las actuaciones del poder público.
La transparencia sobre los sistemas utilizados, sus finalidades y sus responsables será esencial para fortalecer la confianza ciudadana.
Impacto para los dominicanos
La implementación del Código de Ética podría tener efectos directos en la relación entre las personas y las instituciones públicas.Los ciudadanos contarán con garantías específicas para solicitar explicaciones sobre determinadas decisiones administrativas apoyadas por inteligencia artificial y reclamar una revisión humana cuando corresponda.
Las instituciones, por su parte, deberán incorporar controles para identificar riesgos y prevenir que los sistemas automatizados generen consecuencias discriminatorias o desproporcionadas.
El verdadero alcance de estas disposiciones se podrá evaluar cuando comiencen a aplicarse los registros, las evaluaciones de impacto y los mecanismos de supervisión previstos.
Conclusión
La aprobación del Decreto 787-26 representa un paso relevante en la construcción de reglas para el uso de inteligencia artificial en los servicios públicos de República Dominicana.La regulación reconoce que la innovación tecnológica debe estar subordinada a la dignidad humana, la legalidad y la protección de los derechos fundamentales.
No obstante, aprobar normas éticas constituye únicamente el punto de partida.
El éxito de esta política dependerá de su ejecución, de la transparencia institucional y de la capacidad de los ciudadanos para cuestionar decisiones automatizadas que puedan afectar sus derechos.
El desafío no es impedir que el Estado utilice inteligencia artificial, sino garantizar que lo haga dentro de límites constitucionales verificables.
Análisis | La Voz Nacional
La inteligencia artificial debe fortalecer al Estado, no convertirlo en un vigilante de sus ciudadanos.La decisión del presidente Luis Abinader de establecer un Código de Ética para la utilización de inteligencia artificial en las instituciones públicas merece una valoración positiva en cuanto a su propósito de introducir controles sobre tecnologías capaces de influir significativamente en la vida de las personas.
Sin embargo, desde una perspectiva institucional y jurídica, resulta necesario distinguir entre las garantías escritas y su cumplimiento efectivo.
El desarrollo de sistemas inteligentes puede ampliar considerablemente las capacidades de procesamiento, análisis y utilización de información por parte del Estado. Esta realidad exige controles proporcionales al poder tecnológico disponible.
En ese sentido, consideramos que la implementación del decreto debe acompañarse de auditorías técnicas, mecanismos eficaces de reclamación, publicidad de las evaluaciones de impacto y procedimientos que permitan establecer responsabilidades cuando se produzcan actuaciones irregulares.
Asimismo, el debate nacional debe incluir la necesidad de fortalecer y actualizar el marco legislativo de protección de datos personales, considerando los avances tecnológicos que se han producido desde la aprobación de la Ley 172-13.
No se trata de afirmar que el Gobierno dominicano esté ejecutando un programa ilegal de vigilancia masiva, pues no se han presentado pruebas de tal afirmación en las fuentes consultadas para esta publicación.
La preocupación legítima consiste en prevenir que las nuevas capacidades tecnológicas puedan ser utilizadas en el futuro de forma incompatible con la Constitución.
Ninguna herramienta tecnológica, por avanzada que sea, puede estar por encima de los derechos fundamentales.
El país necesita un Estado moderno, eficiente y capaz de aprovechar la inteligencia artificial, pero también instituciones transparentes y mecanismos de control que impidan la concentración injustificada de información y poder.
La pregunta que debe orientar el debate nacional no es solamente cuánta inteligencia artificial incorporará el Gobierno a sus servicios, sino quién garantizará que esas herramientas nunca se conviertan en instrumentos de abuso.
La Voz Nacional considera que la verdadera modernización estatal no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en garantizar que su utilización fortalezca la democracia, la libertad y la confianza de los ciudadanos.
La Voz Nacional — Conectados con la Verdad.
Fuentes
Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. (4 de noviembre de 2026). Poder Ejecutivo aprueba mediante decreto Código de Ética para el uso de inteligencia artificial en los servicios públicos.Presidencia de la República Dominicana. (2 de noviembre de 2026). Decreto núm. 787-26, que aprueba el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos.
Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). (2026). Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos de la República Dominicana.
Ministerio de Administración Pública (MAP) / Presidencia de la República. (6 de noviembre de 2026). Ministerio de Administración Pública elaborará Reglamento General de Inteligencia Artificial en 2027.
Congreso Nacional de la República Dominicana. (2013). Ley núm. 172-13 sobre Protección de Datos Personales. Disponible en la Superintendencia de Bancos.
República Dominicana. (2024). Constitución de la República Dominicana, artículos 44, 69, 70 y 138. Texto constitucional vigente a la fecha de esta publicación.
OGTIC. (4 de noviembre de 2026). El Gobierno aprueba el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para garantizar un Estado digital más justo y transparente.
Redacción La Voz Nacional
Equipo Editorial | La Voz NacionalContenido elaborado y revisado por el equipo editorial de La Voz Nacional, comprometido con informar con responsabilidad, equilibrio e interés público.
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