Santo Domingo, RD. — Diversos sectores políticos, analistas y representantes de firmas encuestadoras han expresado preocupación y rechazo ante el nuevo reglamento emitido por la Junta Central Electoral (JCE) sobre el registro de empresas encuestadoras y la publicación de encuestas en materia electoral, solicitando incluso su revocación por considerar que limita derechos fundamentales y afecta la libre difusión de información durante los procesos políticos.
La disposición, publicada recientemente por la JCE, establece nuevas reglas para las firmas encuestadoras que deseen realizar y publicar estudios de opinión relacionados con temas electorales. Entre las medidas incluidas figura la obligatoriedad de registro y habilitación ante el órgano electoral, además de restricciones sobre los períodos en que pueden divulgarse encuestas vinculadas a procesos políticos.
El reglamento también contempla sanciones administrativas, suspensión de registros y hasta prohibiciones para publicar estudios fuera de los períodos oficiales de precampaña y campaña electoral, lo que ha generado debates en distintos sectores del país.
Críticos de la medida sostienen que la normativa podría interpretarse como una limitación a la libertad de expresión y al acceso ciudadano a información de interés público, especialmente en momentos previos a los procesos electorales. Asimismo, consideran que algunas disposiciones podrían exceder las facultades reglamentarias de la Junta Central Electoral.
De acuerdo con el documento oficial, las empresas encuestadoras deberán suministrar informaciones técnicas detalladas sobre cada estudio, incluyendo metodología, tamaño de muestra, margen de error, nivel de confianza y fecha de levantamiento, además de mantener actualizados sus registros ante la institución electoral.
La normativa también prohíbe la difusión de encuestas electorales fuera de los plazos legales de precampaña y campaña, estableciendo posibles sanciones económicas y administrativas para las firmas o actores políticos que incumplan dichas disposiciones.
Mientras algunos sectores defienden el reglamento alegando que busca garantizar transparencia y rigor técnico en los estudios de opinión, otros entienden que la medida debe ser revisada para evitar conflictos con principios democráticos y constitucionales relacionados con la libre circulación de ideas e informaciones.
El tema continúa generando reacciones en el escenario político nacional, mientras se espera que la JCE responda oficialmente a las solicitudes de modificación o revocación del reglamento en los próximos días.
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